Pedro Castillo y los nueve chips prepago encontrados en sus maletas el día del golpe de Estado

Esa misma noche, después de abrir investigación contra el exmandatario, la fiscalía allanó Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge encontrando diversos bienes.

Fue en el segundo piso de la residencia de la presidencia de la República que los representantes del Ministerio Público hallaron en un pasadizo bolsas de viaje, maletas y bolsas de plástico, que contenían las pertenencias del expresidente ahora preso y sus familiares.

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Además, se halló un bolso de mano de tela, color blanco y azul, conteniendo nueve chips prepago Movistar sellados, dentro de una bolsa de polietileno color blanco, y una caja de celular vacía, de marca Apple; y en cuya superficie había un papel de color amarillo pegado con cinta adhesiva con el número 970064317.

Todo ello fue lacrado y sellado conforme se señala en un acta del 08 de diciembre de 2022 y se consignó como “De la exhibición de documentos y otros en el tercer ambiente – pasadizo”.

El pasado 21 de abril de 2023, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos -que tiene a cargo el proceso seguido contra Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión- realizó la diligencia de deslacrado y advirtió que los bienes eran de carácter privado, por lo que se suspendió la diligencia a efectos de requerir la confirmatoria de la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones y poder acceder a la información de dichos chips.

“La fiscalía indica que realizó la incautación de nueve (09) chips prepago Movistar sellados, encontrados dentro de una bolsa de polietileno color blanco; y, de un una (01) caja de celular vacía, de marca “Apple” en cuya superficie se encuentra un papel de color amarillo pegado con cinta adhesiva con el número 970064317; bienes hallados durante la diligencia de exhibición e incautación de documentos no privados”, se indica en el documento judicial obtenido por El Comercio.

El último 16 de mayo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley determinó que la incautación de dichos bienes, pese a que fueron hallados entre las cosas personales de Castillo, podrían haber servido para la ejecución de los delitos investigados, haber estado relacionados con los mismos o ser necesarios para su esclarecimiento.

“Efectuada dicha evaluación se tiene que los bienes incautados (chips y caja de celular vacía con un papel con un número telefónico adjunto) podrían tener relación con la investigación seguida contra Castillo Terrones, conforme a la imputación efectuada por el Ministerio Público; así tenemos que se trata de la actividad de recogida –mediante la incautación- y custodia –o conservación- de cosas relacionas con el delito o necesarias para su esclarecimiento”, señaló el magistrado.

Por ello, declaró procedente la confirmación judicial de la incautación, tanto de los nueve chips como de la caja de un teléfono y la anotación correspondiente.

Siguen buscando operaciones en Vivienda y SBN

De otro lado, el juez Raúl Justiniano Romero ordenó el levantar el secreto de las comunicaciones de nueve investigados y un testigo, vinculados a presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo.

Se trata del exasesor ministerial Salatiel Marrufo, la empresaria Sada Angélica Goray Chong, la exsuperintendenta Nacional de Bienes Estatales, Cyntia Raquel Rudas Murga, la exgerente de la SBN Jaqueline Perales Olano y los exfuncionarios de la SBN Marina Aglae Subiria Franco, Héctor Manuel Chávez Arenas, Flor Amelia Olivera Orellana, Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino, Jorge Mauricio Fernandini Arbulu, e Italo Alejandro Arbulú Ortega (no investigado).

“Cuyas personas y celulares habrían perpetrado y/o realizado las coordinaciones para la presunta ejecución de los delitos indicados, al haber sido identificados como tales y quienes serían los titulares del objeto materia del levantamiento del secreto de las comunicaciones”, señaló la fiscalía.

En este caso se investiga los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Según la tesis del Ministerio Público, luego que Castillo Terrones ganó las elecciones en 2021, la presunta organización criminal que dirigía se enquistó en diversas esferas del gobierno, entre ellas el Ministerio de Vivienda con Geiner Alvarado como ministro.

La fiscalía incluye la declaración del aspirante a colaborador eficaz CE-03-2022, que narró que los primeros días de setiembre del 2022 “se reunieron en el quinto piso de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo”.

Todos ellos, según el colaborador eficaz “acordaron poner como gerente general de la Superintendencia de Bienes Nacionales a Jackeline Guadalupe Perales Olano, con la finalidad de poder direccionar el saneamiento de terrenos de propiedad del Estado” para que sean adquiridos u otorgados a personas allegadas a Alejandro Sánchez Sánchez y los sobrinos de Castillo, “para poder traficar con ellos, también para direccionar el saneamiento de terrenos de empresas a cambio de pago de una comisión, con la aprobación del presidente de la República (...)”.

Una de los casos está vinculado a la empresaria Sada Goray, que según fundamentó la fiscalía, habría entregado más de S/4 millones a Salatiel Marrufo para revertir procesos administrativos en el saneamiento de posesión de terrenos en Chilca, entre los años 2021 y 2022.

“Ante la emisión de un acto resolutivo desfavorable a los intereses de la investigada Sada Goray Chong y para lograr revertir ello, la investigada, Sada Goray Chong entregó a Salatiel Marrufo Alcántara, integrante de la organización criminal liderada por el ex presidente José Pedro Castillo Terrones, en cumplimiento a sus tratativas ilícitas, más de cuatro millones de soles, para así poder incorporar en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a profesionales que se encarguen de emitir pronunciamientos a su favor”, señaló la fiscalía.

La fiscalía recordó que Salatiel Marrufo confirmó ante el Congreso la recepción de sumas de dinero de la investigada Goray, así como su destino.

Por ello, el Ministerio Público requirió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados en este caso.

El juez Justiniano Romero declaró fundado el pedido y dispuso que las empresas de telefonía Bitel (Viettel), Claro (América Móvil Perú SAC), Entel Peru y Telefónica del Peru SA (Movistar), remitan los registros histórico del periodo comprendido del “11 de abril de 2021 al 07 de diciembre de 2022″.

El informe deberá incluir las llamadas entrantes y salientes y que las empresas “Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram y Signal)”, informen al Ministerio Público, por el periodo comprendido del “11 de abril de 2021 al 07 de diciembre de 2022″ las llamadas, mensajes, videos y otros que se hayan podido transmitir.