Mayté Ciriaco Ruiz

El jueves 18 de noviembre, durante el foro empresarial CADE 2021, el dijo que su gobierno brindaría todas las garantías a las empresas para que puedan realizar inversiones. Un día después, el accionar de su equipo ministerial mostró todo lo contrario.

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La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con autoridades y dirigentes de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, donde se acordarba crear una comisión ejecutiva de negociación de términos del cierre de las unidades mineras de las cabeceras de cuenca Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada. Las cuatro minas se encuentran paralizadas, y Apumayo sufrió ataques vandálicos, a finales de octubre, que terminaron con el incendio total de su campamento minero.

Según el documento firmado, el Ministerio de Energía y Minas deberá presentar el 15 de diciembre un cronograma de visita al entorno de las unidades mineras con participación de la población. El proceso de cierre de la actividad minera se revisaría con las comunidades.


Las compañías mineras afectadas se enteraron de los acuerdos a través de las redes sociales. Ante ello, brindaron ayer una conferencia de prensa mostrando su sorpresa. “No hemos recibido ningún tipo de comunicación formal. Nos enteramos a través de una trasmisión en vivo realizada por radio Parinacochas”, contó Carlos Salina Mesa, abogado de la empresa SAMI SAC (Breapampa). En ese contexto pidieron a la premier aclarar los alcances reales del acta suscrita y reconsiderar su posición.

En respuesta, la publicó -ayer mismo- un comunicado en el que recalcó que las cuatro mineras se encuentran con “Planes de Cierre” en curso.

La omisión de la PCM

Sin embargo, la ingeniera María Chappuis, exdirectora General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, advirtió que el comunicado de la pcm tenía un error.

Según explicó, todas las empresas tienen un plan de cierre, un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y que requiere para operar, es obligatorio. Las compañías actualizan sus garantías por sus planes de cierre a principios de año, en función a los nuevos descubrimientos de recursos que hagan. Cuando ella y otro grupo de profesionales del ministerio redactaron la ley para los planes de cierre, decidieron que se exigiría plazos según la vida de las reservas probadas que tiene la mina. “Con esto, el Estado se asegura la garantía monetaria. De lo contrario, las minas podrían decir que cierran en 100 años y el Estado no tendría esta garantía”, dice.

A diferencia de las minas de tajo abierto, en las que es posible planificar toda la operación y que tienen planificado operaciones por 20 años, las compañías de minería subterránea, como las que laboran en Ayacucho, tienen que extraer, preparar y explorar para buscar nuevas reservas continuamente. Por distintas razones técnicas y económicas solo pueden mantener, por lo general, reservas probadas para dos años. Esto no significa que no tengan permisos de operación.

Mineras y gremios se pronuncian luego de que la primera ministra anunciara acuerdos con la población de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, para “negociar el retiro y cierre de cuatro mineras | Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec
Mineras y gremios se pronuncian luego de que la primera ministra anunciara acuerdos con la población de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, para “negociar el retiro y cierre de cuatro mineras | Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec

Por eso, si bien según el cronograma tres de las cuatro mineras están en cierre progresivo hasta el 2021, pueden solicitar modificar su cronograma de cierre. “Por ejemplo Julcani ya tiene 70 años trabajando con reservas para dos años, lo que constantemente se extrae y se reemplaza. Esa es la forma de operar”, recalca la especialista Chappuis.

Esto también fue explicado en la conferencia de prensa del gremio minero. “La empresa ha presentado la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, la misma que está en evaluación por parte de las autoridades competentes. Este proyecto supone la ampliación de la vida de la mina. Se estima iniciar los trabajos de ampliación durante el año 2022″, mencionaron desde la Compañía Minera ARES, que tiene a Inmaculada y Pallancata. Su vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos, José Augusto Palma, recalcó que “es importante aclarar que no tenemos fecha de cierre. Tenemos un plan diseñado en función de la situación de nuestros recursos mineros al momento que se presentan”.

Del mismo modo, el abogado de la empresa SAMI SAC explicó que ya habían realizado una inversión de 2 millones de dólares en exploración de un nuevo proyecto minero que entrará en marcha y cuyo permiso está en evaluación.

Pérdidas

Si bien se ha criticado el bajo impuesto que pagan las mineras, Fernando Gonzales, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) explica que la minería es una de las actividades que más aporta a la recaudación fiscal. La tasa de Impuesto a la Renta de Perú es de 29.5%, lo mismo que Chile, México y Australia, mientras que Brasil está en 34%.

El 48% de las utilidades de la actividad minera van a tributos. Se paga el impuesto a la renta, impuesto especial a la minería, reparto de utilidades a los trabajadores, regalías mineras y el gravamen especial a la minería. “Este año, debemos pagar 12.500 millones de soles en impuesto”, dijo Raúl Jacob Ruisánchez, presidente de la SNMPE.

Entre las cuatro empresas mineras que cerrarían en Ayacucho se dejaría de pagar 12,3 millones de soles mensuales en impuestos. Además, unos (entre directos e indirectos) estarían afectados. “Por cada empleo directo, se generan 8 empleos indirectos relacionados a la minería”, asegura Gonzales. Según explica, quienes podrían verse más afectados son los empleados que no trabajan directamente para la empresa, pero cuya actividad laboral está relacionada con la minería.

Al cierre de esta edición, diez comunidades de Chumbivilcas reiniciaron el bloqueo del corredor minero del sur. Desde el Congreso, la primera vicepresidenta Lady Camones (Alianza para el Progreso) sostuvo que se comprende la preocupación de las zonas afectadas por los recursos naturales pero recalcó que la solución no es ir cerrando minas.

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