El sur tuvo el mayor promedio mensual de conflictos sociales de la última década | INFORME

ECData revisó los informes sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de la última década y encontró que, desde el 2012, el sur ha sido la macrorregión con mayor promedio mensual de conflictos sociales en el país (10). Le siguen el centro (9) y el norte y oriente (7 cada uno). En Lima Metropolitana y el Callao, el promedio de conflictos en los pasados 10 años fue de uno por mes.

Las regiones sureñas con mayor conflictividad social en dicho periodo de tiempo son Cusco, Puno y Apurímac, las tres con un promedio de 18 conflictos por mes.

Según la Defensoría del Pueblo, actualmente los siete departamentos que componen la macrorregión sur acumulan 63 conflictos sociales, cifra que equivale casi al 30% del total nacional.

Entre las provincias de Cotamabas (Apurímac) y Caylloma (Arequipa), se extiende una carretera de alrededor de 400 km conocida como el Corredor Minero del Sur. A lo largo de la vía, utilizada para fines de transporte por las empresas mineras, están acentuadas decenas de comunidades en situación de pobreza que, por años, han reclamado a las autoridades y compañías mejoras en su calidad de vida.

El Corredor Minero, principal foco de tensión en el sur del Perú, ha albergado algunos de los conflictos sociales más devastadores del país, como “Las Bambas” y Espinar, cuyos enfrentamientos a lo largo de los años han dejado centenares de heridos y 4 y 3 fallecidos, respectivamente.

Pero la conflictividad no se limita a esta vía. Otro caso de alto impacto en la macrorregión ha sido la oposición al proyecto “Tía María”, en la provincia de Islay, Arequipa, que ha dejado un saldo de 7 muertes (6 civiles y un policía) y 419 heridos (147 civiles, 272 policías).

Según la Defensoría del Pueblo, del total de 63 conflictos sociales existentes hoy en día en el sur, 37 (casi 60%) están relacionados, de una u otra manera, a la actividad minera. A pesar de ello, Rolando Luque, adjunto en materia de conflictos sociales de la entidad, precisa que solo 3 de estos tienen que ver con el rechazo al inicio o desarrollo de un proyecto minero per se, mientras que los demás se relacionan a reclamos o desacuerdos con las empresas mineras.

“Todos los demás son casos de coexistencia problemática entre la compañía minera y el entorno. Se podría decir que, en la inmensa mayoría de los casos, la zona sur acepta la minería y la considera una actividad que puede beneficiar a la población”, indica.

Este, explica Luque, es el caso del Corredor Minero. “Ahí la población no está diciendo: ‘no queremos minería’. Lo que está diciendo es: ‘continuemos con las negociaciones, para ver cuánto más se puede beneficiar a la población’”, señala.

Distinto es el caso de las movilizaciones que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, donde las regiones del sur han cobrado innegable protagonismo. En el conflicto actual, el reclamo es de carácter político, algo que no se veía en la zona sur del país desde la primera década de los 2000. Por aquel entonces, se registraron distintos casos por cuestionamientos a la gestión de autoridades locales. El más trágico ocurrió en Ilave (Puno), que desencadenó en el linchamiento y asesinato del alcalde provincial de El Collao, Cirilo Robles, en el año 2004.

Sin embargo, aunque el conflicto actual tiene consignas políticas explícitas, en los anteriores ha pesado, de manera implícita, una inconformidad con los efectos del modelo económico y político en la región.

“No se puede ignorar que hay una base social que siente que los beneficios del modelo no le han llegado de la misma manera en que lo han hecho en zonas urbanas costeñas, por ejemplo. Si bien la protesta actual tiene lemas referidos casi exclusivamente al gobierno y al Congreso, está animada por un descontento y malestar que proviene, también, de desigualdades y exclusiones históricas”, sostiene Luque.

En la misma línea, el politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, asegura que en el sur existe “un contraste importante”, pues “la gente no percibe los beneficios de las principales actividades económicas extractivas de la región y, al percibir que no hay el retorno esperado, es un campo de cultivo fértil para impulsar las movilizaciones”. Sin embargo, el especialista advierte que el descontento en la macrorregión no es suficiente para explicar las movilizaciones actuales. Según señala, lo que ha motivado a que el sur se movilice más que el resto del país es la existencia organizaciones de base en la zona, que han facilitado la canalización de esta insatisfacción a través de las manifestaciones.

“La desatención del Estado y la percepción de privilegios de una élite de la costa pueden ser parte de la explicación, pero no son suficientes para entender por qué el sur se moviliza. Sino, Moquegua, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos, no se estaría movilizando, y se moviliza muchísimo. De igual modo, Loreto, que tiene uno de los índices de desarrollo más bajos, no se ha movilizado. La percepción de descontento es importante, pero la construcción de un aparato de organización social es más importante”, señala.

Según el politólogo, estas organizaciones de base que se han arraigado en el sur más que en otras zonas del país están conformadas por agrupaciones que representan intereses diversos a nivel local.

“Lo que existe en el sur es la construcción de un tejido social que ha logrado, en los últimos 10 años, favorecer el surgimiento de un microuniverso de organizaciones sociales representativas de distintos intereses locales. Desde la organización de afectados por la minería, que abarca varias pequeñas organizaciones en Moquegua, Puno y Arequipa, hasta los frentes de defensa clásicos, las rondas campesinas, algunas federaciones de agricultores y productores, sindicatos, etc. Esto que se ha venido dando en la última década puede ser parte de la explicación de por qué el sur ha sido el que ha sostenido más movilizaciones”, explica.

Como ha informado ECData en otra nota que compone el especial sobre la situación del sur, pese a concentrar el 43% de la inversión minera, las autoridades locales dejaron de invertir alrededor del 30% de presupuesto proveniente del canon, regalías y otros ingresos actividades mineras y extractivas. El contraste es innegable: la macrorregión tiene una importancia estratégica en la economía del país, pero al mismo tiempo alberga varios de los distritos más pobres del país.

Desde la Defensoría del Pueblo, Luque indica que existe una “doble responsabilidad” que abarca tanto a las empresas mineras como a las autoridades subnacionales, las cuales no han permitido ejecutar los ingresos provenientes de la minería a favor de mejores servicios para la población.

“Desde luego hay una responsabilidad regional y local. Por ejemplo, en materia de corrupción, Arequipa Cusco y Puno están entre los diez departamentos con mayor número de casos de presuntos delitos de corrupción. También existe una subejecución presupuestal, cuando los recursos disponibles para los gobiernos regionales y locales están ahí. Hay un problema de capacidad técnica, de corrupción, de ineficiencia y mucho gasto superfluo. Los ingresos canon, sobrecanon, regalías, etc., no se transforman en beneficios a la población porque en gran parte se quedan en el banco por incapacidad para elaborar buenos proyectos, se pierden en actos de corrupción o se gastan en obra superflua”, advierte.

Pero además de las evidentes deficiencias a nivel de gestión regional y municipal para elevar los índices de desarrollo de la población, el defensor adjunto apunta que, frente a las fallas de la descentralización, existe también responsabilidad del gobierno central.

“Hay una responsabilidad directa de las entidades estatales (subnacionales) que se nota claramente en los porcentajes de ejecución presupuestal, que están por debajo de los enormes ingresos que reciben (…) pero también tiene responsabilidad el gobierno central, porque es el llamado a articular proyectos de desarrollo a nivel regional y local. Hay una decepción muy seria a nivel regional y local, y es responsabilidad del gobierno nacional llamar la atención y suplir estas deficiencias. No puede mirar desde lejos y sentir que es una responsabilidad que no le corresponde”, señala.

¿En qué se distinguen las movilizaciones actuales de los anteriores conflictos sociales que han surgido en el sur del país? Además de sus reclamos de carácter político –que se alejan de los ambientales o a los relacionados a la coexistencia con empresas mineras–, Tincopa precisa que la principal característica de las actuales protestas está la ausencia de una jerarquía en su organización.

“(Las movilizaciones actuales) No tienen un sistema jerarquizado de toma de decisiones, no están centralizadas en una organización que direccione el movimiento. Tampoco tiene liderazgos claros, más allá de liderazgos locales que se atomizan muchísimo. No hay una estructura jerarquizada y esa es, quizás, la principal característica del movimiento”, dice.

Es precisamente esta falta de jerarquía organizacional lo que, en parte, imposibilita el diálogo entre el gobierno y los manifestantes.

“No hay diálogo, en parte, porque no hay interlocutores válidos. El gobierno no tiene con quién conversar y con los que conversa no tienen la suficiente representatividad para condicionar al resto de movilizados”, asegura el politólogo.

Ello, sumado a los “errores estratégicos y comunicacionales del gobierno”, que han aumentado la intensidad de las protestas, dificulta una solución en el mediano o corto plazo.

“Creo que la situación actual no propicia escenarios de soluciones. Solo propicia desenlaces, quizá unos menos perjudiciales que otros, pero todos con un fondo social y político bastante alto”, advierte Tincopa.

El Centro Wiñaq ha venido monitoreando las medidas de protesta en las actuales manifestaciones contra el gobierno y el Congreso. Como resultado, se encontró que el movimiento actual ha tenido más éxito en sostener medidas “de alto impacto” como el bloqueo de vías, en lugar de medidas menos violentas, como las movilizaciones y paros provinciales. Según Tincopa, el promedio de bloqueo de carreteras hasta el pasado jueves 2 de enero era de 78 puntos de bloqueo por día, la mayoría concentrados en el sur.

“La estrategia de los movilizados, sobre desde hace unas semanas atrás, es priorizar las acciones de protesta más costo-efectivas. Un bloqueo de carretera requiere un mínimo de 40 personas, a diferencia de una movilización o un paro provincial. Y es una acción de alto impacto, al igual que la toma de aeropuertos. Eso, lo que hace pensar, es que al menos en el corto plazo es probable que las protestas sociales sigan prefiriendo acciones de protesta violentas como el bloqueo carreteras antes de expandir su alcance territorial. Si hay algo que se puede reconocer que es un éxito del movimiento es haber sostenido bloqueos de carreteras en el país de manera intensa. Su debilidad, por otro lado, está en la poca capacidad para expandir movilizaciones a otras provincias y sostener paros a nivel provincial. Los paros prácticamente se están extinguiendo”, advierte.