Casi veinte obras. Más de 12 mil millones de dólares. Diez años. Esas son, en resumen, las últimas cifras de Odebrecht en el Perú, la constructora brasileña que, tras confesar que cometió actos ilícitos y sobornar a funcionarios públicos por aproximadamente US$29 millones para obtener los proyectos, se ha convertido en un caso emblemático para las fiscalías del Perú y del mundo.
De las seis empresas de Brasil que más actividad han tenido en el Perú, Odebrecht las supera a todas con creces.
Fuentes de este Diario confirmaron que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo que investiga los sobornos de Odebrecht, está coordinando desde hace unos días para unificar casos sobre presunta corrupción en las regiones donde operó esta empresa.
Más allá de las posibles coimas en las regiones, ¿qué pasó con los proyectos que concluyó –y los que no– en el país?
El caso más reciente es el Gasoducto del Sur, obra valorizada en más de US$7 mil millones que Odebrecht se adjudicó en junio del 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala.
El ducto, que transportará gas natural del yacimiento de Camisea hacia la costa sur, se encuentra paralizado.
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia investiga si hubo direccionamiento para favorecer a Odebrecht en la licitación, que se dio durante la gestión de Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas.
Además, la contraloría detectó una serie de irregularidades en esta obra; por ejemplo, que en la versión final del contrato se cambiaron las cláusulas en beneficio del ganador.
Mayorga es testigo del caso y en los próximos días Abia definirá si él, junto con la ex primera dama Nadine Heredia y el ex representante de Odebrecht Jorge Barata, pasa a ser investigado.
Otro caso, que se encuentra en la fiscalía de Cusco, son los presuntos actos de corrupción en torno a la vía de evitamiento de esta ciudad, uno de los proyectos emblemáticos de la región.
La obra de asfaltado vial concluyó con un incremento de S/58 millones y con un retraso de más de un año en la entrega.
El Ministerio Público investiga preliminarmente este caso desde el 2015 por los presuntos delitos de colusión, peculado, entre otros. Hay 20 imputados, y uno de ellos es el ex gobernador regional Jorge Acurio.
La empresa ha iniciado un proceso de arbitraje contra el gobierno regional por supuestamente haber puesto obstáculos a la ejecución de la obra. Estarían en juego S/63 millones.
—¿El nexo en Áncash?— Dirsse Valverde Varas habría sido uno de los operadores de la empresa brasileña en Áncash. Esa sería una de las hipótesis que manejó la Procuraduría Anticorrupción cuando, hace algunos meses, solicitó a la fiscalía que lo incluya en las investigaciones por los presuntos sobornos de Odebrecht en el Perú.
Valverde fue subgerente de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash, durante la gestión del hoy preso César Álvarez. Es sindicado como uno de sus testaferros en el Caso ‘La Centralita’.
El ex funcionario recibió dinero por “consultorías” de la empresa brasileña poco tiempo después de que esta se adjudicó la carreta Chacas-San Luis. Las autoridades consideran que se trataría de una persona clave. Aún está prófugo.
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“Odebrecht y los daños irreversibles”, la columna de Héctor Villalobos (@hvillalobos1) ► https://t.co/6Tfbrnt01w pic.twitter.com/0Nh0RDmUhK— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 10 de enero de 2017
