El programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habría promovido el bienestar económico de los adultos mayores suscritos, pero no habría tenido efectos sobre su salud. Así lo señalan los resultados preliminares de un estudio financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y elaborado por la consultora estadounidense Innovations for Poverty Actions (IPA).
La consultoría se llevó a cabo en el primer semestre de este año y su objetivo era medir el impacto de la subvención estatal en la calidad de vida de los beneficiarios. Este análisis fue supervisado por la Dirección de Presupuesto Público del MEF.
Entre las conclusiones principales está el incremento en 40% del consumo mensual de los hogares con usuarios de este programa (que pasó de US$45,6 a US$63,1). Se sabe también que el 67% de estos ingresos adicionales se destinó a la compra de alimentos.
Asimismo, el estudio señala que el número de adultos mayores de Pensión 65 que contribuyen económicamente en sus hogares se incrementó en 13% y se redujo en 8% en aquellos que tenían que trabajar por necesidad.
-Efectos no significativos-
Si bien los beneficios económicos habrían sido confirmados por el estudio, no hay evidencia de un impacto significativo en la salud.
Hoy todos los afiliados a Pensión 65 (poco más de medio millón) están inscritos en el Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, no se encontró efectos sobre el uso del programa en el acceso a los servicios de salud.
Los adultos mayores que fueron encuestados tampoco refirieron tener mejor salud. No se encontraron cambios en la condición física o cognitiva de los usuarios.
Para llegar a sus conclusiones, IPA utilizó información de la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor, efectuada en el 2012 por el INEI y cuyo seguimiento se llevó a cabo en el 2015. El informe final fue presentado en setiembre de este año.
-Análisis pendientes-
Esta es la tercera evaluación de impacto presentada de un programa social del Midis. Hasta el momento, solo se han efectuado evaluaciones al programa Haku Wiñay que busca desarrollar capacidades productivas y de emprendimiento en hogares rurales en situación de pobreza. Según la ministra, Cayetana Aljovín, el análisis de Haku Wiñay se hizo en el anterior gobierno.
Luego, a inicios de octubre, Aljovín declaró que había recibido la evaluación del Servicio de Acompañamiento a Familias Cuna Más. En declaraciones a la prensa, la ministra dijo que, si bien el programa reflejaba indicadores positivos, había que hacer ajustes para mejorar la calidad del servicio.
Las evaluaciones de Qali Warma y Juntos –que agrupan la mayor cantidad de beneficiarios del Midis– aún están pendientes.
Los retos pendientes
La efectividad de los programas sociales está bajo análisis. Si bien Pensión 65 –que recibe un presupuesto anual de S/801 millones– tiene un efecto económico positivo en sus beneficiarios, quedan aún pendientes algunas políticas en el mediano plazo.
Juan Mendoza, director de la maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, señala que es necesario una mayor articulación de Pensión 65 con las estrategias de servicios públicos, en este caso sobre las pensiones. “Hay que pensar bien en el tipo de sistema previsional que queremos, el actual tiene muchas falencias, entre ellas la poca cobertura. Tenemos que ver cómo Pensión 65 ayuda con el diseño de ese sistema”, opina.
El especialista destaca como efecto negativo presente en los programas asistenciales la distorsión de incentivos en la población. “Si en un momento los aportes de este programa comienzan a crecer, la gente [joven] podría decidir no contribuir a la AFP u ONP”, señala.