La Contraloría emitió el informe elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el cual se concluye que el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, fue nombrado en el cargo sin haber cumplido con el requisito de tener trayectoria en defensa jurídica del Estado.
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La acción de control posterior determinó que, el nombramiento el 1 de febrero del 2020 de Soria Luján, se hizo con la publicación de una resolución suprema, sin que se contara con un informe que sustentara la legalidad del proceso.
Durante la investigación y la revisión de todos los documentos, se determinó que Daniel Soria incluyó como experiencia profesional para sustentar su nombramiento el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la OCI estableció que dicha labor “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado” específicamente.
A esto se suma que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, remitió dos informes elaborados por la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y por la Oficina General de Asesoría Jurídica, cuya conclusión es que Daniel Soria “no ha acreditado trayectoria en defensa jurídica del Estado, requisito indispensable” para el puesto.
Ante esta evidencia, el informe señala que Daniel Soria Luján fue designado como procurador general del Estado “sin cumplir con el requisito de tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado; asimismo, que la Resolución Suprema N.° 017-2020-JUS de 1 de febrero de 2022, mediante la cual se le designó en el citado cargo fue emitida sin contar con el informe técnico o legal que sustente su designación como Procurador General del Estado”.
El documento, elaborado por la jefa del equipo de la OCI, Lisbeth Rosana Peña Caja, y por el supervisor José Carlos Guerrero Flores, cuenta con la aprobación del titular de la oficina, Jorge Antonio Llamoctanta Trejo.
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