Criolladas igualitarias, por Carlos Adrianzén

La discusión económica se parece a cualquier otra forma de discusión pública porque trata de temas que nos afectan o interesan a todos. Pero se diferencia porque en economía debemos probar o deducir lo que planteamos. 

No basta con plantear un objetivo; este debe ser alcanzable y deben existir instrumentos –y lógica– que permitan alcanzarlo en el período dibujado y sin afectar negativamente el bienestar general. Y es que en toda sociedad los recursos son escasos. Y –nos guste o no– hay que economizar.

Aquí, como en toda discusión, el diagnóstico es clave. Aceptar como válido uno inventado o torpe nos hundirá. Paralelamente, quienes nos cuentan que existen objetivos “sociales” –dizque más amplios– que entrarían en conflicto con objetivos “económicos” –supuestamente más estrechos– solo hacen gala de manipulación o ignorancia. Los objetivos económicos son siempre sociales. Toda sociedad se desenvuelve enfrentando restricciones culturales, demográficas, económicas, etc. Plantear un diagnóstico que omita cualquiera de estas restricciones (o no plantea nada efectivo para removerlas) nos lleva al error. Ergo, ignorar restricciones económicas elementales –aun buscando objetivos sociales atractivos– implica la definición académica más ajustada de populismo y de un camino seguro al fracaso. 

Tengámoslo en claro: toda acción del gobierno que enfoca un plano social (etiquetado en la esfera económica o no) y lo que no respeta restricciones económicas relevantes no es una política social. Solo es otra manifestación de demagogia maquillada. 

Cuando el gobernante de turno carece de la visión o capacidad para liderar, usualmente este nos refiere a supuestas prioridades sociales. Esta ha sido una práctica política de frondosa y variopinta vigencia en América Latina. En nuestro pasado reciente, gobernantes fracasados como Perón, Castro, Velasco, Allende o García I envolvieron sus proverbiales incapacidades de gobierno con la búsqueda de objetivos sociales (léase: económicamente inalcanzables, pero extremadamente populares). El corolario de esta búsqueda de objetivos sociales ilusos es siempre la desgracia económica. Y nótelo: buscando redistribuir con torpeza, no solo hundieron sus economías sino que profundizaron las desigualdades en ambientes de alta corrupción y mercantilismo.

No debemos sorprendernos cuando leemos que el presidente Humala hace pocas semanas sostenía que lo suyo es combatir la desigualdad (y que el crecimiento no le sirve) o a la presidenta Bachelet –a modo de seguidora– cuando repite que la prioridad de su gobierno será combatir la desigualdad en Chile. Erradicar la pobreza (ergo, crecer a ritmos elevados –no solo flotando a tasas mediocres, dependientes de lo externo–) es algo muy difícil. Requiere liderazgos y capacidades de gobierno que son muy escasos en la región. 

Al final, lo de combatir prioritariamente la desigualdad termina dibujando, pues, solo otra criollada. 

El mismo plato que ofrecieron Allende o Velasco. Y –como toda la vida– este es adornado con lo que la gente quiere escuchar: que somos ricos y que nuestros problemas se resuelven solamente redistribuyendo el ingreso.