“Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable”

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, espera desde hace siete años que este órgano adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pueda acceder al secreto bancario y tributario para combatir mejor el lavado de activos. Advierte que una negativa definitiva del Parlamento tendría serias consecuencias económicas para el país. 

— ¿Por qué es necesario que la UIF acceda al secreto bancario y tributario?
Las UIF existen para convertir los reportes de información sospechosa que reciben de bancos, inmobiliarias o notarios en un informe analítico que pueda ser utilizado por el Ministerio Público para una investigación penal. Pero no podemos ver si el reportado tiene cuentas en otros bancos. Sin  acceso a esa información nuestro análisis será incompleto. 

— El primer ministro precisó que se hará con autorización judicial, ¿pero qué garantías hay de que no se abusará de la atribución?
No es información nueva porque la información tributaria ya está bajo reserva en la Sunat. No tiene sentido hacer una ley para persecución política si es que la información ya está disponible. La UIF tiene mecanismos de seguridad como el polígrafo, el que no se pueda usar USB en sus computadoras, ni teléfonos en las oficinas, etc. 

— ¿Sus funcionarios también están prohibidos de militar en un partido?
Claro. Además, nunca he recibido una llamada que me haya dicho hazlo así o de otra manera.  

— La UIF entrega 100 informes al año a la fiscalía. ¿Quiere decir que esta tiene que decidir si abre o no investigación penal en base a informes incompletos?
Las posibilidades que tienen [nuestros informes] de ser lo suficientemente atractivos, interesantes, convincentes, son menores para el fiscal, naturalmente, a diferencia de lo que podría ser si tuviera toda la información. Una cosa incide en la otra.

— El congresista Héctor Becerril dice que es inconstitucional que la UIF pueda compartir información con la ONPE o el JNE.
No veo las razones. Ojo que no estamos hablando de pedir el levantamiento de la información y trasladar eso a la ONPE o al JNE. Lo que se daría a la ONPE es copia de nuestro informe que va a la fiscalía, de manera confidencial para su investigación de los aportes de campaña. 

— ¿En qué casos levantarían el secreto bancario del aportante a un partido?
Por ejemplo si tiene una denuncia por narcotráfico. Pero si no tiene antecedentes penales ni una denuncia fiscal ni aparece en los informes de la UIF, no se pedirá el levantamiento. 

— Se dice que el fujimorismo se opone a dar estas facultades para blindar al ex congresista Joaquín Ramírez, investigado por lavado.
La información que nosotros solicitamos es para una etapa previa, cuando están saltando alertas en los bancos. En el caso [de Joaquín Ramírez] el Ministerio Público ya lo está trabajando y ellos tienen mecanismos para que, vía judicial, levanten los secretos que correspondan. 

— ¿Si el Congreso no les da estas atribuciones cuáles serán las consecuencias en el ámbito internacional?
Somos parte del grupo Egmont que reúne a las 152 UIF del mundo. [Estas atribuciones] son necesarias para ser un país confiable en cooperación internacional e inteligencia financiera. También corremos el riesgo de salir en otra lista de países identificados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como países que no cumplen sus obligaciones y eso tiene consecuencias económicas. Se puede generar retraso y encarecimiento de líneas de crédito para comercio exterior, pérdida de posición en la calificación de riesgo país, tiene muchos efectos. El mundo mira.

MÁS EN POLÍTICA: