Álvarez: 8 meses más para investigar irregularidades en obras

El ex gobernador de Áncash, César Álvarez Aguilar, seguirá siendo investigado 8 meses más por la supuesta comisión del delito de malversación de fondos en agravio del Estado.

Esta tarde, el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Eudosio Escalante Arroyo, admitió el pedido de la Fiscalía Anticorrupción del Santa para continuar con la investigación preparatoria en contra de la autoridad y cuatro ex funcionarios de la Subregión Pacífico del Gobierno Regional de Áncash, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, Juan Carlos Gallo Zegarra, Zena Zelmar Chávez Quispe y Luis Martin Ortecho Carbajal.

El fiscal anticorrupción Miguel Muñoz Villanueva, a cargo del caso, sostuvo que Álvarez y los imputados habrían ejecutado tres obras, avaluadas en más de 13 millones de soles entre los años 2011 y 2013, sin contar con presupuesto. Además, se habrían desviado fondos de estas obras para culminar otras.

Se trata del centro de salud Magdalena Nueva, en Chimbote, el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la U.P. Bellamar sector IV, primera y segunda etapa, y el  mejoramiento de la institución educativa Villa María, en Nuevo Chimbote, avaluadas en S/ 2. 998. 000, S/ 9.422.058 y S/ 1. 662.056, respectivamente.

Muñoz Villanueva indicó que durante este tiempo, que empezará a contabilizarse desde el 5 de setiembre del corriente al 5 de mayo del 2017, se elaborará una pericia contable a las obras para determinar si hubo irregularidades. Así como recabar información y tomar algunas declaraciones.

“La fiscalía presume que el dinero destinado para la ejecución de estas obras se habría sacado para revestir otras. Se tiene que demostrar si hubo afectación del servicio y si hay responsabilidad de los funcionarios y del presidente del pliego”, sostuvo Muñoz. 

Se conoce que Álvarez Aguilar, quien cumple prisión preventiva en Piedras Gordas I, en Lima, por corrupción y homicidio calificado, ha manifestado al Ministerio Público que no conocía todo lo que pasaba en las 26 unidades ejecutoras del Gobierno Regional y que no estaba pendiente de cada obra que se realizaba.