Prescriben 50 procesos administrativos por presunto desvío de dinero en DRE de Piura

La Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Piura dio a conocer que han prescrito unos 50 procesos administrativos sancionadores por los cuales se investigaba a funcionarios y servidores públicos involucrados en un presunto desvío de dinero en la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep).

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El consejero regional José Morey, presidente de dicha comisión, explicó que los casos no se terminaron de investigar de forma interna y, por tanto, no se halló responsabilidades por parte de ningún trabajador de la Drep.

Luego de reunirse con el director regional de Educación, Fabriciano Cunya, señaló: “Nos han informado que hay unos 50 casos de prescripción de procesos administrativos disciplinarios, situación que nos lleva a determinar que hay responsabilidad en quienes han dejado prescribir estos casos”. Añadió que evalúan tomar acciones legales por presunta omisión de funciones.

Uno de estos casos es el de Carmelita Abad Meca, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Talara, quien en julio del 2018 fue suspendida por una presunta infracción en la contratación de personal, pero que presentó un recurso administrativo y recientemente ha sido repuesta en su cargo gracias a una resolución de Servir.

Según el consejero José Morey, así como Abad Meca, varios trabajadores antes procesados, y hasta separados preventivamente, han vuelto a laborar a sus puestos de trabajos.

Al respecto, el titular del sector, Fabriciano Cunya, dijo que los responsables de esta situación son de la gestión anterior. Señaló que, junto con el gobernador regional, Servando García, ya vienen evaluando “medidas correctivas”, pues también hay pendiente de investigar presuntos casos de nepotismo en la contratación de personal del sector a través de concurso CAS.

El congresista piurano Hernando Cevallos (Frente Amplio) planteó la posibilidad de declarar en situación de emergencia a la Drep, ya que considera lento el avance de la investigación en torno al desvío de dinero en varias Ugeles de la región Piura, en perjuicio de docentes y escolares.

El mal uso de recursos se descubrió en el 2015, cuando el ex director de Gestión Institucional de la Drep, Edward Gómez, al analizar las planillas, halló usos ilícitos del dinero, a través de modalidades como pago de bonificaciones o depósitos de dinero en las cuentas de docentes a quienes luego se les pedía que lo devuelvan a ciertos funcionarios.

De acuerdo con los casos reportados ante el Ministerio Público, esta práctica habría generado un perjuicio económico superior a los S/12 millones.

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