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La desgracia agraria, por Carlos Adrianzén

Antes de la reforma agraria el Perú no era un dechado de virtudes, pero lo que vino después fue el descalabro.

Carlos Adrianzén Decano de la Facultad de Economía de la UPC

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En una entrevista publicada en este Diario, la candidata al Congreso por el Frente Amplio, Marisa Glave, al ser preguntada por la reforma agraria aplicada por la dictadura militar, respondió que aquella fue “un acto de justicia”. Y agregó: “Hay que leer los libros de historia y recordar cómo era el Perú antes. Había personas que estaban en una situación de servidumbre, casi esclavitud”. 

Ante la pregunta sobre las décadas de atraso, corrupción, empobrecimiento y descapitalización rural que despertó la reforma velasquista, Glave retrucó que esta “debió acompañarse [...] de asistencia técnica”. Respuesta propia de un jardín de infantes y que obviamente puede satisfacer a algunos.

En esta columna le agradecemos la candidez. La gente está en proceso de elegir y sería bueno que ponderemos la validez o ridiculez de lo que algunos pueden repetir.

Debo señalar que no es inteligente evitar que la gente tenga las ideas que le dé la gana. Si así desea Glave, que abrace el dogma de que la propiedad agraria era un robo establecido y la única causa de todos los males (incluidas la servidumbre y la esclavitud). 

Es bueno también reconocer que la historia global es implacable con las naciones que irrespetan los derechos de propiedad. El solo riesgo de expropiación reduce el crecimiento de una nación.

En nuestro caso, la reforma agraria enfoca una severa y destructiva desgracia económica. Como evidencia de ello, a fines de la década de 1990 nos quedaron implacables el atraso y deterioro tecnológico del sector agrario; su mediocre desempeño posterior a 1969; el desbande de la pobreza de las zonas rurales y el abrumador volumen de recursos desperdiciados en subsidios crediticios y pliegos de asistencia técnica a empresas de propiedad social y cooperativas que se convirtieron en escandalosos bulines de corrupción.

El resultado más relevante fue la decadencia del agro peruano y su legado de pobreza rural. Una prueba es la evolución de nuestro nivel de desarrollo relativo. En la década de 1960, los peruanos teníamos un producto por persona cercano al promedio latinoamericano (un 13% del PBI per cápita estadounidense) y, a fines de la década de 1990, cuando los frutos del falso acto de justicia aludido por Glave habían madurado, era cercano al 5%. 

Sí, la reforma fue una desgracia. Y más para los más pobres que vivían en zonas rurales. Empobreció a la gente, enriqueció a burócratas corruptos y no fracasó por falta de asistencia técnica sino por la sandez económica de los regímenes izquierdistas y mercantilistas que nos gobernaron y sus controles, barreras comerciales, subsidios crediticios a nunca pagar e irrespeto a la propiedad privada.

Y dos perlitas finales. 

Primera: el Perú antes de la reforma agraria no era un dechado de virtudes. Se cometieron severos errores de política económica. Lo que vino después fue la prostitución de esto. La reforma que Glave defiende tácitamente solo nos empobreció más. No impartió ninguna justicia. 

Segunda: las expropiaciones de la reforma agraria nos dejaron ya el longevo ‘default’ selectivo de la deuda agraria que hoy servimos de la peor manera: sin final anticipado y pagando tres puntos más que Chile por emitir deuda soberana. 

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