Cifra de feminicidios y de presos por violación a menores creció el 2018 | VIDEO

Una de las tantas imágenes que revela la barbarie que sufrieron 146 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas este año es la de un grupo de personas intentando apagar el fuego que envolvía el cuerpo de Eyvi Ágreda, una joven de 22 años, quien fue quemada en un bus por su ex compañero de trabajo que la acosaba desde el 2015.  

La vida de Eyvi se acabó después de 38 días de agonía en un hospital con el 60% del cuerpo quemado. La noticia sobrecogió a los peruanos y al Ejecutivo, que parecía no haber destinado suficientes fondos para enfrentar esta problemática social. 

Un día después del deceso de la joven –el 1 de junio–, el gobierno de Martín Vizcarra declaró “de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, y dispuso cuatro medidas para contrarrestar este tipo de agresiones. Una de ellas, que las comisarías estén en alerta las 24 horas para recibir denuncias y proteger la integridad de las mujeres. Pese a ello, el viernes último, la congresista Indira Huilca informó que en la comisaría de Caja de Agua (San Juan de Lurigancho) el oficial a cargo se negó a recibir la denuncia de acoso sexual que presentó una mujer.

“Una abogada de mi despacho le explicó al comisario que el acoso es un delito que está tipificado desde este año. Él no estaba ni enterado e incluso maltrató a la víctima”, dijo Huilca.

En el 2015 se promulgó la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Según el Poder Judicial, solo este año se han dictado unas 100 mil medidas de protección a favor de mujeres agredidas. La responsabilidad de la policía en el cumplimiento de estas disposiciones es fundamental. Sin embargo, hay falencias. 

El 19 de diciembre, Julia Rayme fue asesinada de 10 balazos por su pareja, a pesar de que un juzgado había ordenado “la intervención inmediata de la policía para impedir nuevos actos de violencia” en su contra.

El jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar de la PNP, Manuel Roncalla, explicó que los policías están en la obligación de hacer patrullajes en las zonas donde viven las mujeres que cuentan con estas medidas de protección. Si esto se hubiese cumplido, es probable que Julia no hubiese sido brutalmente atacada tan cerca de su vivienda. 

El ministro del Interior, Carlos Morán, ha propuesto que los denunciados por agresión usen grilletes electrónicos a fin de alertar a las autoridades cuándo el sujeto está cerca de su víctima. 

—Dinero desembolsado—

Otra de las medidas que implementó el presidente Vizcarra tras la muerte de Eyvi Ágreda fue crear una comisión de emergencia conformada por ministros y representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Uno de los acuerdos de este grupo de trabajo fue transferir S/59 millones para programas de prevención y atención. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibió S/8,3 millones; el Poder Judicial, S/9,1 millones; y el Ministerio Público, S/6,4 millones. También se destinaron S/5,4 millones al Ministerio de Salud para la implementación de centros de salud mental comunitarios. 

Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo, resaltó que es la primera vez que el Ejecutivo destina una partida de dinero para enfrentar, de manera directa, el problema de la violencia contra la mujer. El próximo año se transferirán S/200 millones.

“Es verdad que el dinero no es suficiente, pero es un avance. Solo para el sistema especializado de justicia se requieren S/100 millones. Tenemos la esperanza de que en el 2019 se pueda tener un trabajo más articulado para que haya una justicia efectiva y enfocarnos en temas de prevención”, dijo. 

—Menores violentados—

El 2018 también se caracterizó por el aumento de casos de violación contra menores de edad, teniendo en cuenta las cifras de presos procesados por este delito. En tanto, el número de internos por violación de menores aumentó respecto al 2017 de 8.121 a 8.720. Este es el segundo delito que más han cometido los internos del país.

El 1 de febrero, César Alva secuestró y violó a Jimenita, una niña de 11 años, cuando salía de la comisaría de Canto Rey, adonde asistía a cursos de vacaciones útiles. Salas lavaba los carros de los policías. Un hecho que aumentó, aun más, la indignación nacional.

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