(Foto: GEC)
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Editorial El Comercio

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Ayer, la Unidad de Investigación de este Diario publicó un destape que pone en una situación complicada al presidente Martín Vizcarra.

Antes de todo, hay que subrayar que estas nuevas revelaciones parten del relato de un aspirante a colaborador eficaz y que, en ese sentido, sus dichos deben ser debidamente corroborados antes de ser aceptados como verdaderos. Pero la misma lógica aplica para lo contrario: habida cuenta de que su proceso de colaboración con las autoridades podría venirse abajo con una sola mentira, y de que algunas de sus afirmaciones son fácilmente contrastables (montos, contratos, fechas, reuniones y demás), estas tampoco pueden ser rechazadas de saque.

Pues bien, hecha la anotación, pasemos a explicar brevemente de qué va este asunto.

El destape en cuestión se enmarca dentro de las investigaciones que viene realizando la fiscalía sobre el ‘club de la construcción’; una carpeta en la que se investiga a casi 20 empresas –entre ellas, algunas involucradas en el Caso Lava Jato– por supuestamente haberse repartido, en contubernio con funcionarios estatales, varias obras de infraestructura entre el 2011 y el 2014.

Según contó el aspirante a colaborador eficaz al fiscal Germán Juárez Atoche –a cargo de la carpeta–, en los primeros días de noviembre del 2013, Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa (una de las empresas investigadas), se reunió en Lima con el presidente Martín Vizcarra, entonces gobernador regional de Moquegua, con quien había trabajo años atrás. Por esos días, Obrainsa había presentado, en consorcio con la empresa Astaldi, una propuesta para adjudicarse la licitación de la obra Lomas de Ilo por más de S/86 millones.

En la cita –siempre según la versión del aspirante–, Vizcarra le habría dicho a Tejeda que le iba a “brindar una información privilegiada” y que era “indispensable” que presentara “una nueva propuesta que no debía exceder los S/81 millones”. A cambio de su apoyo, el hoy mandatario habría pedido un pago del 2% del valor de la obra; es decir, de poco más de S/1 millón. A fines de noviembre del 2013, el consorcio formado por Obrainsa y Astaldi ganó la buena pro y, según el testigo, entre enero y abril del 2014 Tejeda le entregó a Vizcarra, en dos armadas y en efectivo, el millón prometido.

Ahora bien, ¿qué corresponde hacer con estos indicios? La respuesta parecería obvia: seguir investigando. Y, sin embargo, algunas de las reacciones que hemos visto en las últimas horas parecen apuntar a lo contrario: que ya no se investigue porque a) todo es una patraña o b) el caso ya ha quedado absolutamente claro.

La primera corresponde al presidente. Consultado ayer por la prensa, explicó que todo se debía al reclamo que había hecho un día antes sobre el estado de las investigaciones a Odebrecht. “Cuando toco a Odebrecht, viene este tipo de titular”, afirmó. La verdad es que insistir en esa tautología mañosa que podría resumirse en la siguiente fórmula: “Como yo lucho contra la corrupción, todo el que me cuestione es corrupto” es una afrenta a la inteligencia de los peruanos. El hecho de que una autoridad luche, o diga luchar, contra la corrupción no la convierte automáticamente en intocable.

La segunda respuesta pertenece a la bancada de Unión por el Perú (UPP), cuyo vocero, José Vega, ha adelantado que hoy comenzarán a recolectar firmas para impulsar una nueva moción de vacancia contra el mandatario “por incapacidad moral permanente”. Esto, a pesar de que el caso todavía está en construcción, del poco tiempo que le queda a Vizcarra al mando del país y del efecto desestabilizador que tendría el instaurar un nuevo gobierno a meses de las elecciones y en plena crisis sanitaria. Habría que preguntarse, más bien, qué mueve a UPP a querer bajarse a un mandatario sobre la base de indicios pendientes de corroboración.

Solo las pesquisas del Ministerio Público, tanto en este momento como luego de dejar el cargo, definirán la situación del presidente.