Editorial 1: El canciller del yerro

La semana pasada, señalamos aquí las razones por las que el sociólogo Héctor Béjar, designado recientemente canciller por el presidente Castillo, nos parece una pésima opción para ocupar ese cargo. No solo destacamos la circunstancia de que carezca de la experiencia indispensable para encabezar un sector que, sin importar el signo del gobierno de turno, se ha conducido durante las últimas décadas con gran profesionalismo, sino también el hecho de que lleve sobre sus espaldas mochilas muy pesadas. A saber, la de haberse alzado en armas contra una administración democrática –la del arquitecto Belaunde, entre 1963 y 1968– y la de sintonizar sin pudor con las satrapías de Cuba y Venezuela. Y no olvidamos, por cierto, mencionar sus devaneos sobre posibles amnistías a Abimael Guzmán y otros terroristas.

Pues bien, ahora han salido a la luz otras declaraciones suyas, que datan de principios de este año, y que de alguna manera constituyen también un esfuerzo por encontrarle coartadas al accionar de la peor gavilla de asesinos que ha conocido nuestra historia. Ha dicho Béjar, en efecto, que, aunque no pueda demostrarlo, está convencido de que “Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia”. Un delirio que parece arrancado del discurso de la más pedestre de las izquierdas de los años sesenta y que no merecería más atención que la de una caricatura… si no fuera por sus sanguinarias implicancias y por la manera en que compromete la imagen de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para lidiar con el horror que desató en el pasado la ideología que él profesa, el señor Béjar puede fraguar en su mente todas las teorías indemostrables que le plazca, pero cuando esas tesis afectan al Estado, le corresponde al Gobierno tomar nota del problema y reaccionar con responsabilidad. No puede darse el presidente Castillo el penoso lujo de sostener en el cargo a un canciller cuyas posturas, pasadas o presentes, no suponen otra cosa que yerro tras yerro, tras yerro. Y si el Ejecutivo no se ocupa del problema, pues debería hacerlo el Legislativo.