La elección de Luis Villanueva Carbajal como secretario general de la CGTP puede ser una buena noticia para el país si logra concretar lo que él siempre propuso en coloquios de la construcción: escalar a nivel macro el exitoso diálogo social con resultados que viene produciéndose desde hace 22 años entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, de la que él era secretario general, y Capeco, que ha llevado no solo a acuerdos remunerativos año a año, sino a formular conjuntamente programas de desarrollo al Ministerio de Vivienda.
Escalar el diálogo social a nivel macro implicaría incorporar a la Confiep, la CGTP y otros gremios empresariales y laborales para responder a dos grandes preguntas: qué tenemos que hacer, qué reformas aprobar, para volver a crecer a tasas altas y reducir aceleradamente la pobreza, y para reducir la altísima informalidad que es la gran injusticia estructural del país. Y qué reformas tenemos que introducir en el Estado para tener buenos servicios sociales.
De hecho, en un libro recientemente publicado ellos mismos han planteado avanzar a un pacto económico social e institucional para los próximos 20 años, cuyos objetivos serían: una reforma político electoral, recuperar el crecimiento acelerado de la economía y del empleo basado en el estímulo a la inversión privada y la formalización del trabajo, la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas y un nuevo modelo para la política social del Estado.
Lo interesante es que eso coincide con los planes de reforma del gobierno, de modo que un diálogo de esta naturaleza ayudaría a consolidar los cambios. Una de las comisiones presidenciales del MEF se refiere a reformas para reducir la informalidad, y hay esfuerzos para reducir las trabas del Estado a las inversiones y para modernizar los servicios públicos. Y está en elaboración un plan de digitalización absoluta del Estado.
Es decir, la elección de Villanueva no puede haber ocurrido en mejor momento. Él ha sido protagonista durante más de 20 años de un diálogo social cuyo éxito implicó romper el paradigma de la lucha de clases para establecer una relación intensa, productiva y de confianza entre la dirigencia sindical y la empresarial, algo casi milagroso en un país desestructurado, desintegrado y desconfiado como el nuestro. Sus protagonistas descubrieron que la relación entre trabajadores y empresas no es un juego de suma cero, sino que a la larga todos ganan si se ponen de acuerdo en promover el crecimiento del sector.
Habría que estar prevenido, sin embargo, contra un riesgo: que los acuerdos entre empresarios y trabajadores encarezcan el costo de la formalidad agravando la exclusión de las mayorías. Algo de eso ha ocurrido en el sector construcción, donde solo un 14% tiene empleo formal. Los convenios establecen un nivel remunerativo y de beneficios que puede ser solventado por empresas grandes o medianas, pero no por las pequeñas. Menos por la autoconstrucción.
Por eso, los acuerdos en un diálogo macro deberían ser no sobre beneficios inmediatos, sino sobre reformas y programas que permitan ampliar la formalidad para incorporar a las mayorías y generar más empleo y mejores remuneraciones para todos.
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