Chinchero: procuraduría pide a fiscalía investigar a Vizcarra
Chinchero: procuraduría pide a fiscalía investigar a Vizcarra
René Zubieta Pacco

La Procuraduría Anticorrupción presentó la tarde de ayer una solicitud ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima para que incluya al ministro de Transportes, , en la investigación preliminar por el Caso Chinchero.

Como se recuerda, dicha fiscalía a cargo del fiscal José Domingo Pérez decidió esta semana abrir una investigación preliminar a funcionarios de Pro Inversión que integraron el comité que realizó la licitación por el aeropuerto de Chinchero. Se les atribuye el presunto delito de colusión en agravio del Estado. La decisión se tomó a solicitud de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que consideró que el primer contrato para construir el terminal aéreo era lesivo al Estado.

Ahora, el pedido de la procuraduría consiste en ampliar la investigación preliminar, incluyendo en calidad de investigados a Vizcarra y a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quien firmó con el consorcio Kuntur Wasi la cuestionada adenda al contrato del 2014, que también se ha considerado que va en contra de los intereses del Estado.

También se incluye a Yaco Rosas Romero, director general de Concesiones en Transportes del MTC; Alfredo Juan Carlos Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela, miembros del Consejo Directivo de Ositran que votaron a favor de la adenda en enero pasado. Sobre ellos recae la sospecha de negociación incompatible.

En el caso de la empresa privada, la procuraduría atribuye el presunto delito de negociación incompatible a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi.

—Los elementos del pedido—
En diálogo con El Comercio esta mañana, el procurador anticorrupción Amado Enco explicó que, a nivel preliminar, en el proceso de suscripción de la adenda “se habrían tomado decisiones que terminan favoreciendo a los intereses de la empresa privada en detrimento de los intereses del Estado”.

La adenda ha terminado desnaturalizando, a juicio de la procuraduría, el contrato de concesión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

“Este contrato nace trasladando el mayor porcentaje de riesgo en la ejecución de la obra al privado, que tenía que participar con una inversión del 80%, mientras que el Estado asumía el menos riesgo, del 20%. Ahora con la adenda, eso se ha invertido trasladando el mayor porcentaje de riesgo al Estado, porque participa con un desembolso mayor de dinero en la fase inicial”, comentó. Asimismo, cuestionó que se permita que Kuntur Wasi mantenga el plazo de concesión del aeropuerto por 40 años.

Enco también se refirió a la fotografía que se difundió hace unos días y en la que se aprecia a Vargas Loret de Mola en una celebración del partido Peruanos por el Kambio tras la victoria en las elecciones. Para el procurador, ello revela una cercanía entre el representante de Kuntur Wasi y los funcionarios del gobierno y “cuando menos un nivel de colaboración” con el grupo político que ahora está en el gobierno.

Otro elemento considerado por la procuraduría tiene que ver con la fragilidad económica que habría tenido el consorcio o una deficiencia en el financiamiento para iniciar la obra.

“En términos comparativos con el contrato inicial, [la adenda] definitivamente termina lesionando los intereses económicos del Estado. La procuraduría no puede dejar pasar por alto esto. Y considera que el Ministerio Público por lo menos debería de realizar una profunda investigación a efectos de que se determine la existencia de un delito penal y a los responsables de este hecho”, sentenció acotando que la premisa de la procuraduría, a partir de la información a la que ha tenido acceso, es que se habría buscado beneficiar al consorcio Kuntur Wasi.

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