Cicatrices del bosque

El avance de las pistas clandestinas en la selva sugiere que –al menos en esas zonas– la guerra contra el crimen organizado no va en buen camino.
Ilustración: Giovanni Tazza

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La misión más evidente de cualquier Estado operativo es el control de su territorio. Sin embargo, el último informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, publicado ayer, que señala que las mafias del narcotráfico disponen de más de 750 pistas clandestinas en el Perú, sugiere que se está fallando en esa función básica. Según reportes de inteligencia del Ministerio de Defensa, estos espacios ilegales –que reciben aeronaves sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)– proliferan en lugares de producción de cocaína y oro ilegal.

La pasividad del Estado, además, ha permitido que la actividad se expanda. Si hace poco más de dos años había 632 pistas, hoy se cuentan 755 en 13 de las 25 regiones del país. Los destinos internacionales de la carga ilícita serían Bolivia y Brasil. Solo en el Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), el principal centro de producción de coca del Perú, se identifican 259 pistas de aterrizaje. De acuerdo con la información publicada, los criminales pueden restaurar una pista inhabilitada en cuestión de horas o días. La facilidad con la que avanzan es igual de preocupante que la extensión que han logrado.

Además de los evidentes problemas económicos y de seguridad que estos avances implican, hay una dimensión ambiental relevante. Más de 200 operaciones se realizan en zonas de amortiguamiento y en áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional El Manu y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Tambopata. Desde una visión aérea, las pistas clandestinas se ven como surcos, o cicatrices, en medio de la selva virgen. La minería de oro en esas zonas, se sabe, tiene consecuencias graves y permanentes sobre los ecosistemas más frágiles del planeta, además de traer un sinfín de perjuicios a las comunidades cercanas.

En agosto de este año, publicábamos otro informe sobre la marcha incontenible de las dragas mineras en el cauce de 13 ríos desde el 2025, sobre todo el Nanay. Y a finales de octubre reportamos la información de la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring) respecto de las pérdidas de cobertura boscosa en Tambopata. Los ejemplos siguen, y todos son parte de la misma historia: la pérdida de soberanía territorial frente al crimen organizado en zonas que deberían estar especialmente protegidas. A juzgar por la evidencia, no solo no se están logrando avances en esta guerra: se está perdiendo.

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