Extorsión de guante blanco, por Franco Giuffra

Qué perdido anda el Partido Popular Cristiano (PPC). Después de ser una fuerza importante en el gobierno de Lima, se ha reducido a tener un solitario regidor metropolitano y un puñado de alcaldes distritales. Un partido con demasiada historia para tan poco presente. La época en que se le atribuía ser el bastión de la economía de mercado y las libertades individuales pasó para siempre hace muchísimos años.

A esa confusión de idearios está contribuyendo aplicadamente la nueva administración pepecista de San Isidro. En menos de 30 días al frente de ese distrito, ha conseguido echarse encima a varias importantes empresas constructoras que han quedado atrapadas en el conflicto territorial con Magdalena. Nada esencialmente distinto de los arrebatos que vemos en algunos gobiernos regionales, que llegan con el sable desenvainado para ahuyentar la inversión privada.

Las constructoras no siempre tienen la mejor fama. Se les reprocha la congestión que causan y, a algunas que son tramposas, las maneras poco santas que tienen de conseguir favores municipales. Pero todas tienen derechos que corresponde respetar. 

Una porción crucial de esos derechos son las licencias que en su momento obtuvieron rectamente para construir en la zona disputada entre Magdalena y San Isidro. Hay varias concedidas por Magdalena, al amparo de certificados de jurisdicción registrados en la Sunarp y con todas las de la ley. En virtud de ellas, se están edificando obras de envergadura que implican inversiones enormes que aportan al crecimiento económico y dan empleo.

Pero en el fragor de su disputa con su enemigo jurado, San Isidro perdió la brújula la semana pasada. Notificó primero a las empresas constructoras diciéndoles que no tenían licencia de su distrito y acto seguido montó una operación simultánea y de escala militar para clausurar todas las construcciones. Serenos, camionetas, perros y varas se desplegaron en 24 horas para capturar las obras. Una operación de fuerzas especiales como si se tratara de capturar bandas delincuenciales.

Algún juez tendrá que dilucidar el asunto pronto, porque esas obras son propiedades privadas a las que desde entonces se prohíbe el acceso. Se habla de que han retenido contra su voluntad a guardianes y operarios. Ni siquiera los dueños pueden ingresar, y los trabajadores y contratistas no pueden sacar sus herramientas. Mismo Cajamarca.

Las reacciones no se han hecho esperar. La primera ha sido, obviamente, la sensación de frustración y atropello que suelen experimentar cotidianamente los empresarios, acosados por el Estado y sus representantes. La segunda, cómo no, la desesperación por las pérdidas diarias en las que se está incurriendo por trabajos paralizados, planillas que se deben seguir pagando y contratistas que reclaman lucros cesantes.

Pero lo más ingrato ha venido en la forma de las “soluciones” que informalmente estaría proponiendo San Isidro a las empresas afectadas: una vía rápida para que obtengan una nueva licencia municipal en su jurisdicción, el respeto a sus proyectos tal como los presentaron a Magdalena y su incorporación como contribuyentes a los registros sanisidrinos. Más su correspondiente beso en la mejilla de inspiración siciliana.

¿Ha hecho San Isidro todo esto al amparo de alguna resolución judicial o administrativa de instancia superior, recientemente emitida, que haya puesto fin al litigio territorial? No, lo ha hecho empujado por la avidez desbordada de sus nuevas autoridades pepecistas, a quienes al parecer les han chismeado que los guantes blancos son el último alarido de la moda veraniega.