El fugaz beso de una pareja de mujeres en la película “” de Disney ha puesto inquietos a muchos conservadores en todo el mundo. La escena ha supuesto que la cinta sea censurada en territorios de mayoría musulmana, como los Emiratos Árabes Unidos, Malasia e Indonesia, por ejemplo. En otros países, donde el estado tiene menos que decir sobre lo que se proyecta en los cines, algunas salas decidieron colocar advertencias junto a la publicidad que se le hace al largometraje, como una en Oklahoma que incluso prometía adelantar esa parte durante el espectáculo.

En nuestro país, ocurrió algo parecido, con una advertencia publicada –y luego retirada– por la cadena de cines Cineplanet junto a la sinopsis del filme que le lanzó un guiño a grupos ultraconservadores: “Contiene escenas con ideología de género”. Una inequívoca alusión al cajón de sastre en el que la derecha conservadora amontona todo lo relacionado a las personas LGBT y a la igualdad de género, con una dosis de teoría de conspiración sobre una “homosexualización” mundial de niños. Un recurso, además, con el que las discusiones sobre los derechos de este grupo ciudadano pretenden ser reducidas a “ideología” y que suele ser complementado con interpretaciones “científicas” más cercanas al creacionismo que a la verdadera evidencia.

Las críticas llevaron a que Cineplanet retirase el mentado ‘disclaimer’, pero el papelón duró lo suficiente como para darle ideas a los parlamentarios más conservadores y agitar sus pulsiones intervencionistas.

El congresista de Renovación Popular, , por ejemplo, anunció en su cuenta de Twitter un proyecto de ley para convertir un traspiés como el que nos ocupa en regulación oficial: “A propósito de Cineplanet, reconocemos la importancia de que los padres conozcan el contenido sexual que sus hijos recibirán en salas de cine, independientemente de la opinión que tengan al respecto. Por ello preparo PL para que los cines proporcionen información oportunamente”.

El hecho de que el “contenido sexual” que motiva la propuesta de Muñante sea el pico de aniversario de una pareja de dibujos animados da pistas sobre lo arbitraria que podría llegar a ser la medida.

¿Qué ente se encargaría de establecer cuándo un cine deba hacer una advertencia y cómo estaría fraseada? ¿El proyecto crearía una especie de veeduría que calificaría las películas, así como hoy son las mismas distribuidoras las que determinan qué es apto para todos y qué no? ¿Qué criterios usaría este organismo para hacer su trabajo? Si un cine considera que la regulación es caprichosa y no la cumple, ¿habría una sanción?

A juzgar por el tuit del parlamentario (y por una columna que escribió para “Expreso”) lo que él buscaría sería un organismo que detecte y denuncie indicios de lo que él llama “ideología de género” en las películas. Pero un criterio tan amorfo, arbitrario y tan empleado para acumular prejuicios pacatos contra una porción de la ciudadanía, desembocaría sin duda en un proceso impredecible y, por ende, perjudicial para la libertad de empresa y expresión. Esto, porque se le estaría dando a un burócrata, y a sus escrúpulos personales, la posibilidad de imponer avisos para disuadir al público de comprar un producto artístico. Y con lo que sabemos sobre la visión del mundo de los que hablan de la “ideología de género”, cualquier largometraje que transgreda los parámetros de la Santa Inquisición estaría en peligro.

“Pero los padres tienen derecho a saber qué ven sus hijos”, dirá el señor Muñante, y es cierto. Pero los mecanismos para advertir sobre contenido violento y sexualmente explícito ya existen y cualquiera puede investigar sobre una película por Internet y filtrarla acorde con sus convicciones o prejuicios. Regulaciones adicionales, en fin, no tienen sentido, en especial cuando estas estarían basadas en una muy angosta visión del mundo.

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