Tratado de extradición con Francia tenía opinión favorable

“Consideramos que el tratado aprobado debe ser renegociado”. Esta es la conclusión del Informe 164-2015, emitido por el Ministerio de Justicia (Minjus) el pasado 21 de diciembre y al que El Comercio tuvo acceso.

Es debido a esta recomendación que el presidente Ollanta Humala habría tomado la decisión de no promulgar el tratado de extradición con Francia, pese a que ya había sido aprobado por el pleno del Congreso.

El informe señala que “advierte una contradicción entre el tratado y la legislación francesa”, pues está última permite que una persona que no tiene la nacionalidad francesa al momento de cometer un delito, y que la adquiere después de ese acto, no pueda ser extraditada.

Este hecho habría generado, como argumenta el propio informe, “incertidumbre respecto a la ejecución del tratado”.

No obstante, para el experto en derecho internacional Gattas Abugattas, este informe genera, por decir lo menos, sospechas. “Nunca he visto un caso en donde, ya habiendo sido aprobado [un tratado] por el pleno, un ministerio cambie de opinión y dé marcha atrás. Este argumento se ha podido utilizar antes”, manifestó.

El pleno aprobó el tratado el pasado 19 de noviembre sin realizar ninguna modificación, sin embargo, antes de que fuera enviado al Parlamento para su aprobación, el Minjus y diversos sectores (reunidos en una comisión multisectorial) ya habían dado su opinión favorable al texto propuesto por el Ejecutivo. “El primer informe del ministerio debe ser un análisis exhaustivo de todo el tratado y sus implicancias”, agrega Abugattas. 

El primer ministro Pedro Cateriano justificó ayer este cambio de posición alegando que, si bien las negociaciones para este tratado se iniciaron en este gobierno, estas fueron realizadas “por otras personas”. “Ahora, las circunstancias, luego de una revisión, obligan a una reflexión. [...] No todos los ministros somos iguales”, precisó.

Cabe recordar que fue el embajador Rafael Roncagliolo quien suscribió el tratado de extradición con Francia. Eda Rivas y Daniel Figallo estuvieron al frente del Ministerio de Justicia durante el tiempo que duró el proceso de aprobación del tratado en el Congreso de la República.

¿Plan de fuga?
Al congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la comisión de relaciones exteriores, le llama particularmente la atención que un tratado negociado por tanto tiempo con Francia no haya sido promulgado. “Este nuevo tratado de extradición iba a incluir nuevas y diversas figuras delictivas relacionadas a delitos de corrupción”, anota.

Para el congresista Mauricio Mulder, esta situación forma parte de “un plan de fuga del señor Ollanta Humala y la señora Heredia”. Consideró, además, que un tratado de extradición con el país galo dificultaría la posibilidad de que la pareja presidencial escape a Francia y pueda eludir el tema de las agendas. “El delito de lavado de activos no se contempla en el tratado de extradición vigente con Francia”, manifestó.

Recordó, a su vez, que la actual embajadora en Francia, Cristina Velita, también está implicada en el caso de las agendas. Finalmente no descartó que el presidente del Congreso promulgue el tratado de extradición vía el procedimiento de insistencia.

Potestad constitucional
Sin embargo, para el experto en derecho internacional Fabián Novak, el Congreso no tiene la posibilidad de aprobar mediante una insistencia el tratado de extradición.

“De acuerdo a la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, estos entran en vigor solo cuando el presidente los promulga y el Ejecutivo cumpla con notificar que se ha cumplido con el trámite de aprobación a través de cancillería. No es posible que lo haga el Congreso”, señala.

El artículo 118 de la Constitución señala, además, que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. “Es absolutamente inconstitucional que el Congreso apruebe por insistencia el tratado”, precisó también Abugattas.

Frente a la actual situación, el Ejecutivo puede suspender indefinidamente la promulgación del tratado y, como ha propuesto en su oficio dirigido al Parlamento, iniciar nuevas negociaciones con Francia para la suscripción de otro tratado de extradición, señalaron ambos expertos.

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