El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designó por unanimidad a Roberto Alejandro Palacios Bran como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial al obtener el primer lugar del cuadro de méritos de la convocatoria 001-2022-SNJ/JNJ.
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Palacios Bran obtuvo en evaluación curricular un puntaje de 81.5; en evaluación de conocimientos, 89; en plan de trabajo, 77.71; en entrevista personal, 85; lo que hizo que consiguiera como promedio final 83.46. Fue el único candidato que llegó a la etapa final del concurso, que fue la entrevista personal con los miembros del pleno.
De acuerdo con las bases del concurso, antes de la entrevista, Palacios Bran tuvo que presentar copia de sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los últimos cinco años realizadas ante la Contraloría General de la República y un reporte de bienes patrimoniales (registro de muebles e inmuebles), expedido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), además de autorizar el levantamiento de su secreto bancario.
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La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial remplazará a la Oficina de Control de Magistratura (OCMA), la cual actualmente es presidida por el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta. La nueva entidad acentuará el control preventivo.
Según la Ley N° 30943, aprobada en el 2019, el nuevo jefe de la ANC del Poder Judicial ejercerá su cargo en exclusividad durante cinco años. Su periodo regirá desde el momento en que jure al cargo, evento que se realizará en los próximos días.
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Asimismo, la nueva entidad gozará de independencia económica, funcional y administrativa para ejercer sus funciones, las cuales consistirán en prevenir, supervisar, investigar e imponer sanciones a los jueces de todas las instancias, salvo a los magistrados supremos.
Entre sus funciones también estará la de identificar mapas de riesgo, detectar posibles conflictos de interés en los jueces de todo el país, crear el expediente electrónico de control, y podrá intercambiar información y hacer investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
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