(Foto: EFE)
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El Facebook oficial del prófugo ex presidente está actualizado. Destaca una foto de su última participación en un evento de las Naciones Unidas, en Nueva York, encuentro en el que reapareció públicamente en mayo pasado –la última vez que se le ha visto– y que hasta generó una protesta del Perú ante el organismo internacional por esta invitación.

De perfil tiene una foto junto a su esposa, la también prófuga Eliane Karp, acompañado por un mensaje de aliento para el Mundial de Fútbol en Rusia: no parece que Alejandro Toledo, desde hace un año, tuviese una orden de captura nacional e internacional por el presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht.

En los últimos doce meses, lo que más ha compartido desde sus redes sociales han sido –y son– las publicaciones del grupo Toledo, No a la Persecución Política. Y es que ese ha sido el argumento principal de su defensa en todo el año que ha pasado: que la prisión preventiva se trata de una persecución política. El tratado de extradición con Estados Unidos es claro sobre este punto. No se concederá cuando el delito por el cual se solicita sea de carácter político.

Lo cierto es que la orden de prisión preventiva existe y Alejandro Toledo se ha resistido a cumplirla hasta ahora. En realidad, a cumplirlas: tiene dos órdenes de este tipo y la segunda se dictó poco tiempo después por el Caso Ecoteva. En esta última está incluida Eliane Karp. Hoy serán renovadas por seis meses más los pedidos de captura contra el ex mandatario.

—Los avances—
“Voy a mencionar un precepto moral fundamental de la sociedad incaica: ‘Ama sua’, no seas ladrón”. De esta forma, el fiscal Hamilton Castro, líder del equipo especial anticorrupción, inició la sustentación del requerimiento de prisión preventiva contra Toledo el 9 de febrero del 2017. Se trataba de una audiencia histórica que culminó con una decisión judicial histórica.

Aquella vez escuchamos decir al fiscal Castro que la constructora brasileña hizo 18 depósitos a empresas ‘offshore’ vinculadas a Josef Maiman –ahora ex amigo del ex presidente y colaborador en este caso– por un total de US$ 9’626.010.

Castro mostró como principal elemento la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía. Él declaró que entregaron US$20 millones al ex mandatario. En este momento se confirmó que Barata se estaba convirtiendo en el hombre que delataría las principales coimas pagadas en el país y cuyo testimonio enviaría a prisión a más de un político.

Desde un principio, la fiscalía y el Gobierno anunciaron que habían optado por el camino de la extradición. El ex líder de Perú Posible decidió quedarse en San Francisco, California, en Estados Unidos. En esa ciudad se le vio pocas semanas después de la orden de prisión: tranquilo, paseando y comiendo en restaurantes. Alejandro Toledo nunca tuvo impedimento para salir del Perú.

El 29 de diciembre, la fiscalía envió formalmente el requerimiento de extradición al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho. El magistrado debe ahora armar este cuadernillo y enviarlo a la Corte Suprema para su aprobación.

Este Diario pudo conocer que la elaboración del cuadernillo está avanzada en más de un 50%. Fuentes judiciales precisaron que en el despacho de Concepción Carhuancho consideran que las autoridades del estado de California son de las “más garantistas” del país norteamericano.

Desde enero, la fiscalía ha enviado tres veces al despacho de Concepción Carhuancho más información –serían más pruebas tras la colaboración de Maiman– para que se fortalezca el pedido de extradición. El juez ha solicitado a Castro una última subsanación, que deberá hacerse antes del lunes 12, para terminar el cuadernillo y enviarlo este mes.

No bastará, sin embargo, con que el juez cumpla con lo que exige el tratado de extradición con EE.UU., vigente desde el 2001 cuando Alejandro Toledo era presidente de la República. La decisión final de enviar el cuadernillo a la justicia estadounidense es política y la tiene el Consejo de Ministros.

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