Los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales del Perú rechazaron los proyectos del congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre) para reorganizar el Ministerio Público.
A través de un pronunciamiento, señalaron que ambas iniciativas legislativas “trasgreden el orden constitucional, el estado de Derecho, la independencia, autonomía e institucionalidad del Ministerio Público”.
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Tras indicar que el pronunciamiento fue acordado el último miércoles 6 de marzo, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores del Perú respaldaron el comunicado del fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, del pasado 22 de febrero “en defensa legítima de nuestra institución”.
“Reconocemos la trascendencia de los últimos acontecimientos suscitados al interior de nuestra honorable institución, no obstante, esta situación no puede justificar algún intervencionismo, sobre todo proveniente de agentes externos o políticos, aceptarlo menoscaba nuestra autonomía constitucional y pone en grave peligro las investigaciones que se vienen realizando. Asimismo, el Ministerio Público ha adoptado las acciones que le competen para proponer modificaciones legales y estructurales que den mayor dinamismo y eficiencia a nuestra institución”, subrayaron.
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“Exigimos a todas las instituciones del Estado, en especial al Congreso de la República, a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público, en cumplimiento del orden constitucional y del estado democrático de derecho, pues los integrantes de esta honorable institución somos los llamados con llevar a cabo las acciones que optimicen nuestra función constitucional y legal”, añadieron.
Como se recuerda, el pasado 22 de febrero, mediante un pronunciamiento público, Villena señaló que el proyecto del congresista Jorge Montoya es “abiertamente inconstitucional y arbitrario”, y que, de aprobarse, el país regresaría a la década del 90.
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“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, expresó.
El fiscal de la Nación encargado indicó que el proyecto de ley busca “frustrar las investigaciones a los altos funcionarios” y las indagaciones realizadas por los equipos especiales de fiscales, como Lava Jato, Cuellos Blancos y de Corrupción en el Poder.
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“Con una medida de esta naturaleza lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo, y con ello también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales: Lava Jato, Cuellos Blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción. Además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otros. ¿Acaso ya se tienen listos los nombres de los que nos reemplazarían de inmediato, como en los años 90?”, sentenció.
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