Editorial: Los mandados de Nadine

Las versiones sobre el rol protagónico de Nadine Heredia en las postulaciones y, más tarde, el gobierno de su esposo, Ollanta Humala, fueron siempre algo más que rumores. Durante las dos campañas presidenciales en las que él participó, las cámaras la captaban con frecuencia impartiendo instrucciones y sus declaraciones políticas solían ser tanto o más determinantes que las del futuro presidente. Y con el nacionalismo ya en el poder, su permanente afán por acompañar al mandatario en ceremonias oficiales (ya fuese que tuvieran que ver con visitas protocolares a gobernantes de otros países o con la juramentación de un nuevo Gabinete) era un claro mensaje sobre la naturaleza forzadamente compartida del mando que los votos le habían confiado solo a él.

Los alabarderos de la señora trataron incluso de darle una pátina de legitimidad a lo que estaba sucediendo al usar indiscriminadamente la expresión “pareja presidencial” para referirse a la instancia más alta del gobierno, haciendo con ello caso omiso del hecho meridiano de que si bien un presidente puede estar emparejado, eso no ‘presidencializa’ a su pareja.

Por lo demás, intervenciones de la propia primera dama para anunciar ante la prensa que la compra de la refinería La Pampilla no iba o para contradecir al presidente del Consejo de Ministros –en ese momento, César Villanueva– sobre un eventual incremento del sueldo mínimo, así como la famosa sentencia “creemos que es mejor gobernar el país como familia que como una sola persona”, pronunciada en noviembre del 2013 por el entonces jefe del Estado, no dejan mucho margen para la duda.

¿Cómo acumuló tanto poder y cómo así los ministros y funcionarios sometidos a él no lo notaron o denunciaron? Esa es una pregunta cuya respuesta todas esas personas todavía nos deben.

El poder paralelo que aparentemente constituyó la ex primera dama durante la administración de su marido, sin embargo, no solo se manifestó en los asuntos que la ciudadanía tenía delante de los ojos. También daría la impresión de haber asomado a propósito de materias más reservadas que precisaban “luz verde” de su parte; y, a juzgar por información aparecida en estos días en el contexto de la investigación de la corrupción promovida por las constructoras brasileñas en nuestro país, en negociaciones delictivas.

A partir de lo señalado recientemente por la fiscal Geovana Mori y el expresidente de OAS Leo Pinheiro, en efecto, ya no hablamos solamente de la posibilidad de que ella hubiese recibido de manera personal los aportes de Odebrecht para la campaña humalista del 2011, sino de algo mucho más serio. A saber, de testimonios que la implicarían, por un lado, en el favorecimiento a esta última empresa para que obtuviese la concesión del gasoducto sur y, por otro, en la redirección de los pagos indebidos de OAS por las obras con cuya buena pro pudiera haberse beneficiado durante los años en que su esposo gobernaba.

Falta, además, conocer las identidades que se esconden tras los ‘codinomes’ con los que están registrados los receptores de coimas relacionadas con el ya mencionado gasoducto sur en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Al igual que en otras oportunidades en las que el cogobierno de facto que pudiera haber ejercido ella entre el 2011 y el 2016 empezó a crearle problemas legales, la señora Heredia y su defensa buscarán de seguro negar ahora lo que, para complacencia suya, era evidente en esos días. Pero lo que años atrás no resultó convincente para desvirtuar, por ejemplo, lo que sus célebres agendas consignaban de manera minuciosa, difícilmente tendrá efectos persuasivos en este nuevo escenario.

Las órdenes y el ejercicio ostentoso del poder dejan siempre huella, y los mandados de la señora Heredia en la época a la que estos casos nos retrotraen no tendrían por qué ser una excepción. Un asunto realmente delicado si recordamos que la fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para ella por considerarla la cabecilla de una organización criminal.
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