Congresistas de FA y APP respaldan nueva conformación de Ética
Congresistas de FA y APP respaldan nueva conformación de Ética

La congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, y su colega de Alianza Para el Progreso, Gloria Montenegro, respaldaron la propuesta de modificar la composición de la presentada por los parlamentarios de Peruanos por el Kambio Guido Lombardi y Alberto de Belaunde.

Ambas legisladoras coincidieron que la Comisión de Ética Parlamentaria debería estar integrada por personalidades externas al Parlamento permitiendo mejorar la imagen del Congreso porque ejecutarán las sanciones a los legisladores que cometan faltas a su investidura.

La congresista Gloria Montenegro indicó que este cambio debe producirse porque, hasta la fecha, la Comisión de Ética no ha dado suficientes muestras de independencia y eficiencia al sancionar las faltas de los parlamentarios.

“Considero, no solamente por un tema de objetividad o imparcialidad, que esta comisión debe estar conformada por gente de primer nivel que haya dado muestra y ejemplo de vida en término de valores y principios patrióticos, con la finalidad de mejorar la imagen del Congreso”, estimó Gloria Montenegro en diálogo con Andina.

Por otro lado, la parlamentaria María Elena Foronda consideró que los congresistas no pueden ser "jueces y partes" al mismo tiempo, pues arguyó que actualmente la bancada de Fuerza Popular está “blindando” a todos sus militantes a pesar de las pruebas sobre faltas severas al Código de Ética Parlamentaria

“Sería lo más saludable, que esté integrada por personas que sean de una ética probada, con capacidad para poder discernir, no en función de preferencias, sino de datos y hechos objetivamente verificables”, sostuvo María Elena Foronda.

Como se recuerda, los congresistas oficialistas Alberto de Belaunde y Guido Lombardi presentaron un proyecto de ley para que la Comisión de Ética Parlamentaria se conformada por un ex presidente del Congreso, un ex congresista, un profesor principal de Derecho y dos ciudadanos elegidos por la Defensoría del Pueblo y por el Acuerdo Nacional respectivamente.

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