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La venta fraudulenta de casi 36 hectáreas de terrenos eriazos en Tumbes ya es objeto de indagación penal. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ese departamento inició una investigación preliminar contra siete funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes, que preside el cuestionado Gerardo Viñas, y los tres compradores.
Según informó la Contraloría General de la República, la fiscalía presume que se cometió delito de colusión en agravio del Estado. En agosto del 2012, la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes adjudicó y vendió tres lotes de terrenos eriazos, que juntos tenían una extensión de 36 hectáreas, a Eva María Rueckner de la Portilla y sus hijos Jorge Sebastián Bernal y Benjamín Bernal. El precio total fue de S/.2.500.
Los funcionarios y los compradores habrían concertado para defraudar al Estado. Los terrenos se remataron bajo la premisa de que en ellos se desarrollaría un proyecto de crianza de ganado en 4 años. Si no se cumplía, la venta quedaría anulada.
Pero en abril del 2013, la Dirección Regional de Agricultura levantó estas restricciones, porque –según señalaba un informe que resultó ser fraudulento– se había implementado el proyecto. Así, los compradores vendieron el terreno al padre de los hermanos Bernal Rueckner por S/.25 mil. Ello hace suponer a la fiscalía que se trata de un caso de tráfico de terrenos. Las sospechas aumentan al considerar que el terreno se encuentra al lado del exclusivo hotel Royal Decameron.
La contraloría considera que el valor del metro cuadrado de estos terrenos es de S/.58. Es decir, los compradores debieron haber pagado S/.21 millones: ese es el perjuicio generado al Estado.
UNA DEFENSA ENDEBLE
En su defensa, mediante un comunicado del 30 de mayo, el Gobierno Regional de Tumbes ha asegura que las ventas de estos terrenos fueron anuladas a través de resoluciones de la referida dirección regional de octubre del 2013.
Sin embargo, las 36 hectáreas. de terrenos siguen inscritas en registros públicos a nombre de terceros. La Contraloría además ha aclarado que la supuesta declaratoria de nulidad afectaba solo a 15 hectáreas, y no tiene efecto porque el plazo de un año para declarar la nulidad de un acto administrativo prescribió en agosto del 2013.
El gobierno regional que preside Viñas asegura que los terrenos se vendieron en noviembre del 2012, por lo cual.no había prescrito el plazo para declarar nulas las transferencias. Sin embargo, no saben explicar por qué siguen inscritas a nombres de terceros.
