"Pagamos medicina y telefonía caras y son las más ineficientes"

Walter Gutiérrez, flamante defensor del Pueblo, prefiere que no le ordenen su escritorio para la foto. “Que se vea que estoy trabajando”.  Y cuando el fotógrafo le pide que haga un ademán con los puños levantados se rehúsa. “Yo defiendo, no peleo”.  Adelanta que la Defensoría del Pueblo irá un paso más allá en la defensa de los consumidores e insiste en que no le debe su puesto a ningún partido político.

— Tras los intentos frustrados para ser elegido, usted dijo hace dos años que ya no le interesaba ser defensor. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?
También dije que no era parte del modelo de funcionario que en ese momento estaban reclutando en el gobierno, funcionario de luz verde, mencioné. Yo advertía que era imposible que se pongan de acuerdo en ese momento. El escenario político ha cambiado, plantearon nuevamente esa posibilidad y dije que si se ponían de acuerdo, podía aceptar.

— Ha sido elegido por amplia mayoría (94 votos), pero 27 legisladores votaron contra su elección y 6 se abstuvieron porque dudan de su autonomía para el puesto. ¿Cómo piensa demostrarles lo contrario?
Jorge Santistevan, Beatriz Merino y yo hemos sido elegidos defensores con votaciones de fujimoristas, apristas y, en su momento, del PPC. Ahora, en mi caso, con el apoyo de Acción Popular, Peruanos por el Kambio, el Apra y el fujimorismo. La composición variada garantiza que no existan compromisos. Pero si no es suficiente, les diré que yo no tengo compromiso con ningún partido, con ningún poder constituido o con los poderes del mercado. Mi único compromiso es con la Constitución y la ciudadanía.

— Para el oficialista Guido Lombardi, si una persona se retira de una comisión que debió investigar el ‘baguazo’ es porque no se compra pleitos y, entonces, cómo va a defender los derechos ciudadanos...
No responderé ningún tipo de imputaciones, ahora soy el defensor del Pueblo. Pero no quisiera dejar en el tintero eso. A mí se me designó como miembro de esa comisión, en la que participé solo en la instalación y renuncié inmediatamente. Expliqué que no podía formar parte porque no me representaba solo a mí, yo era decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y cualquier opinión iba a involucrar al gremio. No es que quise quitarle el cuerpo a una responsabilidad.

—Era una comisión que iba a investigar la muerte de policías y civiles. ¿Su decisión de no participar fue personal o la consultó a sus agremiados?
Fue una decisión mía.

—Pero si no les preguntó, ¿tal vez ellos sí querían que los represente?
Eso era muy difícil porque el CAL se organiza a través de una asamblea de delegados y hubiera tenido que convocar a la asamblea, a la junta directiva y, además, la dedicación en el colegio es exclusiva.

— El ex defensor del Pueblo Walter Albán cuestionó el último proceso de elección y argumentó falta de transparencia y exposición de propuestas. ¿Este podría ser mejorado?
Los tres defensores electos hemos sido convocados de la misma manera: por invitación. Eso es lo que establece la Constitución y la ley. Si Walter Albán opina de esa manera, Beti [Beatriz Merino] ha opinado de manera distinta. Yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Se puede cambiar, pero será para el futuro.

— Usted piensa que la defensoría debe preocuparse más por la supervisión de los servicios públicos provistos por el Estado y privados. ¿De qué manera? 
Quiero aclarar que no hablo de ampliar competencias, en la Constitución dice que la defensoría debe supervisar los servicios públicos. No estoy pidiendo que se amplíe, sino que se cumplan esas competencias.

—¿No se cumplen?
 A ver. Cuando Santistevan diseñó la defensoría era otro contexto político y económico. Beatriz Merino continuó ese desarrollo de una manera muy eficaz. El contexto ha cambiado y la defensoría tiene que adecuarse.

—Denos ejemplos concretos.
La carretera Paucartambo tiene 70 kilómetros, han pasado cuatro gobierno regionales y no se concluye, eso es ineficiencia del Estado. El transporte es un servicio público básico y la defensoría tiene que estar atenta a este tipo de ineficiencias. La defensoría tiene que apoyar, supervisar que el Estado sea eficiente. Sin Estado eficiente no hay derechos humanos.

—¿La defensoría no ha estado supervisando de manera adecuada?
Se han hecho muy bien muchas cosas, pero tienen que mejorar, sobre lo bueno hay que comenzar a construir esta nueva visión. Hay que poner a competir los servicios públicos en manos del Estado y de particulares. Qué le impide a la defensoría hacer un informe sobre la calidad educativa en colegios particulares. Todo ciudadano quiere que sus hijos accedan al mejor colegio que su bolsillo puede pagar. ¿Dónde está la defensoría?

—¿Está pensando en que la entidad no solo debe emitir informes, sino que debe dar otros pasos?
Se ha dicho que los informes de la defensoría no son vinculantes. Santistevan dijo que la defensoría tiene el magisterio de la persuasión; correcto, pero hay un nuevo contexto. Qué tenemos que hacer. Si las resoluciones de la defensoría no son vinculantes, tenemos que dar un paso más, como en México, donde tampoco son vinculantes pero un informe defensorial no es guardado por un funcionario en un cajón. Si no lo va a cumplir, tiene que hacer una expresión de causa de por qué. Se empoderan más las competencias y no son solo documentos.

—¿Y dónde estará establecido que el funcionario diga por qué no cumple las recomendaciones?
No tiene que modificarse la Constitución. Tiene que haber una modificación de la ley orgánica de la defensoría. Es perfectamente posible.

— En el segundo gobierno aprista, usted presidió la comisión encargada de elaborar el código de protección y defensa del consumidor, y algunos lo tildaron de proteccionista e intervencionista. Seis años después, este no se ha implementado en su totalidad. ¿Tiene alguna autocrítica a ese instrumento?
Mi primer trabajo sobre protección al consumidor lo escribí hace 25 años. En Colombia y en Chile el desarrollo de protección al consumidor es más importante que en el Perú. Ambas economías son más grandes que la nuestra, ambas son economías de mercado y no le tienen miedo a la protección al consumidor. ¿Por qué un mismo banco en el Perú cobra 140%, en Chile 39% y en Colombia 40% de intereses?

—¿Por qué sucede, en su opinión?
Porque el Estado no funciona, porque aquí creemos en el mito de que no hay que tocar el mercado. Eso no lo cree ni Adam Smith. En Inglaterra, en Estados Unidos se regula el mercado. Tenemos reglas para que el contrato se cumpla, para que se proteja la propiedad privada, para que el mercado fluya libremente, está muy bien. ¿Y el consumidor? No me arrepiento para nada de que el Perú tenga un Código del Consumidor. Hemos hecho una partitura pero nos falta la orquesta. Me refiero a generar institucionalidad de consumo, que el Estado crea en esto y que lo haga realidad. Pagamos la medicina más cara, la telefonía más cara y son las más ineficientes. ¿Tenemos que estar felices por eso? ¿La defensoría tiene que ponerse de perfil frente a eso?

—¿Qué hará usted frente a eso?
Acabo de decir que vamos a dar visibilidad para que las empresas se pongan a competir. Mi idea no es que el Estado intervenga imponiendo cosas. Hay que visibilizar esas cosas para que el ciudadano se informe, pueda tomar decisiones y exigir que esos mercados sean eficientes.

—¿Y lo dirá con nombre propio?
Vamos a ser sumamente objetivos y neutrales, vamos a poner en blanco y negro, vamos a informar todo lo que el mercado arroje, no vamos a inventar nada. Y si hay que poner con nombre propio a las [empresas] más ineficientes, pondremos cuáles son, eso no es un agravio. Tienen que mejorar su competitividad en el mercado.

—Indecopi no ha implementado el código en su totalidad, entre otras cosas por falta de recursos.
Creo que Indecopi en los cinco años que han pasado prácticamente no ha existido, ha sido una institución prácticamente invisible en lo que se refiere a protección al consumidor. No ha comprendido ni se ha bancado la idea de protegerlo. Entiendo en parte porque el gobierno tampoco entendió la importancia de defender al consumidor. Aquí no hay ningún problema en afectar los derechos del cliente porque el Estado no se banca su protección como política de Estado.

— ¿Para llegar a esta situación, desde Alberto Fujimori hasta ahora, ningún presidente se bancó la defensa del consumidor?
En el gobierno de Fujimori se dio la Constitución de 1993 y allí se le dio estatus constitucional al consumidor. No hay que ser mezquinos.  De allí para adelante esto no se ha implementado. Honestamente creo que Toledo no vio este tema. En el caso de Alan García, él aprobó el código de protección al consumidor, pero tampoco fue fácil; critiqué muy duramente la posición del gobierno pero tuvieron la virtud de reconducir el proyecto y salió. El gobierno de Humala tuvo otras prioridades y ahora creo que Kuczynski y este Parlamento tienen una gran oportunidad.

— ¿Está a favor o en contra del matrimonio igualitario?
Yo estoy de acuerdo con la unión civil. Cada norma responde a un contexto histórico. Estoy de acuerdo con el proyecto del congresista Carlos Bruce.

— Y si más adelante se presenta...
No opino sobre proyectos virtuales, cuando esté daremos una opinión.

— ¿No se anima a decir si está a favor o en contra?
Yo estoy a favor de que no haya desigualdades.

— ¿Está de acuerdo con el aborto en alguna circunstancia?
Estoy de acuerdo con el aborto terapéutico y en casos de violación.

— Ha circulado en redes una foto suya junto al pastor José Linares, quien causó polémica con declaraciones contra los homosexuales.
No porque me tomo una foto con usted voy a compartir sus opiniones. No guardo en la memoria cuántas fotos me he tomado con la gente. Eso de ninguna manera me hace comulgar con sus puntos de vista. De allí que una persona ponga una foto en la web no me hace partícipe de su religión o sus ideas.

— ¿Rechaza las frases del pastor?
Las desconozco, pero cualquier frase que esté en contra de un sector de la población tiene que ser rechazada enérgicamente por mí porque implica una transgresión al principio de igualdad o discriminación. 

— La fiscalía archivó otra vez el caso de las presuntas esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. ¿Cuál es su postura sobre este fallo?
Tenemos que creer en la ley y la justicia, cuando la ley no nos gusta, entonces la ley es mala. Cuando un candidato es elegido defensor no hay transparencia, pero si sale mi candidato, sí. Cuando una sentencia me gusta, entonces está bien, pero cuando no me gusta, no está bien. O creemos en el sistema o no creemos. Hace rato que el país necesita mirar hacia adelante, solucionar problemas urgentes. Si existe algún recurso que se pueda presentar, que se presente, pero no politicemos los procesos.

—Uno de los absueltos en ese caso, el ex ministro fujimorista Alejandro Aguinaga, ha dicho que con su elección como defensor los ‘caviares’ ya no estarán en la defensoría.
Yo no soy antifujimorista, antiaprista, anticaviar, no soy antinada, yo soy proactivo, soy una persona a la que le gusta hacer cosas, no discrimino y no tengo prejuicios. Aquellos que me han calificado tienen prejuicios, probablemente algunos lastres mentales, pero yo no los tengo.

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