Hace cinco días, durante la ceremonia de presentación de cartas credenciales de embajadores de nueve países, el presidente Pedro Castillo dijo lo siguiente: “El Perú es un destino seguro para las inversiones y respetamos el trabajo de las empresas nacionales y extranjeras”.
Estas afirmaciones, aunque suenen bien, están lejos de reflejar la realidad del Perú, que en los últimos meses ha experimentado la paralización de dos importantes minas, así como una serie de protestas que han amplificado la actual crisis del sector turismo y el aumento del precio de productos básicos.
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Ante este panorama, empresarios de distintos rubros y tamaños, que conforman en total 200 gremios, cámaras, asociaciones y conglomerados, se manifestaron en conjunto el último viernes y firmaron una misiva en la cual señalan que las acciones del gobierno de Pedro Castillo perjudican a las poblaciones más vulnerables y exigen acciones concretas para reactivar la economía y revertir este caos.
Mensajes contradictorios
“Hoy 9,8 millones de peruanos viven en la pobreza con S/360 al mes, y 1,6 millones son víctimas de la pobreza extrema, con menos de S/191 mensuales. Son estos los sectores que más sufren la inflación y las consecuencias de las malas decisiones del gobierno de Pedro Castillo”, se lee en la misiva.
Entre sus firmantes se encuentran la Asociación Empresarial Gamarra Perú, la Cámara de Comercio de Lima, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda y la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, y muchos más.
“El Gobierno pone el derecho de protesta de cientos de personas por encima del derecho al trabajo y libre tránsito de millones”.
“Lamentablemente, en estos nueve meses del gobierno del presidente Pedro Castillo, no vemos que haya implementado ninguna política para reactivar la economía, para generar empleo y para ayudar a revertir la informalidad que hay y la recuperación de los ingresos”, detalló a El Comercio Óscar Caipo, presidente de la Confiep.
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De acuerdo con él, si bien hubo un crecimiento económico del 13% en el 2021, que no se debió a acciones puntuales del Ejecutivo, las proyecciones de crecimiento de la inversión para este 2022 son cero o negativas. Asimismo, indicó que es muy preocupante la falta de capacidad y respuesta rápida del Gobierno frente a los conflictos sociales, como el que ocurre en la mina Las Bambas, que lleva ya dos semanas paralizada.
“Los más golpeados son los pequeños y microempresarios. Ellos están desamparados y expuestos a una posible quiebra”.
“Antes de Las Bambas, Apurímac tenía casi un 60% de extrema pobreza. Desde que apareció la actividad minera, eso se ha reducido sustancialmente hasta por debajo del 40%. Unas 75.000 familias dependen directamente de esta actividad, así como 8.000 puestos de trabajo. Además, hay empresas que están preocupadas porque han sacado préstamos para cumplir como proveedores de la mina y no están percibiendo retorno de capital. La paralización le cuesta a Apurímac aproximadamente S/1,2 millones diarios. Si lo ponemos en obras, es como si perdiéramos un colegio o una posta debidamente implementada a diario”, indicó Salvador Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac.
Así como el sector minero, el turismo ha sufrido graves golpes los últimos meses, con el paro de controladores aéreos en Semana Santa, por ejemplo. Para Berner Caballero, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, el presidente Castillo se olvida que los más afectados no son las grandes empresas, sino los microempresarios y pequeños empresarios.
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“Mucha gente piensa, y creo que el presidente Castillo también, que el sector turismo son solo las grandes empresas, como los hoteles cinco estrellas, las principales agencias de viajes y las aerolíneas. No. El presidente tiene que entender que en el sector turismo tenemos sindicatos, como el de trabajadores de transportes o de artesanos. Es un conglomerado importante al cual el presidente le está dando la espalda”, opinó Caballero.
“En los próximos días vamos a convocar una movilización pacífica en pro de las libertades y en contra de las paralizaciones”.
Caipo se preguntó si todas estas crisis son producto “de la incapacidad del Ejecutivo o realmente este está apagando la economía y está incendiando el país, dejando que haya levantamientos para proponer lo que parece ser lo único que les interesa, su proyecto político, una asamblea constituyente”.
Sobre este tema específico, la misiva señala que no solucionará los problemas inmediatos; al contrario, su solo anuncio ya ha generado un clima de incertidumbre que afecta las inversiones, con un aumento del dólar.
“Creo que este es el gobierno que más indiferencia ha mostrado al sector de la microempresa y pequeña empresa”.
“Si el Perú es un sitio seguro para invertir, como dice el presidente, ¿por qué habla entonces de una nueva Constitución, lo que cambiaría las reglas de juego para los inversionistas? Creo que en este momento el país no es un destino seguro para las inversiones. Lo fue hasta julio 27 del año pasado, a partir de ahí ya hemos experimentado una serie de problemas”, subrayó Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú.
- El aumento de la remuneración mínima vital, que entra en vigencia hoy, no sería adecuado en este momento.
- Según Óscar Caipo, el 99,5% de las unidades empresariales del país son microempresas y pequeñas empresas, las cuales han sido muy golpeadas por la pandemia.
- Debido a la falta de productividad, subir el sueldo mínimo generaría que muchas de estas empresas se tengan que mover a la informalidad.
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