INEI
INEI
Redacción EC

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (), Aníbal Sánchez, puso esta tarde su cargo a disposición, luego de las bancadas de Fuerza Popular y el Apra a raíz de los inconvenientes presentados durante el censo del último domingo, entre ellos la firma de acuerdos con universidades, cuyos dueños tienen aspiraciones políticas.

Sánchez suscribió en marzo pasado un convenido con las universidades César Vallejo y Telesup- de propiedad del ex candidato presidente César Acuña y el ex congresista José Luna Gálvez, respectivamente- para que a cambio de sus ayuda logística, su institución le entregue la base de datos obtenida del censo.

Por medio de una carta dirigida a la primera ministra, Mercedes Aráoz, el jefe del INEI indicó que el censo “ha sido bien ejecutado en todo el país” y admitió que se dieron problemas logísticos que “han ocasionado inconvenientes”.

También afirmó que la “operación en su conjunto guarda coherencia técnica y será de mucha utilidad para todos los peruanos”.

Tras ello, Sánchez puso su cargo a disposición de Aráoz, a fin de que ella defina si continúa o no en el cargo.

El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, puso este marte su cargo a disposición de la primera ministra, Mercedes Aráoz.
El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, puso este marte su cargo a disposición de la primera ministra, Mercedes Aráoz.

El INEI está bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En comunicación con El Comercio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el fujimorista Rolando Reátegui, confirmó ayer que la próxima semana citará a Sánchez para que explique esos acuerdos interinstitucionales y la publicidad de la UCV incluida en las etiquetas del censo.

Al ser consultada por esta polémica, la primera ministra Mercedes Aráoz reconoció el lunes que hubo problemas “bastante insólitos” en el censo nacional y señaló que solicitará al INEI un informe completo sobre el proceso.

La titular de la PCM dijo que la información que la institución dará a las empresas privadas con las que realizó convenios por el censo 2017 es pública. No obstante, manifestó que sería una “atrocidad” que existan beneficios para los privados –como es la UCV– o para políticos sobre la información que arrojará el censo. “No se puede dar data de características individuales o personales”, añadió.