Caso Interoceánica: incorporan al proceso penal a cuatro consorciadas

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió incorporar a Graña y Montero S.A.A., GyM S.A., JJ Camet Contratistas Generales S.A., e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICGGSA) a la investigación penal que hace la fiscalía por la adjudicación a Odebrecht de los tramos 2 y 3 de la de la carretera Interoceánica Sur.

La fecha de la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular de la mencionada instancia, es del 28 de febrero del 2018.

El documento explica que para incorporar a una persona jurídica como sujeto investigado del proceso se debe cumplir con el mismo estándar probatorio exigido para las personas naturales, referido a la existencia de indicios reveladores de la existencia del delito o de delitos.

Remarca, además, que la incorporación de las personas jurídicas no significa que se les imponga una consecuencia accesoria (posible sanción), ya que ello será definido al final de la investigación.

Tras esto, la resolución apuntó que Graña y Montero S.A.A., JJ Camet Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles
y Contratistas Generales S.A. (ICGGSA) y GyM S.A. deberán cumplir con designar a un apoderado judicial dentro del plazo de cinco días.

Con base en este hecho, Luis Francisco Díaz Olivero, gerente general corporativo de Graña y Montero S.A.A., notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores sobre la decisión adoptada por el Poder Judicial.

"Esta decisión constituye, simplemente, el emplazamiento e incorporación de las compañías al proceso, no significa la imposición de una consecuencia accesoria o sanción", remarcó Díaz Olivero.

En ese sentido, señaló que Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A. podrán ejercer su derecho a la defensa, presentar medios de prueba y alcanzar la verdad en el proceso penal.

"Ahora bien, dado que consideramos que el juez no ha evaluado los requisitos necesarios para la incorporación ni ha analizado ninguno de los argumentos expuestos por nuestra defensa, apelaremos la decisión", anunció el empresario.

Durante la audiencia llevada a cabo en febrero, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro sustentó su requerimiento basado en la tesis de que los ex directivos Gonzalo Ferraro Rey por Graña y Montero, Hernando Graña Acuña por GyM, Fernando Camet por JJC Contratistas Generales y José Fernando Castillo Dibós por ICCGSA, “tomaron la decisión” de pagar una presunta coima al ex presidente Alejandro Toledo a través de sus utilidades.

“Este delito, lavado de activos en la modalidad de conversión, fue perpetrado y estas decisiones fueron tomadas en el marco de las juntas generales de accionistas, es decir dentro de la actividad empresarial”, dijo aquella vez el fiscal.

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