La titular de la Comisión Belaunde Lossio, , descartó hoy que el grupo investigador que preside sea “ilegal e ilegítimo”, pues argumentó que se siguieron los procedimientos adecuados y correspondienes.

“La votación en el pleno se aprueba por 57 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y así se crea la Comisión. Esto fue aprobado en el pleno, no hay nada irregular, y que esto quede claro para todas las cuestiones planteadas. Esta no es la chacra de nadie”, dijo en diálogo con la prensa.

Asimismo, indicó que se ha producido un proceso al crear la Comisión que ella comanda, y que el retiro de la firma del legislador de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder en el curso de su conformación no influye respecto a la legalidad del grupo.

“Se pidió la Comisión, se aprobó la Comisión, él retiró su firma [Mauricio Mulder], y luego se  conformó la Comisión. Esa es una práctica parlamentaria, puede no gustar, si al oficialismo no le gusta pues que presente un proyecto de ley y que lo modifique”, manifestó.

En línea con ello, confirmó que el 31 de agosto culmina la actividad del grupo, por lo que Marisol Pérez Tello señaló que espera terminar la etapa de investigación en julio y luego de eso trabajar durante un mes para entregar el informe final.

Por otro lado, confirmó que hoy asistieron todas las personas citadas y que al ex ministro del Interior, Daniel Urresti, se le volverá a convocar especificando los temas por los cuales se le cita “porque él podría ser pasible de una acusación constitucional”.

“Él no tenía muy claro para qué había venido, cuáles son los supuestos que tienen que ver con la fuga de Martín Belaunde Lossio. En el caso del señor Figallo eso no será necesario porque él entendió con claridad qué era lo que se le estaba pidiendo aclarar y eso ha hecho, desde su perspectiva”, mencionó.

Marisol Pérez Tello reveló que algunas personas han decidido guardar silencio y que “están en su derecho de hacerlo”, sin embargo dijo que se vio obligada a aclarar que “el artículo 88 del Congreso de la República -en su inciso B- dice que las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona están en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran”.

“Es un deber no solo venir, sino también contribuir. La intervención del Ministerio Público no interrumpe las labores de la investigación. Esto me permite, además, explicarle a algunas personas que tienen dudas que nosotros no acusamos, investigamos hechos, por lo que podemos ir en paralelo”, zanjó.

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