Investigados por Caso ‘Los Niños’ pretenden ahora que el Congreso elija al procurador general del Estado

El proyecto de ley 4926-2022 también se encuentra respaldado con las firmas de los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Luis Aragón, Marleny Portero y otros que actualmente son investigados como parte del brazo congresal que habría apoyado a la presunta red criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo.

La propuesta, que se encuentra en análisis de la Comisión de Constitución del Parlamento, plantea modificar los artículos 30, 47 y 99 de la Constitución Política del Perú.

En el artículo 39 se incorpora al procurador general del Estado como uno de los funcionarios de alta jerarquía con la misma categoría que el fiscal de la Nación o un magistrado del Tribunal Constitucional y otros.

Y, en el artículo 47, se agrega un texto en el que se dispone que será facultad del Parlamento la elección del Procurador General del Estado, así como también su remoción.

“El Procurador General del Estado es elegido por el Congreso, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de congresistas, para un período de cinco años. Corresponde al Congreso su remoción por falta grave. Para ser Procurador General del Estado se exigen los mismos requisitos que para ser miembro del Tribunal Constitucional. Le alcanzan las mismas incompatibilidades.”

Texto del Proyecto de Ley

Agrega el texto que una ley orgánica regulará las funciones y atribuciones, la selección por concurso público de los procuradores y los demás aspectos correspondientes a este organismo autónomo.

“Los procuradores son independientes en el ejercicio de su función de defensa jurídica del Estado”, concluye el texto que se quiere agregar a la Carta Magna.

Finalmente, también se indica que el PGE será incluido como uno de los funcionarios que pueden ser acusados por la Comisión Permanente del Congreso.

No solo eso, en la propuesta de los congresistas investigados como parte de una organización criminal, se indica que una vez aprobada la ley y el Congreso elija al Procurador General del Estado; el actual PGE, en este caso el abogado Daniel Soria -designado de conformidad con el artículo 18 del Decreto Legislativo 1326- deberá dejar el cargo, aun cuando no haya completado el período para el que fue electo.

Soria Luján fue designado en febrero del 2020, aunque dos años después fue cesado en el cargo y repuesto meses después, por lo que su gestión está prevista hasta el 2025.

Según el fundamento de la propuesta, lo que busca esta iniciativa legislativa es que el Congreso de la República sea quien elija al Procurador General del Estado, “ya que ellos son elegidos por el pueblo para el pueblo, eso llevará a una elección más democrática”, y no “una elección a dedo”, donde se busca elegir “al profesional más idóneo”, todo esto a través de un proceso de elección, en la que los postulantes cumplirán los parámeros establecidos, con una mayor competitividad para el postúlate e idoneidad.

Cabe resaltar que, recientemente, el Parlamento eligió al abogado Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, pese a las críticas sobre su escaso perfil profesional y sobre todo, por sus vinculaciones políticas.

Aún está pendiente acusación fiscal contra “Los Niños”

El acciopopulista Jorge Luis Flores Ancachi fue uno de los cuatro congresistas que junto a Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara fueron salvados por el Legislativo de una acusación constitucional iniciada por denuncias independientes debido a su presunta vinculación con la red criminal que habría liderado Pedro Castillo. Y, además de organización criminal se les atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravada.

Sin embargo, los parlamentarios deberán afrontar la denuncia constitucional que presentó días atrás la Fiscalía de la Nación.

Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza y Jorge Luis Flores Ancachi, promotor y firmantes del Proyecto de Ley que busca que el Parlamento elija al Procurador General del Estado, se encuentran incluido en dicha denuncia constitucional como parte del “Brazo Congresal” de la mencionada organización criminal.

Denuncia Constitucional de FN

“Nos centraremos únicamente en el denominado “Brazo Congresal” de la presunta organización criminal, que viene a ser el Brazo Político que habría brindado soporte en el Congreso de la República, actuando como escudo protector frente al control político. Esta ala de la organización habría estado conformada, entre otros, por los congresistas de la República del partido político Acción Popular Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jhaec Darwin Espinoza Vargas, quienes habrían sido denominados bajo el apelativo de “Los Niños”, cuyo rol habría sido garantizar la permanencia del entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones.”

Según las pesquisas y denuncia fiscal, los parlamentarios habrían sido captados por el exasesor presidencial en la sombra Auner Vásquez Cabrera y luego, este último le habría indicado al entonces presidente de la República Pedro Castillo que, entre otros, “los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jhaec Darwin Espinoza Vargas estarían solicitando obras, direcciones y ministerios, ordenando el exmandatario Castillo Terrones ‘que accedan a todo’, designando al referido” jefe de gabinete técnico que sea el coordinador de las tratativas.

A cambio, los parlamentarios emitirían votos en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros, como también emitan votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo.

“Auner Vásquez ese día le entregó una relación de siete proyectos a Bruno Pacheco, que eran el pedido de los Congresistas de Acción Popular como parte del trato para su apoyo incondicional y que tengo conocimiento eran servicio de gestión de Corredor Vial La Vegas — Tarma, Corredor Vial Desaguadero — Tacna, Corredor Vial Chuquibambilla —Challhuacho, Corredor Vial Jaén —San Ignacio, Corredor Sullana — Tumbes, Corredor Vial Sondor —Sochabamba y Corredor VialIlo —Tacna.”

Declaración del colaborador eficaz con clave CE 03-2022- EFICCOP.

“Este proyecto es una intención dolosa, es una intención criminal”

El exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, calificó de “grave” y “peligroso” el proyecto de Ley presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi y otros parlamentarios investigados por el “Caso Los Niños”.

“De ninguna manera se puede permitir que eso prospere porque lo que pasará es claramente un retroceso, porque la intención con que se presenta este proyecto es una intención dolosa, es una intención criminal; hay que decirlo claramente y esto lo hacen personas que lamentablemente están protegidas por el Congreso, pero que en su momento tendrán que dar cuentas a la justicia.”

Antonio Maldonado Exprocurador Anticorrupción

El exdefensor del Estado, advirtió que, en el contexto institucional actual y conociendo los antecedentes, tanto los referidos a elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, así como los ocurridos con el caso del defensor del Pueblo, “el Congreso ha demostrado que no garantiza un procedimiento”, y no solo por la decisión final; sino una falta de procedimiento idóneo , técnico, objetivo e imparcial y eficaz para la elección de altas autoridades del Estado.

El Congreso, dijo, por el contrario, toma decisiones con carácter plenamente subjetivo, teniendo como referencia la coyuntura sin visión del país y básicamente lo hace por simpatías o antipatías políticas.

Recordó, por ejemplo, el caso de la exdefensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar, a quien vetaron del cargo por resultarles incómodas algunas declaraciones que realizó. Ello, señaló, es un criterio subjetivo que carece de una visión integral, estratégica dirigida a fortalecer el Estado de derecho de sus instituciones y que está reñido con estándares internacionales sobre buenas prácticas en el derecho comparado.

“Todos esos estándares existen, inclusive una Misión de la Fundación para el Debido Proceso Legal, que incluso visitó el Perú y se reunió con algunos miembros del Congreso, entregó esos estándares y pese a eso, el Parlamento hace caso omiso de ellos, no les interesa y se limitan a un enfoque mezquino en función de sus cuestionados intereses políticos particulares e individuales como es en este caso”, anotó.

Por ello, consideró que es “el colmo” que, quienes están siendo investigados por graves delitos de corrupción, quieran también elegir o ser parte de un proceso de elección del Procurador General del Estado, “con lo cual habría un grave retroceso”.

Reparó en que, no es que la elección del actual procurador general Daniel Soria haya sido la ideal en términos de mecanismos; no obstante, lo que se plantea en el proyecto de ley que deberá analizar el Congreso, no es para mejorar la institucionalidad o fortalecerla; sino apra retroceder y debilitar la institucionalidad democrática.

“La idea no es empeorar; si las cosas no se pueden mejorar es dejarla cuando están, sin interese particulares como lo serían estos señores que están investigados por el ‘Caso Los Niños’ que tienen la audacia y osadía de presentar proyectos que los favorecen. En conclusión, es un proyecto peligroso, es una amenaza a la institucionalidad democrática, es una posibilidad de tener un riesgo de retroceso muy grave a lo poco que existe, que no es perfecto, pero que no está peor como lo que propone un proyecto de esta naturaleza”, comentó.

“Es una medida desproporcionada, porque está tratando de copar otras instituciones”

Andy Carrión, abogado y especialista en temas penales y anticorrupción, sostuvo que esta propuesta legislativa va en consonancia con otros proyectos parlamentarios “que apuntan a tomar el dominio de ciertas instituciones”y en este caso, como se señala en el proyecto de ley, sería el Congreso de la República quien elija al Procurador General de la República.

“Es decir que ya no le bastaría el TC, algunas otras instituciones independientes; sino ahora también quieren al Procurador General. Eso me parece una medida desproporcionada porque está tratando de copar otras instituciones que en principio deberían de ser independientes, y sobre todo en el ámbito de la destitución porque tendrían que ser los mismos congresistas, quienes si lo ven oportuno, podrían inhabilitar y destituir al procurador general.”

Andy Carrión Abogado especialista en temas penales y anticorrupción

Carrión, señaló que si bien la PGE es dependiente del Ejecutivo, se considera una institución independiente y debería ser así puesto que podría suceder lo que actualmente pasa con la Fiscalía de la Nación, donde los congresistas “podrían destituir a quien se les antoje”, solamente por consideraciones políticas.

“Y es como lo último que ha sucedido, que como el defensor del Pueblo, ahora estarían apuntando al procurador (general), con lo cual ya respondería a los intereses del Congreso de la República y no realmente a los intereses de la Nación”, advirtió.

Entonces, señaló, el proyecto más propone una medida para el “copamiento de las instituciones” estableciendo una especie de “parlamentarismo” puesto que el Ejecutivo estaría cediendo a muchas de sus potestades que sí ostentaba. Agregó que ello “me parece lo peligroso” porque el Congreso ya tendría pocos filtros de vigilancia, sobre todo cuando el Parlamento eligió a su propio procurador alejado de la autonomía y control.

Por ello, consideró que el proyecto de Ley debería ser analizado con cautela por la Comisión de Constitución, pues la Carta Magna también garantiza el adecuado equilibrio de poderes y eso sería el término importantísimo a la hora de evaluar este caso.

“Hay que tener en cuenta que el Congreso siempre se ha opuesto a una Asamblea Constituyente, pero lo que están haciendo en los últimos meses es actuar como una asamblea, modificando artículos de la Constitución orientados a los intereses congresales. Entonces, habría que ser consecuente, porque si dicen que la Asamblea Constituyente no va, entonces, por tanto, deberían preservar el espíritu de la Constitución del ‘93 que es absolutamente presidencialista y no reformarla a efectos de volverla parlamentarista”, concluyó.