Su villano favorito
Mario Ghibellini
Para un Congreso que se dice fiscalizador, no hay vicio más grave que convertir sus recursos en plataforma electoral disfrazada de trabajo legislativo. Eso es, precisamente, lo que ha hecho la diputada Yenifer Paredes al frente de la Comisión de Energía y Minas. La audiencia que presidió el 28 de octubre, titulada “Por una minería para todos, por una real ley MAPE”, debía ser un espacio técnico para debatir la iniciativa que el Ejecutivo había remitido al Parlamento. Terminó convertida en un mitin.
Los hechos no admiten segundas lecturas. Ante mineros informales reunidos en un auditorio, Paredes abrió el encuentro enviando “un cordial saludo a nombre de mi padre, el presidente Pedro Castillo” y aseguró que el golpista encarcelado “sabe que estamos reunidos hoy”. Con recursos del Legislativo –el auditorio, la convocatoria, el personal y la logística que financiamos todos los peruanos– se rindió tributo a un condenado y se lo convirtió, de paso, en interlocutor de una discusión sobre la formalización minera. La captura de la comisión tiene nombre propio: la cuñada de Castillo, criada por él como una hija, a quien la fiscalía imputa organización criminal y lavado de activos, utiliza la presidencia del grupo de trabajo que Juntos por el Perú le regaló como un confesionario de lealtades familiares.
Tan grave como la propaganda es el propósito que la envuelve. Paredes y sus colegas de bancada no escucharon para legislar mejor: escucharon para sepultar la ley MAPE del Ejecutivo y reemplazarla por una de factura propia, elaborada “con nombre” a partir de las demandas de la Confemin y otros gremios de la minería informal. La propuesta del Gobierno no era perfecta, pero el camino correcto era enmendarla, no entregarles la pluma a quienes ni siquiera tienen sus concesiones en regla. Lo que asoma es un texto redactado a pedido del sector que se resiste a formalizarse, justo cuando el Reinfo vence el 31 de diciembre.
Este Diario lo advirtió temprano: la designación de Paredes jamás respondió a méritos, y su plan de trabajo original ya buscaba abrirles a los mineros informales las puertas de la comisión. La marcha atrás de setiembre fue solo para acallar críticas, puesto que con lo expuesto se confirma que era apenas cosmética.
Corresponde que la Mesa Directiva y la Comisión de Ética actúen ante un claro uso proselitista de actividades que no deberían usarse para esos fines. El Legislativo debería prohibir usar audiencias para propaganda, que la ley MAPE se discuta con criterio técnico y no con lealtades de clan, y, sobre todo, que los diputados discutan la continuidad de Paredes como presidenta de esa comisión. De lo contrario, el referido grupo de trabajo habrá dejado de pertenecer a la Cámara de Diputados para convertirse en caja de resonancia del castillismo.
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Mario Ghibellini
Gisella López Lenci
Jaime de Althaus
Redacción EC
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Editorial El Comercio
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Alexander Villarroel Zurita
Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz