La información que permite a la SUTRAN conocer la ubicación, velocidad y recorrido de los buses interprovinciales no es generada directamente por la autoridad. En el sistema participan empresas privadas que instalan los dispositivos GPS, procesan los datos y los transmiten a la plataforma estatal. La Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales COTRAP-APOIP plantea que estas compañías tengan, por primera vez, un régimen específico de registro, autorización, supervisión y sanciones.
Así, en agosto del 2026, propuso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) crear un régimen para las empresas privadas que instalan los GPS utilizados para monitorear buses interprovinciales y modificar el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).
Actualmente las empresas deben contar con sistemas de monitoreo, pero recurren a compañías especializadas para instalar equipos, procesar información y transmitirla.
COTRAP-APOIP identifica tres actores: el MTC y la SUTRAN, que reciben y utilizan los datos; las empresas de transporte, obligadas a contar con el sistema; y los proveedores tecnológicos, responsables de dispositivos, plataformas y transmisión.
Para el gremio, esta estructura genera una “asimetría regulatoria”, pues los transportistas pueden ser sancionados por no transmitir información o entregar datos manipulados, mientras los proveedores no tendrían un régimen administrativo equivalente.
El GPS permite a la SUTRAN conocer ubicación, velocidad, recorrido y paradas. Puede utilizarse en procedimientos sancionadores.
La propuesta busca diferenciar la responsabilidad de transportistas y proveedores. Si la desconexión, retiro o manipulación del equipo es atribuible al transportista, este debería responder. Si la falla proviene de un servidor, interrupción, configuración incorrecta o pérdida de información atribuible al proveedor, la responsabilidad recaería en este último.
El gremio también plantea sancionar la manipulación deliberada de datos, como alterar velocidades o coordenadas, modificar horarios, eliminar registros, ocultar información o generar señales ficticias.
La iniciativa contempla crear el Registro Nacional de Empresas Proveedoras de Servicios de Monitoreo Vehicular y GPS (RENAPRO-GPS), administrado por el MTC con participación técnica de la SUTRAN.
Las empresas deberían acreditar infraestructura tecnológica, transmisión, respaldo y seguridad informática.
El régimen exigiría transmitir información íntegra, conservar registros, mantener respaldos y permitir auditorías. Las sanciones podrían ir desde multas hasta la suspensión o cancelación de la autorización e inhabilitación para operar.
La propuesta plantea que la SUTRAN supervise y fiscalice a estas empresas. Ante una pérdida de señal, identificaría al vehículo y proveedor, solicitaría información a ambos y determinaría quién tenía control sobre la causa de la falla.
COTRAP-APOIP sostiene que este mecanismo reforzaría el derecho de defensa de los transportistas cuando una sanción se sustente en información GPS, al permitir acceso a registros originales e incidencias.
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