El escándalo de Carlos Moreno, que estalló en setiembre del 2016, generó una de las primeras caídas en la aprobación de PPK a 55% en el mes de octubre. (Archivo El Comercio)
El escándalo de Carlos Moreno, que estalló en setiembre del 2016, generó una de las primeras caídas en la aprobación de PPK a 55% en el mes de octubre. (Archivo El Comercio)
Redacción EC

La fiscalía anticorrupción ha pedido cinco años de cárcel para el ex consejero presidencial por el delito de negociación incompatible, en calidad de instigador, por las presuntas coordinaciones para beneficiar a una entidad privada al derivarle pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS).

De acuerdo a la acusación fiscal, Carlos Moreno habría aprovechado su condición de consejero presidencial y responsable del Centro de Referencia Nacional en Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loayza para favorecer irregularmente a la Clínica de Osteoporosis S.A.C. en la atención de los beneficiarios del convenio suscrito entre el SIS y el Arzobispado de Lima.

En la acusación, la fiscal Sánchez pidió también que se condene a cinco años de prisión al ex jefe del SIS, Julio Acosta Polo; y al ex gerente de Negocios y Financiamiento de dicha institución, Carlos Augusto Aguirre Paredes, en calidad de autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

Asimismo, se solicitó cinco años de prisión contra los ex funcionarios del SIS: Samantha Mendoza Rueda, Gustavo Gastón Castillo Aguirre, Nilda Terrones Valera y Andrés Fernando Rodríguez Ojeda; así como al ex gerente general de la Clínica de Osteoporosis S.A.C., Aldo Umberto Peirano Castillo, en calidad de cómplices del delito de negociación incompatible.

Para la fiscalía, los ex funcionarios omitieron sus funciones para favorecer el direccionamiento irregular de pacientes a dicho establecimiento clínico, permitiendo que se tercerizaran ciertos servicios pese a que no cumplía con las condiciones legales vigentes.

La acusación fiscal fue presentada a la jueza Sonia Bazalar Manrique, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien deberá fijar fecha para la audiencia.

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