Disolución del Congreso: once hitos de la controversia a la que el TC puso fin

Casi cuatro meses han pasado desde que el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso, un hecho que se convirtió en el punto más álgido de la crisis política protagonizada por el Ejecutivo y el Congreso, donde Fuerza Popular pasó de tener una mayoría absoluta tras las elecciones del 2016 a una simple. Pero el último martes, el Tribunal Constitucional (TC) adoptó una decisión trascendental poniendo fin a la historia de confrontación entre ambos poderes del Estado.

El TC declaró infundada la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, contra la medida del mandatario Vizcarra.

Tras la sesión del pleno del organismo, su presidenta Marianella Ledesma encabezó un pronunciamiento dando cuenta de la aprobación de la ponencia del magistrado Carlos Ramos, quien había recomendado desestimar la demanda de Olaechea.

A continuación, los hitos de esta controversia.

—La elección de nuevos magistrados del TC—

Hacia fines de setiembre del 2019, el entonces Congreso de la República llevaba a cabo el procedimiento de elección de nuevos magistrados del TC, puesto que del total de siete integrantes de la institución, seis ya tienen el mandato vencido.

El 20 de ese mes se anunció que la sesión del pleno para elegir a los seis nuevos magistrados se iba a desarrollar el 30 de setiembre, luego de que la comisión especial de selección entregara su informe con los candidatos recomendados.

Sin embargo, cinco de las once bancadas existentes entonces (Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Bancada Liberal y Unidos por la República) y el exlegislador Yonhy Lescano (Acción Popular) presentaron una solicitud para que se suspenda la elección, pues consideraron que el procedimiento no cumplía con el procedimiento regular ni la debida motivación.

“Es materialmente imposible que, en solo 30 minutos, la Comisión Especial con seis miembros presentes realicen ‘una amplia deliberación y evaluación de las propuestas’”, cuestionaron. En ese contexto, el presidente Vizcarra también opinó sobre el asunto. Manifestó que “las instituciones del Estado son de todos los peruanos, no de algunos grupos, por más representación política que tengan”. Y añadió que “la construcción de una democracia sólida, legítima y representativa pasa por fortalecer las instituciones, no por manipularlas ni capturarlas con fines subalternos”.

Finalmente, el pleno llevó a cabo la elección —previo rechazo a una cuestión previa de Indira Huillca (Nuevo Perú) para suspenderla—, pero solo alcanzó los votos necesarios el candidato Gonzalo Ortiz de Zeballos, primo de Pedro Olaechea. Sin embargo, el TC decidió no incorporarlo al considerar que el proceso de su elección no había concluido, por lo que señalaron que el nuevo Congreso deberá de resolver dos recursos de reconsideración presentados por Patricia Donayre (Unidos por la República) y María Elena Foronda (Frente Amplio). El nombramiento, además, no se ha publicado en el diario oficial “El Peruano”.

—La tercera cuestión de confianza—

Ese fue un nuevo movimiento del Ejecutivo luego de un golpe desde el Congreso, puesto que la Comisión de Constitución —que presidía Rosa Bartra (Fuerza Popular)— archivó el 26 de setiembre con 13 votos a favor y 1 en contra el proyecto que había presentado el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales del 2021 a abril del 2020.

Ante ese ejecutivo, el entonces primer ministro Salvador del Solar, rodeado de los miembros de su Gabinete en conferencia de prensa, hizo una advertencia que luego iba a desatar otra tormenta: “Nuestro gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados”.

Un día después de la decisión de la Comisión de Constitución, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación anunciando la presentación de una nueva cuestión de confianza —la tercera de su gobierno—, esta vez acusando que los mismos sectores del Congreso que archivaron el proyecto de adelanto de elecciones ahora querían “tomar el control del TC” en busca de impunidad. Del Solar oficializó posteriormente la solicitud pidiendo realizar su sustentación el lunes 30 de setiembre.

—La advertencia de Vizcarra—

Dos días después, las miradas —quizá unas sorprendidas y otras no— se posaron sobre Vizcarra. Durante una entrevista con “Cuarto Poder” la noche del domingo 29 de setiembre, el jefe de Estado reconoció de forma explícita que sí manejaba la posibilidad de disolver el Parlamento.

Pero no solo eso, adelantó que iba a interpretar denegada la cuestión de confianza si los legisladores realizaban primero el proceso de elección de los nuevos magistrados del TC en vez de recibir a Del Solar. Y así ocurrió.

Aquella noche, por un lado, varios ministros compartieron casi al unísono mensajes en Twitter mencionando que el gobierno seguía firme en la “lucha frontal contra la corrupción y la impunidad”, así como el fortalecimiento de las instituciones. Asimismo, abogaban por una elección de los miembros del TC plural, pública y transparente.

En la otra orilla, desde la oposición congresal se sostenía que no se podría interferir en un proceso en trámite y se acusaba un “capricho” del mandatario.

—El accidentado ingreso de Del Solar al hemiciclo—

Aquel 30 de setiembre fue un día que marcó la historia reciente del Perú, que fue la cumbre de la crisis. Del Solar llegó minutos antes del as 8 a.m. al Parlamento y el primer obstáculo que encontró fue esperar hasta las 9 a.m. para que abriera la Mesa de Partes y pueda ingresar el proyecto de ley para modificar la ley orgánica del TC, sometido a confianza.

Otro revés significó el hecho de que la Junta de Portavoces acordara rechazar la ampliación de agenda para que se discuta una moción que pedía suspender la elección y determinara que la cuestión de confianza se debata después de la designación de los magistrados del TC.

Vinieron luego los forcejeos en una de las puertas laterales del ingreso directo al hemiciclo: Del Solar intentaba entrar para presentar la cuestión de confianza, pero miembros de seguridad del Legislativo e incluso parlamentarios de al menos cuatro bancadas bloqueaban el acceso, mientras que oficialistas pugnaban porque el primer ministro pueda entrar.

Las imágenes dieron cuenta de un tremendo desorden tanto dentro, como fuera del hemiciclo. Finalmente, Olaechea autorizó la entrada de Del Solar, aunque este lo hizo sin sus asesores —como se acostumbra— por orden de la exprimera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Karina Beteta.

Del Solar pudo hablar por el tiempo que le cedió el exlegislador Gino Costa, aunque agradeció la “cortesía” de Olaechea para que se pueda expresar. “Sin embargo, es el artículo 29 de la Constitución el que me faculta usar el uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía”, añadió.

“Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera que hay que hacer uso de transparencia o para que nos la nieguen si consideran que va a seguir adelante con dicho procedimiento”, finalizó especificando concretamente su pedido.

—Vizcarra y el anuncio de la disolución—

A las 5:41 p.m. de ese30 de setiembre, el presidente Vizcarra anunció su decisión de disolver el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias.

El mandatario tomó tal determinación al considerar que hubo una denegación “fáctica” de la cuestión de confianza que había planteado el Ejecutivo en torno a al proyecto de ley que buscaba modificar la elección de miembros del TC. Uno de los tantos hechos de aquel día fue que la propuesta gubernamental fue finalmente aprobada casi en simultáneo —y con evidente apuro— al mensaje a la nación.

Pero tal aprobación se dio horas después de la presentación de la cuestión de confianza, luego de la accidentada intervención de Salvador del Solar y pese al pedido de este para que se debata primero la propuesta, en vez de que el pleno siga con el proceso de elección de los nuevos miembros del TC, tal como ocurrió.

Vizcarra acusó “la desvergüenza de la mayoría parlamentaria, trabajando para blindar a los suyos”. “Desde el Congreso se intentó impedir al primer ministro ingresar al hemiciclo, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y se eligió al primer miembro del tribunal exprés en una duda votación”, también señaló.

Finalmente, aseveró: “Ante la negación fáctica de confianza, decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”. “Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, acotó.

—La respuesta inmediata del Congreso disuelto—

Más de dos horas después del anuncio de Vizcarra, la respuesta del Parlamento ya disuelto vino en tres actos. Primero, 79 votos a favor aprobaron la admisión a trámite de una moción de vacancia e incluso se fijó para el 4 de octubre la fecha para que el mandatario brinde sus descargos, lo que no ocurrió.

En segundo lugar, las fujimoristas Rosa Bartra y Alejandra Aramayo sustentaron una segunda moción, esta vez de suspensión a Vizcarra por doce meses por “incapacidad temporal declarada por el Congreso”, debido a la “ruptura del orden constitucional”. La medida fue aprobada con 86 votos.

Quien no votó fue Mercedes Araoz, entonces legisladora no agrupada y primera vicepresidenta. Y es que ella protagonizó el tercer acto: minutos después de las 9 p.m. ingresó al hemiciclo con un discurso entre sus manos y juró como presidenta encargada, bajo los aplausos de Fuerza Popular.

Tales actos, sin embargo, no han surtido efecto. Es más, solo un día después, Araoz renunció al cargo de segunda vicepresidenta del Perú, el cual alcanzó tras las elecciones del 2016 por integrar la plancha del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski junto a Vizcarra. También anunció su decisión de “declinar del encargo conferido” por el Parlamento disuelto.

Además, brindó declaraciones a distintos medios extranjeros y admitió que su juramentación —realizada sin banda presidencial— fue un “acto político” simbólico. “Considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República”, aceptó en su carta de renuncia.

—La demanda competencial—

Olaechea presentó el 10 de octubre una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, elaborada por un equipo de asesores contra la disolución del Parlamento. Entre sus argumentos, sostuvo que el Ejecutivo no tiene competencia para solicitar una cuestión de confianza sobre atribuciones que le corresponden exclusivamente al Legislativo, como el proceso de selección de los nuevos magistrados del TC.

También pidió al TC aclarar que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa por el Congreso, por lo que instó a que se declare nula la disolución.

Al presentar el documento, Olaechea lo firmó como presidente del Congreso.

También presentó una medida cautelar para que se suspendan los efectos del Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, que oficializó la disolución y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero.

—La demanda admitida a trámite—

El 29 de octubre, los siete miembros del pleno del TC acordaron por unanimidad admitir a trámite la demanda de competencia presentada por Olaechea, como había planteado el ponente del caso, Carlos Ramos. Sin embargo, por mayoría rechazaron admitir la medida cautelar porque “podría ponerse en riesgo el calendario electoral”, acotó el magistrado.

Días después, al notificar la decisión a las partes, el oficio dirigido desde el TC a Olaechea consignaba a este como presidente del Congreso de la República. El pleno decidió, posteriormente, corregir el documento y dirigirse al miembro del Parlamento disuelto como titular de la Comisión Permanente, organismo legislativo actualmente vigente.

En la notificación, el TC precisó que el recurso “no suspende” el actual cronograma electoral y que la sentencia que se emita tendrá “efectos a futuro”. También señaló un aspecto importante: que parte de la controversia consiste en determinar si quien preside la Permanente tiene facultades para interponer la demanda y si dicho organismo legislativo tiene las facultades del pleno o se imita a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución (tramitar los decretos de urgencia del Ejecutivo).

—La respuesta del Ejecutivo a la demanda—

Lo hizo el 22 de noviembre a través del procurador público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia, Luis Huerta Guerrero, a través de un documento de 46 páginas ingresado al TC.

Según declaró a la prensa el funcionario, la demanda competencial no realiza un análisis del artículo 134 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a disolver el Congreso.

“La parte demandante ni menciona ese artículo [...] que no puede interpretarse de forma literal señalando que el Congreso solo niega la confianza cuando vota en negativo. Lo que plantea el Ejecutivo es que la negación de confianza también se puede plantear a través de la conducta del Congreso de comportarse en contra de lo que se le ha solicitado”, sostuvo.

—La audiencia pública—

El 4 de diciembre, el pleno del TC realizó en Lima la audiencia en la que se escuchó a las partes.

Durante la sesión, Olaechea sostuvo que el Ejecutivo buscaba “arrodillar” al Congreso. Luego, a través de Twitter, aseveró que lo que hizo fue defender los fueros del Congreso ante el TC y añadió: “…Quiero decirles que seremos respetuosos de la decisión que adopte el máximo intérprete de la Constitución”.

El procurador público Luis Huerta Guerrero, especializado en materia constitucional, acudió en representación del Ejecutivo. “Si fallan a favor de la parte demandante (Congreso de la República), estarán lamentablemente avalando un fraude a la Constitución y la cuestión de confianza. Si la declaran infundada, estarán a favor de la deliberación política en asuntos públicos por parte de la ciudadanía en su conjunto", manifestó a los magistrados.

También se hicieron presentes el procurador del Parlamento, Jorge Campana, y el abogado constitucionalista Enrique Guersi, como parte de la defensa del Legislativo.

—El punto final: la votación del TC—

El debate se desarrolló el último martes 14 de enero y ese mismo día se votó la ponencia del magistrado Carlos Ramos, que recomendaba declarar infundada la demanda competencial. La decisión por mayoría declaró que la disolución del Congreso fue legítima y constitucional.

Carlos Ramos, Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña votaron a favor, mientras que José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Ernesto Blume lo hicieron en contra.

La ponencia de Ramos admite “supuestos extraordinarios” respecto a la denegatoria congresal a una cuestión de confianza, aunque el magistrado ha adelantado que la sentencia a emitirse en unos días contendrá casos en los que no procede dicha prerrogativa presidencial y precisiones sobre la misma, como sugirieron algunos de sus colegas.