Continúan los blindajes en el Congreso. Esta vez, la Comisión de Ética, presidida por Alex Paredes (Bloque Magisterial), libró al parlamentario José Jerí (Somos Perú) de ser denunciado de oficio por el caso de presunta violación sexual contra una joven de 31 años. El tema fue abordado más de un mes después de haberse hecho público.
La decisión de no denunciar de oficio a Jerí fue anunciada por Paredes en la sesión de este jueves 6 de febrero y ningún integrante de la comisión la cuestionó o pidió que sea reconsiderada.
Para tomar esta decisión, Paredes solo evaluó los argumentos de Jerí y no del Ministerio Público o la defensa legal de la denunciante.
En la sesión estuvieron presentes Jorge Marticorena (APP), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular), Margot Palacios (No agrupada), Kelly Portalatino (Perú Libre), Elvis Vergara (AP), María Zeta Chunga (Fuerza Popular) y Nelcy Heidinger (APP). Todos ellos guardaron silencio.
Como se recuerda, Jerí y un amigo suyo, el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, fueron denunciados por una mujer de 31 años, quien asegura que ambos participaron en la agresión sexual hacia ella, el pasado 29 de diciembre.
La denuncia fue presentada ante la fiscalía por la presunta agraviada el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, el caso recién se hizo público el 8 de enero a partir de un reportaje del portal Epicentro.
Al día siguiente, José Jerí envió un oficio al presidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes, para solicitarle que inicie “de oficio la investigación correspondiente”.
Posteriormente, el 4 de febrero, reiteró su pedido mediante otro oficio y pidió que el documento sea leído durante la sesión de este jueves 6.
En la carta instó a sus colegas a que tomen en cuenta las diligencias ya avanzadas en sede fiscal y requirió que el proceso se lleve en reserva para “garantizar la integridad de la denunciante” y no “revictimizarla”.
De otro lado, Paredes afirmó que, apenas tuvo conocimiento de los hechos, pidió al propio Jerí que envíe un informe sobre lo ocurrido. Sin embargo, no precisó si, en algún momento, buscó contactarse con los abogados de la agraviada.
Solo mencionó que, pese a haber solicitado copia de todos los actuados a la Fiscalía de la Nación, aún no ha recibido nada.
El titular de la Comisión de Ética se refirió también al caso de Freddy Díaz Monago, un exparlamentario de APP que fue condenado en agosto del 2024 por haber abusado sexualmente de una trabajadora del Congreso.
Paredes señaló que Díaz solo fue procesado por el grupo de trabajo por “haber libado licor” y haber reconocido que “mantuvo relaciones sexuales” dentro de las instalaciones del Congreso. “Mas no realizamos ni investigación, ni pronunciamiento por el delito contra la libertad sexual al considerar que esa investigación le corresponde al Ministerio Público”, subrayó
Agregó que, en el caso de Jerí, los presuntos hechos no ocurrieron en el Congreso y se debe tomar en cuenta que hay otra persona que también ha sido denunciada. Por lo que consideró que, de momento, el único ente competente para investigar al legislador es el Ministerio Público.
“Por tales razones, consideramos que, por el momento, esta presidencia y la comisión no podrían formular una denuncia de oficio al no tener elementos que puedan determinar la vulneración a la ética del congresista José Jerí”, expresó Paredes.
Mira aquí la sesión de la Comisión de Ética:
Este Diario buscó contactarse con Alex Paredes y los integrantes de la Comisión de Ética, pero al cierre de este informe solo respondió Kelly Portalatino (Perú Libre).
La legisladora perulibrista defendió la posición de no denunciar de oficio a Jerí. “Tengo entendido que hay varios acusados sobre el nefasto hecho [...] El Ministerio Público ya inició un proceso de investigación y bajo ese criterio se ha tomado esa decisión”, dijo.
También intentamos comunicarnos sin éxito con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y los integrantes de la Mesa Directiva.
De otro lado, la legisaldora Ariana Orué (Podemos Perú) opinó que la Comisión de Ética perdió la oportunidad de indagar este caso. No obstante, subrayó que, en este tipo de temas, el grupo de trabajo solo debe avocarse a la parte de las infracciones al código de ética parlamentario.
- En julio del 2022, Díaz Monago, entonces integrante de APP, fue denunciado por una trabajadora del Congreso por violación sexual. El caso siguió un largo camino tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales.
- Aquella vez, Ética recomendó la máxima sanción: suspensión de 120 días, sin goce de haberes. En tanto, la subcomisión recomendó inhabilitarlo por 10 años de la función pública.
- Aunque, inicialmente el pleno lo blindó, finalmente fue inhabilitado y, en su reemplazo, ingresó Nelcy Heidinger, una de los legisladores que guardó silencio sobre la decisión de no investigar a José Jerí.
- En agosto del 2024, Díaz Monago fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión.
Cuestionamientos
Las exministras de la Mujer Ana Jara y Rosario Sasieta criticaron la decisión.
Jara señaló que el grupo de trabajo abdicó de aplicar contra Jerí lo que establece el propio código parlamentario.
“El congresista tiene que respetar la investidura del cargo. No solo debe conducir su vida dentro del hemiciclo sino fuera de este. Tiene que ser coherente de dar una imagen de respeto a las leyes, las buenas costumbres y cuidar que su desempeño, tanto como congresista como personalmente, pueda empañar o desprestigiar al Congreso. Es lo que dice el código parlamentario”, expresó.
A juicio de Jara, si correspondía que la Comisión de Ética denuncie de oficio e inicie investigación. Además, señaló que, antes de tomar la decisión, era importante que el grupo de trabajo se ponga en contacto con la defensa legal de la denunciante para así evitar revictimizarla.
“Evidentemente no se le puede pedir a la víctima que vaya a declarar, eso es revictimizarla, pero sí podía hacerlo su defensa en sesión reservada. Había base legal para abrir investigación”, remarcó.
A su turno, Sasieta cuestionó que los integrantes de la comisión, en especial las mujeres, hayan guardado silencio. “Me llama la atención que no haya una postura de las bancadas. Los congresistas tienen que dar una respuesta política frente a la lucha contra la violencia contra la mujer”, indicó.
Para la exministra el argumento de que los hechos no ocurrieron dentro del Congreso se parece al que muchas veces se usa en las comisarías para no recibir las denuncias: “No es mi jurisdicción”.
“Jerí tiene que irse del Congreso, pero se están ocupando en otras cosas”, expresó también Sasieta.
¿Qué sigue tras la decisión de la Comisión de Ética?
El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi señaló que hay dos caminos.
El primero es que un congresista presente una denuncia ante la Comisión de Ética con nuevos elementos. En el caso de que esta acusación prospere, Jerí podría ser suspendido hasta por 120 días.
El segundo es una denuncia constitucional, que puede ser presentada tanto por un legislador como por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
A criterio de Rospigliosi, correspondería a esta última dar celeridad a una denuncia constitucional, pues ella cuenta con información relevante y contundente sobre el caso.
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