El alto precio de la libertad, una crónica por Fernando Vivas

Kenji Fujimori, entrevistado en El Comercio, dijo que si PPK daba el indulto “el día X, Y o Z, siempre iba a ser polémico”. Tiene razón. Pero concederlo tres días después de salvarse de la vacancia con votos albertistas, ocultar la decisión tomada a gente que lo ayudó y evitar reunirse con los familiares de las víctimas, llevó la polémica a un extremo al que quizá no hubiera llegado en otras circunstancias, al extremo de provocar serias movidas para revertirlo y, de paso, anular el derecho de gracia concedido.

He conversado con fuentes ligadas a los deudos, a su defensa legal, a la Defensoría del Pueblo, activistas pro derechos humanos y antifujimoristas, para que me cuenten antecedentes de esas movidas y proyectar sus alcances.

—Menuda gracia—
El antiindulto empezó mucho antes que el indulto, antes de que PPK se ciñera la banda. Había provocado ya que Humala desistiera de otorgarlo cuando invitó a la familia Fujimori a solicitarlo en el 2012. Esa vez, al revés que PPK, Humala se basó en un informe médico moderado que diagnosticó males con remedio y evitó recomendar si debía permanecer en arresto o no. Una importante fuente me contó que este sería uno de los varios informes médicos que obran en el expediente que el Ministerio de Justicia (Minjus) ya envió a la Corte IDH en San José. Tan caprichoso historial médico podría provocar –sigo el razonamiento de esa fuente– que la corte, tras revisar el indulto en la audiencia prevista para el 2 de febrero, plantee realizar un peritaje con una junta médica internacional. Y Fujimori podría resistirse a ese examen, provocando más dilaciones en el caso.

Volvamos a la línea de tiempo. Al final del humalismo, hubo otro intento de indulto, muy apurado, que se abortó por obra del primer ministro Pedro Cateriano. Mientras ello pasaba, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los familiares de las víctimas y el activismo No a Keiko se acercaban a PPK atemorizados ante el prospecto de un fujimorismo con mayoría congresal absoluta. PPK firmó un compromiso donde estaba explícito que continuaría la política de reparaciones e, implícito, que no indultaría. Otro compromiso similar fue firmado ante el monumento “El ojo que llora”, por Gino Costa, quien se encargó de las relaciones con este sector forzadamente ppkausa y tradicionalmente antifujimorista.

Fue precisamente Costa a quien recurrió Jorge Bracamonte, cabeza de la CNDH, en los últimos meses del año pasado, para buscar un encuentro de PPK con los deudos. No solo resentía sus declaraciones pro indulto, sino el cambio de Marisol Pérez Tello, quien mantuvo un operativo sistema de reparaciones (el CMAN a cargo del ya renunciado Daniel Sánchez), por Enrique Mendoza.

De buena fuente, sé que Costa instó a PPK para que este recibiera al grupo, pero el presidente le replicó que no él sino Mercedes Aráoz los recibiría para hablar de la agenda de derechos humanos en general. Costa trató de que se produjera esa reunión, pero sus interlocutores solo aceptaban hablar con Aráoz a condición de que se tocara abiertamente el tema del indulto y luego, de todos modos, los recibiera PPK. El gobierno no cedió; los deudos tampoco.

Valgan estos antecedentes para entender por qué el indulto disparó tanta protesta y cuestionamiento. Al no reunirse con los deudos y la CNDH, PPK perdió la posibilidad de atenuar el impacto de su medida. Prefirió preservar su decisión en el secreto y la sorpresa; antes que exponerla a la presión contraria, que la hubiera abortado o, quizá, mejorado.

—Defensor al ataque—
Casi inmediatamente, se abrió el primer frente legal antiindulto. Nada menos que supranacional. Varias ONG (Aprodeh, IDL, Fedepaz, Cejil, Comisedh) pidieron el 26 de diciembre a la Corte IDH que convoque a una ‘audiencia de supervisión’, y esta respondió al día siguiente, convocándola para el 2 de febrero.

Otro frente judicial inmediatamente abierto fue el interno y, curiosamente, lo avivó la defensa de Fujimori. Su abogado, Miguel Pérez Arroyo, pidió al Poder Judicial sustraer a AF, en virtud del derecho de gracia, del juicio por la matanza de Pativilca. La audiencia ocurrió el viernes. No sabemos si el fallo, que tardará no más de 15 días, ignorará el derecho de gracia, pero sí sabemos que un nuevo actor político será una referencia para lo que suceda. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó el miércoles pasado un informe en el que sustenta que tanto el indulto como el derecho de gracia no cumplen estándares legales. Al presentarlo dos días antes de la audiencia del Caso Pativilca, delató la intención de dar a los jueces un referente crítico de la gracia. Aunque sorprendió que se inmiscuyera en un asunto atípico para la defensoría (DP), no era un enfoque nuevo. El mismo 24 de diciembre, antes de que se oficializara el indulto, la DP había lanzado un comunicado recalcando el marco normativo que tenía que respetar el presidente.

Los días siguientes fueron agitados para la DP y el gobierno. El Minjus reclutó a conocidos abogados como Carlos Chipoco para defender el indulto y la gracia en los medios y consultó a varios ilustres. Incluso llamaron al propio Gutiérrez y este, cuentan fuentes de su equipo, dio a entender que en San José el gobierno podría llegar a un ‘empate’: la corte podría pedir al Perú que ordene revisiones y peritajes al indulto, pero evitando ser taxativa al sugerir que este se anule, pues ello podría provocar una desobediencia que preferirían evitar. Ya hubo desplantes de Brasil y Ecuador, y San José no quisiera arriesgarse a sumar al Perú a los desobedientes.

Preguntadas las fuentes sobre la posibilidad de que Gutiérrez quiera favorecer al ‘keikismo’ manteniendo al padre ocupado en citas judiciales, me dijeron que este nunca simpatizó con Fujimori y que, más bien, busca posicionarse políticamente como un defensor opuesto a que un presidente que marcó la historia del Perú con corrupción vuelva a la escena pública. A estar atentos a esta y a otras movidas contra las gracias presidenciales.

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