Fuera de control, por Fernando Rospigliosi

El miércoles en Surquillo un individuo de antecedentes dudosos que conducía un automóvil Lamborghini, que vale cientos de miles de dólares, fue asesinado por sicarios equipados con armas automáticas, de uso militar o policial. En el Centro de Lima, hace pocos días las bandas de extorsionadores que disputan violentamente el cobro de cupos a choferes y obras de construcción civil hirieron a dos niños en uno de sus enfrentamientos a balazos.
Esta semana, en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, sicarios dispararon contra un local del partido de Yehude Simon donde se realizaba un evento e hirieron de gravedad a un trabajador de construcción civil. (El Comercio, 25/4/14)

Precisamente el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE emitieron hace poco un inusual comunicado conjunto en el que recuerdan que “en diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión” y advierten que “en el contexto del actual proceso electoral regional y municipal estos repudiables hechos podrían incrementarse”.
Los organismos electorales se refieren al crimen organizado, narcotráfico, sicariato y extorsión que están amenazando la vida democrática del país.

El presidente de la República, el ministro del Interior y el director de la policía no han dicho una sola palabra respecto a estos sucesos u otros parecidos que ya son parte del paisaje cotidiano en el Perú. Los tres sí se apresuraron a dar la gran noticia de la captura de varios ancianos dirigentes del Movadef, que no habían cometido ningún atentado terrorista ni estaban planeando realizarlo, con la intención de ganar algunos puntos de popularidad.

Lo más preocupante es que el gobierno, como casi todos los políticos, no está comprendiendo la gravedad de la situación ni muestra interés alguno en resolverla. Solo hacen declaraciones efectistas que puedan atraer los votos de los ciudadanos, preocupados o desesperados ante el deterioro de la seguridad y la corrupción desenfrenada e impune.
Un ejemplo típico de esa demagogia es la del ex presidente Alan García, en cuyo segundo gobierno creció ostensiblemente la tasa de homicidios y se generalizaron fenómenos como las extorsiones. 

García –como después hizo Ollanta Humala– quiso ganar puntos con el tema y empezó a dar conferencias de prensa junto con el ministro del Interior y el director de la policía desde Palacio de Gobierno. Pero cuando se dio cuenta de que los resultados eran nulos, abandonó un problema que no podía ni quería resolver y pasó a otros asuntos (Humala lo imitó, y pronto dejó de presidir las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en Palacio).

Ahora García hace propuestas demagógicas con vistas a las próximas elecciones: pena de muerte para violadores de niños y sicarios –a sabiendas de que en el Perú no se puede reimplantar la pena de muerte–, y promete que si nuevamente es presidente hará un “shock de seguridad” los primeros seis meses de su gobierno. Parecido seguramente al “shock de inversiones” que realizó en su anterior mandato y que resultó un fracaso completo, por improvisado y mal hecho, como él mismo tuvo que admitir en enero del 2007.
El presidente Humala tenía como principal atractivo electoral en el 2011 su supuesta capacidad para combatir la delincuencia. En sus casi tres años de gobierno ha demostrado una total incompetencia en este asunto. 

Como bien señaló un reciente artículo de la prestigiosa revista británica “The Economist”, “en materia de seguridad, el presidente prefiere trabajar a través de amigos del Ejército, una mala idea cuando es necesaria una reforma radical de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial” Peor aun, agrega: “El problema es que el propio presidente ha fallado en proveer al gobierno de un liderazgo político”.

En síntesis, si algunos pensaban que la economía podía seguir creciendo mientras que la política se deterioraba, deberían revaluar esa idea porque, como concluye “The Economist”, esas líneas están convergiendo. El alarmante y sostenido deterioro de la seguridad es una muestra de la ineptitud del gobierno y los políticos para enfrentar un problema gravísimo, que está socavando las bases mismas de la democracia.