¿Lasactuales sancionesson suficientemente severas para los violadores sexuales?

La captura de César Alva Mendoza, acusado de ultrajar y asesinar a una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho (y confeso autor de los crímenes), abrió nuevamente el debate: ¿son las actuales sanciones penales lo suficientemente severas para los violadores sexuales?

A partir del 2006, se incluyó en el Código Penal la cadena perpetua para quienes agredan sexualmente a menores de 10 años, pero este tipo de condena no ha sido disuasivo. El actual Congreso ha planteado diversas propuestas para endurecer las penas a violadores sexuales. Solo entre julio del 2016 y enero pasado, se presentaron al menos 15 proyectos de ley sobre el tema, y algunos están pendientes de debate.

—Aumento de penas—
El Código Penal vigente establece que el delito de violación sexual contra mayores de edad tiene una pena de entre 6 y 8 años de cárcel. Si el agresor utiliza un arma, es pariente o tiene algún rango de autoridad sobre la víctima, la sanción puede llegar a 18 años. Si hubiese otro agravante, la pena variará a discreción del juez.

De las 15 iniciativas legislativas planteadas, cinco proponen aumentar
la pena privativa de la libertad para los violadores sexuales, a través de la modificación de los artículos 170 al 176 del código.

En esa línea, Fuerza Popular planteó que la pena alcance los 25 años de cárcel (proyecto N° 2165-2017), al igual que la bancada de Nuevo Perú (N° 2070-2017) cuando exista un agravante.

Peruanos por el Kambio propuso que la prisión sea de hasta 35 años (N° 1037-2016) si el agresor es docente o auxiliar del colegio de la
víctima o si tiene condición de “líder religioso o de alguna organización religiosa o espiritual”.

Luis Lamas Puccio, abogado experto en derecho penal, explicó que el incremento de penas no tiene sustento técnico. “Aumentar la carcelería de 15 a 20 o 30 años es un sinsentido, ya que no tiene ningún efecto disuasivo.

Además, no se tiene definido el impacto que tendría esa medida en la capacidad penitenciaria del país”, dijo.

—La imprescriptibilidad—
Otros seis proyectos de ley buscan que el delito de violación sexual no prescriba, es decir, que no se extinga cuando haya transcurrido cierto tiempo. Según el Código Penal, si el delito tiene pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por ley.

Algunas bancadas proponen la modificación de los artículos 80 al 82 del Código Penal, referidos a este beneficio. Por ejemplo, Acción
Popular planteó que, en el artículo 80, se especifi que que “los delitos de violación de la libertad sexual” sean imprescriptibles (N° 11164-2016).

Para Mario Amoretti, abogado penalista, sería redundante explicitar la imprescriptibilidad de este delito, ya que eso implicaría que el Estado no puede juzgar a un acusado de violación en un período muy largo. “Por ejemplo, un sujeto que ha abusado de un menor de 14 años recibiría 35 años. Tienen que pasar 35 años para que el delito prescriba”, dijo el especialista.

—La pena de muerte—
Dos iniciativas presentadas por Fuerza Popular buscan la modificación del artículo 140 de la Constitución para que se aplique la pena de muerte en caso de violación sexual de menores de 7 años de edad. Estas han sido derivadas a la Comisión de Constitución.

El lunes, el presidente del Poder Judicial dijo que era inviable aprobar este tipo de normas porque el Perú tendría que abandonar la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ayer, el ministro de Defensa, Drago Kisic, dijo a TV Perú que estaba de acuerdo con esa condena.

—Debate en comisión—
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Salvador Heresi, dijo el lunes a El Comercio que el próximo martes 13 su grupo de trabajo realizará una sesión extraordinaria para legislar sobre violación sexual.

La comisión ya cuenta con un predictamen que plantea un texto sustitutorio, el cual recoge los planteamientos de 5 de los 15 proyectos de ley revisados por El Comercio sobre la inhabilitación definitiva
para los sentenciados por violación sexual, el aumento de penas (de 8 a 11 años si la víctima es mayor de edad), entre otros aspectos.

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