“Lo ideal es que se investigue en conjunto a Karelim López, Bruno Pacheco y Pedro Castillo”

La Procuraduría General del Estado, encabezada por Daniel Soria, presentó ayer al mediodía un escrito de 45 páginas a la mesa de partes de la Fiscalía de la Nación solicitando que se inicie una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. A las 12:53 p.m., la fiscalía acusó recibo y hasta el cierre de esta edición no ha informado qué acción tomará al respecto. En esta entrevista, el procurador Soria explica las razones que lo motivaron a denunciar al presidente.

—¿Por qué decidió presentar esta denuncia?

Nosotros estábamos haciendo un seguimiento de las reuniones que había tenido el presidente Castillo en un local distinto a Palacio de Gobierno y respecto a ese tema, habíamos solicitado un primer pedido de información a la Secretaría General del despacho presidencial. Pedimos básicamente cómo habían registrado a esas personas que entraron a hablar con el presidente en la casa de Breña. Para nosotros, era importante determinar si había elementos sobre si el presidente se había reunido con una persona que podía gestionar intereses, etc.

—Recuerdo que ustedes informaron que recibieron una respuesta insatisfactoria por ese primer pedido...

La respuesta fue que la Casa Militar de Palacio de Gobierno era la encargada de la seguridad del presidente dentro y fuera de ella, y que no registraban los encuentros fuera de ese establecimiento. La respuesta fue insatisfactoria porque quien es responsable de registrar las visitas del despacho del presidente es la secretaría del despacho presidencial. Incluso la ley de gestión de intereses señala que si hay una reunión fuera del local institucional, tiene que regularizarse y ponerse en el registro correspondiente.

—Entiendo que después insistieron y presentaron un segundo pedido.

Correcto. Ante esa respuesta, hicimos una segunda solicitud y en ella incluimos un elemento adicional: la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en una entrevista que dio en un programa dominical, dijo expresamente que ya el despacho presidencial había enviado la lista de los asistentes de la casa a Breña a la Procuraduría General del Estado.

—Es decir, a usted.

Eso nos llamó mucho la atención porque la respuesta que nos dieron a nosotros decía algo totalmente distinto. Entonces, al enviar el segundo requerimiento incluimos la declaración de la presidenta de la PCM y solicitamos que, en función a esa respuesta que dio, existe una información que debe ser entregada.

—Considerando también que no es cualquier funcionaria quien lo dijo.

Si bien orgánicamente la PCM y el despacho presidencial son oficinas distintas, ambas forman parte del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución, la presidenta de la PCM es la vocera autorizada del Gobierno después del presidente. En consecuencia, una declaración de la PCM era una respuesta del Ejecutivo en su conjunto.

—¿Qué le respondieron en esa segunda solicitud?

La respuesta la recibimos el martes. En esta se insistió en el mismo tema, pero ya no a través de la Casa Militar, sino en la división policíaca que custodia al presidente permanentemente. Dijeron que ellos no llevaban tal registro. Además, manifestaron que esas reuniones no eran institucionales y, por lo tanto, no debían de ser registradas. Y respecto a la declaración de la PCM, nos dijeron que el despacho de la PCM tendrá que responder por ello.

—En otras palabras, no querían compartir la información con ustedes.

Efectivamente. Y como esa fue la segunda respuesta, entendíamos que esa era una suerte de respuesta final.

—¿Ese fue uno de los elementos que consideraron para presentar la denuncia?

En efecto. Otro es el encuentro del presidente Castillo con la señora Karelim López, tanto en Palacio de Gobierno como en la casa de Breña. Haciendo una simple línea de tiempo de esas reuniones y otra del proceso de licitación del puente Tarata, en San Martín [obra de más de S/200 millones], tenemos que esta persona [Karelim López] representante de un consorcio que se presentó [al concurso] y ganó realizó estas visitas [al presidente] antes del otorgamiento de la buena pro.

—Una buena pro que fue cuestionada por uno de los tres miembros del comité de selección.

Así es, el presidente [del comité] votó en contra del otorgamiento a ese postor porque ni él ni sus competidores habían acreditado experiencia en obras de esa envergadura. Sin embargo, se da la buena pro por mayoría.

—Entonces, son estos elementos los que respaldan la denuncia que hizo.

Esos son básicamente. Lo hemos desarrollado en un análisis técnico y le hemos pedido a la fiscal de la Nación el inicio de una investigación preliminar. Estos indicios deben ser tomados en cuenta por el Ministerio Público y hacer una investigación más amplia, considerando también un elemento adicional.

—¿Cuál?

Ya existe una investigación en curso en una fiscalía provincial respecto de dos personajes que nosotros mencionamos en la línea del tiempo: Bruno Pacheco y Karelim López. Y esto es algo importante que se debe de tener en cuenta: estamos hablando de los mismos hechos, pero a nivel de una fiscalía provincial. Sin embargo, hay un tercer participante, que es el presidente de la República, que no está siendo investigado porque debido a su investidura no lo puede hacer una fiscalía provincial.

—¿Sería una investigación incompleta si solo se investiga a Pacheco y a López?

Claro. Sería una investigación incompleta y esa no es la idea. Estamos hablando de los mismos hechos donde hay tres participantes. Lo ideal es que se investigue a los tres en conjunto. Con la denuncia, queremos contribuir a que sea una investigación integral y homogénea.

—Esto ha generado un debate legal si es que se puede investigar a un presidente en ejercicio. Ustedes sostienen que es posible.

El artículo 117 de la Constitución dice literalmente que el presidente de la República podrá ser acusado durante su mandato solo por cuatro delitos: traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o bloquear el funcionamiento del Congreso y de los órganos electorales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente solo puede estar sometido a acusación constitucional por esos cuatro delitos, pero lo que hay antes de ello, ¿qué? Nosotros interpretamos que sí se puede. Y lo que hay antes es una investigación preliminar.

—Me parece que algo similar ocurrió con elexpresidente Martín Vizcarra.

Claro. En este caso, él ya pasó por el procedimiento de acusación constitucional. Lo que se pide aquí es que se actúe de una manera similar, pero con ese matiz que menciono del artículo 117.

—¿Por qué es importante que se realice cuanto antes la investigación?

Imagine que la interpretación fuera que no se puede hacer una investigación preliminar. Quiere decir que este caso no se podrá siquiera investigar preliminarmente hasta el 28 de julio del 2026. Estamos hablando de cuatro años donde no habrá actividad probatoria.

—¿Ha tenido algún tipo de coordinación previa con el Ministerio de Justicia antes de la denuncia?

No. No porque nosotros somos un organismo que tiene autonomía dada por la ley. Todos los procuradores, a la hora de impulsar una estrategia de defensa, son autónomos.

—¿Y ha recibido alguna comunicación de parte de ellos luego de presentar la denuncia?

No, ninguna.

—En sus discursos, el presidente ha dicho que él tiene la autoridad moral para luchar contra la corrupción...

En efecto, y esa autoridad moral se tiene que demostrar siendo transparente en los actos que realizamos en tanto seamos servidores públicos y eso no puede quedar en el discurso. Se tiene que hacer efectivo con actos concretos.

—Le pide que realice la investigación a un Ministerio Público, que parece avanzar lento en las investigaciones de este caso.

Los fiscales tienen que tomar las medidas oportunas para realizar una adecuada investigación.

— ¿Y están siendo las más adecuadas a su criterio?

Tendríamos que ver cuál es la estrategia de trabajo.

—Algunos críticos podrían mencionar que usted tendría una motivación detrás para hacer esta denuncia. Quizá permanecer en el cargo.

De ninguna manera. A nivel de consejo directivo de la Procuraduría General, a propuesta mía se aprobó por unanimidad un pedido de un proyecto de ley para modificar las normas que regulan la entidad.

—¿Qué piden modificar?

Que cambie la designación del procurador general del Estado. Que sea la Junta Nacional de Justicia la que lo elija a través de un concurso de méritos. Este proyecto no nace a raíz de esta denuncia. Yo lo vengo planteando desde abril y mayo, y tan pronto entre en vigencia, me retiro del cargo