El Gobierno presentó este viernes ante el Tribunal Constitucional la demanda contra la ley que regula la cuestión de confianza y que el Congreso aprobó por insistencia, pese a las observaciones del Ejecutivo. Tanto la primera ministra, como el titular de Justicia, Aníbal Torres, ya habían adelantado que iban a ir por ese camino porque, según señalan, la norma afecta el equilibrio de poderes.
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El documento, al que tuvo acceso El Comercio, fue presentado por el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta.
La norma publicada este jueves regula el ejercicio de la cuestión de confianza establecido en los artículo 132 y 133 de la Constitución. Precisa que la facultad de un ministro y del presidente del Consejo de Ministros de plantear una cuestión de confianza “está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente” a su política general de gobierno.
No se encuentra entre ellas “las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.
Esta es la demanda de inconstitucionalidad
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