Más de 20 casos contra Cerrón están paralizados en la fiscalía y el Poder Judicial de Junín

Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, tiene actualmente veinte investigaciones en curso en la fiscalía de Junín. La mayoría de estos casos se iniciaron hace seis o cinco años y algunos continúan sin una acusación concreta, otros siguen en período de investigación y algunos no registran avance.

El Comercio viajó a Junín y accedió a documentación que demuestra quiénes son los magistrados que han resuelto a favor de la exautoridad del Gobierno Regional de Junín (GRJ) y cómo un juez y fiscales han sido vinculados a su primera gestión.

—Fallos favorables en el pasado—

Cerrón asumió la administración del GRJ entre los años 2011 y 2014. En el 2019 fue elegido para un segundo mandato, pero solo permaneció siete meses luego de ser sentenciado en dos instancias por el delito de negociación incompatible. Desde el 2015, tras concluir el primer período, la fiscalía abrió distintas investigaciones por delitos contra la administración pública y otros como querellas por difamación.

La prensa local hizo públicas una serie de irregularidades de la gestión de Cerrón. Tras ello, empezaron los ataques a la prensa que investigaba, como lo ha detallado antes este Diario. En total, el exgobernador y sus funcionarios presentaron cinco querellas y todas llegaron al Quinto Juzgado Penal de Huancayo, que en ese entonces estaba a cargo del juez William Cisneros, según ha podido confirmar El Comercio.

El abogado Luis Torres Garay, quien estuvo a cargo de la defensa legal de los periodistas querellados, señaló que consiguieron el archivo de todas las denuncias en segunda instancia. En primera fueron declaradas fundadas por Cisneros. “En el caso de Edvan Ríos, la Corte Suprema le da la razón a Cerrón”, dijo. Ríos fue el periodista cuya vivienda fue destruida parcialmente con explosivos en el 2013.

Una de las querellas que llegaron al magistrado Cisneros fue la del director de “Correo” de Huancayo, Héctor Mayhuire. Esta fue contra Cerrón. En una conferencia de prensa, del 27 de abril del 2011 en la sede del GRJ, Cerrón llamó a Mayhuire “asesino de neonato, chantajista, extorsionador, terrorista, corruptor y mentiroso”. Lo que dijo fue publicado por el diario “Primicia” y difundido en radio Revolución en Satipo y a través de Internet. El caso fue rechazado por el juez: absolvió a Cerrón.

Luego siguió otra querella por difamación, pero esta vez de Cerrón contra los periodistas Ríos y Mayhuire. Este proceso también fue derivado al despacho del juez Cisneros. La historia se repitió y le dio la razón a Cerrón. Ambos fueron condenados a prisión suspendida y al pago de una reparación civil. Cisneros actualmente es juez en la Corte Superior de Pasco.

El abogado Torres apeló las dos querellas. Sin embargo, corrieron la misma suerte en segunda instancia. En el caso de Mayhuire contra el exgobernador, la Sala Penal de Apelaciones (SPA) confirmó la absolución; en el otro contra Ríos y el exdirector de “Correo” también fue un fallo a favor de Cerrón. Esta vez fue la Segunda Sala Penal de Junín la que emitió una sentencia, pero excluyó a Mayhuire y rebajó la pena así como la reparación civil. Sin embargo, en un voto singular, el magistrado Carlos Carvo Castro insistió en que se cumpla lo declarado por el juez Cisneros.

En la sentencia que tiene Cerrón por corrupción –la que ahora busca anular a través de un hábeas corpus– el magistrado Carvo Castro también participó. En segunda instancia, fue presidente de la SPA, la que le rebajó la pena de 4 años y 8 meses a 4 años, lo que permitió que la pena sea suspendida y deje la cárcel.

En un voto singular, Carvo Castro se pronunció a favor de revocar la condena por negociación incompatible contra Cerrón “por falta de medios probatorios”.

Estas mismas querellas llegaron a la Corte Suprema. Por el lado de Ríos, la Sala Penal Permanente confirmó la sentencia en su contra y a favor de Cerrón. En tanto, el caso de Mayhuire fue declarado inadmisible por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. No se pronunció sobre el fondo debido a que el querellante no pagó el íntegro de la tasa que correspondía y la Sala Superior de Junín no lo advirtió.

El abogado Torres, defensa legal de Mayhuire, sostuvo que “la sala [superior] le dio trámite porque ha cumplido con todos los requisitos. La Corte Suprema no debatió el fondo, sino la forma. En el caso de Edván [Ríos] la [Corte] Suprema le dio trámite rápido y lo sentenció”.

Uno de los jueces que declaró inadmisible el recurso de Mayhuire y falló en favor de Cerrón fue el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas. En respuesta este Diario, el magistrado indicó que el tribunal no se pronunció sobre el fondo porque no cumplió con la formalidad del pago de la tasa. “Yo soy uno de los jueces, no me estoy negando. Pero se declaró inadmisible porque no se podía mirar el fondo. Lo que pasó aquí es que lamentablemente el querellante no pagó la tasa. La sala superior tendría que haber dicho que no la había pagado”, manifestó.

Actualmente, un juez que ha aparecido vinculado a Cerrón y su gestión es el magistrado Ever Bello Merlo, quien actualmente es titular de un juzgado de investigación preparatoria en Junín, uno de los dos que evalúan y resuelven los casos de corrupción. Bello Merlo fue asesor legal del GRJ durante su primera gestión y fuentes de este Diario indicaron que ha sido una persona “muy cercana a Cerrón”. Según el reporte judicial, existen dos investigaciones contra el exgobernador en la que participa Bello.

A través de la oficina de prensa, el presidente de la Corte de Justicia de Junín, Luis Miguel Samaniego Cornelio, y el jefe de la Odecma, Cleto Quispe Paricahua, informaron que no iban a hacer comentarios a este Diario.

Por su parte, Carvo Castro respondió a través de la oficina de prensa: “Como juez no puedo emitir opinión mientras el caso esté pendiente de resolución”. Este Diario insistió también para obtener las versiones de los jueces Ever Bello Merlo y William Cisneros Hoyos. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

—También en la fiscalía—

Los reportes judiciales y de la Procuraduría Anticorrupción a los que accedió este Diario indican que Cerrón tiene veinte procesos en la fiscalía. La mayoría iniciados al terminar su primera gestión. En este reporte se puede identificar que algunos tienen años sin avanzar.

Uno de los fiscales anticorrupción que han sido vinculados a Cerrón es Aladino Lazo Pacheco. El cuestionamiento surge porque su esposa fue contratada por la Municipalidad Provincial de Huancayo y ocupa un cargo en la Beneficencia Pública.

El otro fiscal anticorrupción relacionado al líder de Perú Libre es Carlos Mera Palomino luego de que en distintas denuncias periodísticas se reveló que su hermano fue contratado durante la gestión de Cerrón en el GRJ.

En diálogo con El Comercio, el fiscal superior Ramón Vallejo, coordinador de las fiscalías anticorrupción en Junín, señaló que los casos de Lazo y Mera han sido remitidos a la Oficina de Control Interno (OCI) para que se investiguen.

“A raíz de las publicaciones, se les pidió un informe y se ha remitido a Control Interno, la oficina que sanciona e investiga estas irregularidades”, indicó. “Siendo un tema un poco delicado, lo que vamos a optar es solicitar para que pueda pasar a otro sistema, sobre todo Aladino porque su esposa es abogada. Es más probable que haya más conflictos con él que con Mera”, agregó Vallejo y recordó que en un caso relacionado con el exgobernador, Lazo pidió el archivo.

Sobre las investigaciones contra Cerrón, Vallejos reconoció que hay “un poco de atraso” y “es posible que hasta tengan sanciones”, remarcó. No obstante, Vallejos también advirtió que hay jueces “que deberían apartarse” en procesos porque han trabajado en el GRJ, como el caso del juez Bello. Lo mismo ocurre, dijo, con los jueces que conforman las salas superiores y evalúan las apelaciones. “Hemos solicitado reunión con los mismos jueces superiores porque no solo en este caso [los de Cerrón] los fallos no son muy claros”, sostuvo.

En tanto, la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores Peñaloza, reconoció que sí hay “bastante retraso” en los controles de acusación, aunque señaló que se trata de una sobrecarga en el Poder Judicial. “Son bastantes años, recién se están dando no solo de Cerrón sino de otros”, dijo. “No había reparado el tema del inicio [de los casos hace seis años]. Lo que sí estamos atentos es en la formalización o acusación y en esa etapa solicitamos embargos para la reparación civil”, concluyó.

Aladino Lazo reconoció tener algunas investigaciones contra Cerrón a su cargo y que su esposa ingresó a trabajar en el municipio de Huancayo en el 2012 y sigue hasta la actualidad. “En su contratación Cerrón no ha tenido nada que ver”, dijo. Negó haber recibido algún pedido de parte de su esposa para favorecerlo.

En tanto, Mera dijo que la OCI “me ha pedido informes al respecto que son reservados”. “En mi despacho hay una acusación fiscal contra Cerrón en la que se pide más de cinco años de prisión que fue presentada al PJ el año pasado”, agregó. Indicó que aún no han programado el control de la acusación y rechazó que lo esté favoreciendo.

Este Diario intentó consignar la versión del líder de Perú Libre a través de llamadas y mensajes, así como con el jefe de prensa del partido. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

—Cerrón denuncia a Barrios—

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, denunció a la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, ante la Junta Nacional de Justicia por haberse pronunciado en distintas entrevistas en los medios de comunicación sobre el hábeas corpus que obtuvo de un juez de Huancavelica.

Según el denunciante, la magistrada suprema había cuestionado la decisión judicial y, de esta forma, estaría interfiriendo en la competencia de los jueces que van a revisar los hábeas corpus que han sido apelados.

—Datos—

Corte de Ayacucho declaró improcedente un hábeas corpus que buscaba anular una orden de detención y allanamiento contra Cerrón y 17 exfuncionarios procesados por corrupción en el Caso Los Dinámicos del Centro.

Uno de los fiscales vinculados a Cerrón pidió el archivo de un caso. El coordinador de las fiscalías indicó que solicitarán su cambio.