Patricia Benavides nombró operadores de su red en puestos que “no existen”: ¿Quiénes son? ¿Qué rol cumplieron?

Al momento de ser detenido preliminarmente, Jaime Villanueva Barreto- a quien el primer ministro, Alberto Otárola, llama “El filósofo”- tenía un año y dos meses como principal asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), él cumplió un rol clave para que la presunta red criminal que encabeza la titular del Ministerio Público opere y concrete sus objetivos.

Villanueva Barreto- según la tesis del equipo que lideró la fiscal superior Marita Barreto hasta la noche del último lunes-fue “operador y coordinador” de la organización criminal de Benavides, que es conformada también por Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, otros de los asesores de la fiscal suprema.

Una prueba de esto quedó revelada en las conversaciones por WhatsApp que tuvo el doctor en Filosofía con un congresista, cuya identidad se guarda en reserva, a través de los cuales subrayó que él era “la voz autorizada” por la fiscal de la Nación “para desplegar los proyectos delictivos de influenciar ilícitamente” en las decisiones de parlamentarios “en procedimientos constitucionales”.

Villanueva fue designado como asesor de la oficina de Benavides en setiembre de 2022, cargo en el que estuvo hasta febrero último. Luego fue nombrado como gerente central del mismo despacho. Este puesto, de acuerdo a la investigación, “no existe” en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución.

En la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, que ordena su detención y que recoge elementos presentados por el Eficcop, se da cuenta que “El filósofo” “habría utilizado su vinculo laboral como funcionario público de alto rango” en el Ministerio Público “para poner en marcha el plan de la presunta organización criminal”.

Este plan-de acuerdo al documento, al que tuvo acceso El Comercio- fue materializar la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación y la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los dos primeros objetivos fueron logrados.

Las reuniones en el Congreso

Villanueva le pidió a un parlamentario respaldar a la elección de Gutiérrez como defensor del Pueblo, luego de que Jorge Luis Rioja Vallejos, la otra opción de la red criminal que integraba, no alcanzara los 87 votos requeridos; también coordinó con al menos 11 congresistas para promover la inhabitación de Ávalos, entre ellos José María Balcázar (Perú Bicentenario), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Gladys Echaíz (Renovación Popular).

Las citas con Balcázar “habrían servido para influenciar ilícitamente” en el proceso constitucional contra Ávalos, remarcó la pesquisa del Eficcop.

Además, sostuvo que ya tenía el respaldo de Perú Libre y de Podemos Perú, porque había logrado hablar con “Vlady”, en referencia al perulibrista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, y con José Luna Gálvez, líder y fundador de la segunda agrupación.

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Asimismo, contó que Patricia Chirinos (Avanza País) le había conseguido los votos del Bloque Magisterial, la bancada de los profesores.

También narró que pudo sumar el apoyo a la inhabilitación a Ávalos a Somos Perú, a “Los Niños” de AP, y a María Cordero Jon Tay. Agregó que el congresista fujimorista César Revilla, actual presidente de la Comisión de Economía, la persona que le “coordinó” estás reuniones.

Y el 15 de junio, seis días antes de que el pleno del Congreso sancione a Ávalos por cinco años, el principal asesor de Benavides envió a su enlace en el Parlamento un archivo PDF, donde estaba la disposición que enviaba al archivo una investigación preliminar en contra de 32 legisladores comprendidos en el Caso Los Niños 3. A estos se les imputaba el delito de cohecho pasivo propio.

El 7 de noviembre, Villanueva mandó a un congresista un documento en Word, donde había una propuesta de resolución legislativa que “aprobaba” la destitución de los miembros de la JNJ, que debía definirse al día siguiente, 8 de noviembre en el pleno del Poder Legislativo.

Precisamente, la semana pasada, el primer ministro Otárola acusó al principal asesor de Benavides, a quien llamó “El filósofo”, de filtrar las investigaciones en su contra por la contratación de sus amigas en el Estado.

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El pasado castillista (y morado)

En X (antes Twitter), el coordinador de la presunta red criminal de Benavides también fue muy activo para defender a su jefa. El 21 de abril último, escribió en su cuenta (@JvillanuevaB, ya eliminada) una dura respuesta a los políticos que solicitaban que la fiscal de la Nación muestre sus tesis de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas.

“Los corifeos y viudas del corrupto golpista gritan por todos lados: la tesis, la tesis. Lo único que intentan es querer cuestionar a la única persona que con entereza lucha contra la corrupción […] Quieren a la fiscal de la Nación fuera para poder retornar a controlar el Ministerio Público, digan y busquen lo que quieran”, dijo en referencia a presuntos actores del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

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Sin embargo, Villanueva había tenido participación de la administración “del corrupto golpista” hasta junio de 2022. Es decir, dos meses antes de ir al lado de la fiscal de la Nación.

Según informó IDL-Reporteros, el llamado “filósofo” trabajó en los ministerios de la Mujer, con Anahí Durand, en el de Defensa, con Juan Carrasco, y en el de Justicia y Derechos Humanos, con Félix Chero. Este último lo nombró el 14 de junio del año pasado como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Durand, tras la detención de Villanueva, indicó que Villanueva trabajo dos meses en el Ministerio de la Mujer, bajo su gestión, “en un cargo técnico y fue despedido por deficiente rendimiento laboral”.

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Antes del gobierno de Castillo, el sindicado como coordinador de la red criminal enquistada en la cúpula del Ministerio Público fue asesor de Carolina Lizárraga (Partido Morado) en el Congreso complementario, que funcionó entre marzo de 2020 y julio de 2021. Su paso por el Parlamento tampoco estuvo exento de la polémica.

Villanueva fue acusado públicamente, en setiembre de 2020, por la dirigencia del Partido Morado, entonces liderada por Julio Guzmán, de filtrar una conversación entre Carlos Magno Salcedo, asesor de la bancada morada, y la fiscal contra crimen organizado del Callao e integrante del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Esto con el objetivo de perjudicar la precandidatura presidencial de Guzmán.

“Esto no es un supuesto, es un hecho. Y es inadmisible que la congresista Lizárraga continúe trabajando con un asesor que ha cometido estos hechos y, además, ni siquiera milita en el partido”, acotó el comunicado.

Puestos que no existen

Los otros dos integrantes de la presunta red criminal que encabeza Benavides son Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.

Girao Isidro fue nombrado asesor en el Ministerio Público en julio de 2022, y desde marzo último hasta la actualidad “tendría el cargo de gerente central del despacho de la Fiscalía de la Nación. No obstante, el Eficcop, al realizar “una verificación” del Reglamento de Organización y Funciones de la institución, determinó que “dicho puesto laboral no existe”.

El equipo especial, además, indicó que la labores de la “gerencia” de Girao serían “meramente administrativas y de gestión institucional interna”, pero en realidad este era “un operador político en la sombra” para evitar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo el poder de Benavides.

Agregó que él no podía realizar labores de representación en el Congreso, porque para ello la institución tenía “un coordinador parlamentario”.

Girao, junto con Villanueva, se reunieron con los congresistas Balcázar y Camones.

El gerente central de la Fiscalía de la Nación participó en la madrugada del último lunes en el conclave de emergencia que convocó Benavides en la sede central del Ministerio Público. Según imágenes de la cámara de seguridad del lugar, obtenidas por este Diario, este se despidió de su jefa a las 3:58 a.m. Después reaparece con una mochila a cuestas.

Anteriormente, Girao fue asesor de la congresista Ruth Luque, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

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Hurtado Espinoza, por su parte, fue asesor de Benavides entre setiembre de 2022 y setiembre último. Luego fue nombrado como consejero en la Subgerencia de Bibliotecológica del Ministerio Público. Sin embargo, el Eficcop determinó que “dicho puesto laboral no existe” en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución.

Añadieron que las labores de esta persona, sindicada como “operador” de la presunta red criminal enquistada en la Fiscalía de la Nación, debían estar orientadas a “brindar opinión, consulta o representación” en materia institucional, pero no para realizar gestiones en el ámbito político con fines delictivos.

En la oficina de Hurtado, el Eficcop encontró un documento roto de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público con el nombre de la fiscal superior Marita Barreto.

Otro documento hallado fue el un proyecto de resolución para dar fin a la designación de Barreto como coordinadora del Eficcop. Este tuvo que se reconstruido porque se encontraba en pedazos.

Durante el gobierno de Castillo Terrones, Hurtado fue coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa.

La tesis del Eficcop apunta a que la organización criminal comenzó a operar desde inicio de julio de 2022, tras la elección de Benavides como fiscal de la Nación. Agregó que semanas después de su nombramiento por la Junta de Fiscales Supremos, la titular del Ministerio Público concretó los nombramientos de Villanueva, Girao y Hurtado.

Estas designaciones tuvieron como principal objetivo “desplegar acciones ilícitas” para concretar el nombramiento del defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Ávalos y la remoción de la JNJ.

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De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la presunta red criminal de Benavides “ha instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio particular”.

También advirtieron que la fiscal de la Nación- por medio de Villanueva, Girao y Hurtado, estos dos últimos otros de sus asesores-ha influido “ilícitamente” en decisiones de los congresistas para “sostenerse en el cargo público” y para “contar” con “un defensor del Pueblo a la talla de la organización criminal”.