A pesar de estar ya dos años recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva y que se requieren 34 años de prisión en su contra, el exmandatario Pedro Castillo aún mantiene vigente, a la espera de un posible retorno, su plaza como profesor nombrado en la Institución Educativa N°10465 en el centro poblado de Puña (Chota, Cajamarca).
En su reemplazo, cuatro docentes distintos han tenido que ser contratados de manera temporal para suplirlo en el centro educativo primario desde el 2021 hasta la fecha. Primero en el marco de la campaña que encabezó con Perú Libre y, posteriormente, cuando asumió el poder a mitad de ese año y luego al ser vacado, según pudo confirmar El Comercio.
Justamente, Castillo solicitó desde 2021 cuatro licencias a su cargo de profesor nombrado. Las tres primeras —entre marzo y junio de ese año— fue por “asuntos particulares” en el contexto de la contienda; mientras que la última entró en vigor el 1 de agosto de ese año “por desempeño de función pública o por asumir cargos públicos”, tras jurar a la Presidencia.
Sin embargo, el cargo por el que pidió licencia se cortó abruptamente el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado —que fue transmitido en vivo a nivel nacional—, vacado por el Congreso y recluido en el penal. Actualmente, ya tiene una acusación por el delito de rebelión y otros, el cual está próximo a ir a juicio. Pero la vía judicial es independiente a la vía administrativa.
Una plaza, ¿en el limbo?
El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, indicó a El Comercio que la plaza de profesor nombrado de su patrocinado “está vigente” a la espera de que retorne al centro educativo. Indicó que no se hizo abandono de cargo, lo que significaría una destitución, sino que está “imposibilitado” de acudir a su centro laboral, a raíz de la aprehensión de las autoridades en 2022.
“No vuelve a ser profesor porque está imposibilitado, no puede ejercer la función. La plaza está ahí, pero ya es por fuerza mayor [que no concurre] porque escapa de él. Sería distinto que él haya hecho abandono de trabajo. Él ha justificado que no es porque no quiera sino porque está imposibilitado”, dijo Ayala a este Diario.
Chota, 3 de mayo de 2021. Institución Educativa N°10465, en el centro del poblado de Puña, en la provincia de Chota, donde Pedro Castillo era maestro de primaria. (Foto: Antonio Álvarez / El Comercio)
/ ANTONIO ALVAREZPese a la insistencia, el director de la UGEL Chota, Richard Martos, no respondió a consultas de este Diario. Sin embargo, a través del Minedu, se confirmó que la plaza de Castillo se mantiene activa y que se le viene considerando como “inasistencia”.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional —se indicó desde el sector— estableció que la inasistencia por motivos ajenos, como la prisión preventiva, no puede ser configurada falta grave. Y que Servir también considera esta medida limitativa como una ausencia justificada. Ante ello, no podría iniciarse una sanción administrativa. Todo queda en suspenso.
Estrategia legal
Una constancia suscrita por el director de la I.E. 10465, Hualter Coronel, un exmilitante de APP y de Perú Libre, refiere que la designación de Castillo en esa institución regiría “hasta la fecha” y que en la actualidad su plaza “se encuentra cubierta con contrato docente temporal”.
Con este documento —y al no haber perdido aún su plaza— Ayala busca acreditar ante el Poder Judicial el “arraigo laboral” de su patrocinado. Con otro, suscrito por autoridades de la zona que dan fe que Castillo mantiene una residencia en el centro poblado de Chugur (Anguía, Chota), busca acreditar también arraigo domiciliario.
Así, a través de ambos el abogado de Castillo busca revertir en las próximas semanas la prisión preventiva que rige en contra de su patrocinado; y que recientemente fue ampliada por otros 18 meses adicionales. Según confirmó Ayala a El Comercio, pedirán al juez supremo Juan Carlos Checkley nuevamente el cese de la prisión preventiva.
Sin embargo, ahora la estrategia que se pretende es requerir la prisión domiciliaria. “Se debe ingresar un nuevo pedido de cese de prisión preventiva pidiendo, como punto central, la libertad [de Castillo] y, de manera alternativa, la prisión domiciliaria”, indicó. ¿Dónde podría cumplir ese eventual arresto domiciliario? Mencionó su residencia en Chota.
El abogado penalista Carlos Caro aseguró que se trata de un “argumento bastante débil”. “Puede mantener la plaza como latente, pero que vuelva a ejercer [la docencia] depende de una serie de condiciones. Una de ellas es evidentemente que salga de prisión, pero no es automático. Alguien ya ocupó esa plaza y no se le podría despedir de un día para otro. Es un procedimiento”.
Consultado si se trata de una maniobra, señaló: “Sin duda. El señor Castillo no tiene arraigo laboral. Si bien era profesor, también era un dirigente sindical y no ejercía materialmente el profesorado. El tema de si mantiene o no la plaza es diferente al arraigo laboral. El señor no tiene un trabajo vigente. Tenerlo significaría que si saliera hoy de prisión, mañana se iría a trabajar. Pero no es su caso. Seguramente habrían informes, medidas y una serie de procedimientos para que eventualmente recupere la plaza”.
El abogado penalista Andy Carrión añadió que se trata “de todas maneras, de una estrategia que implementa para justificar arraigo laboral, que sí aporta en su defensa, pero el argumento más sólido que ha tenido la fiscalía para mantenerlo en prisión es el peligro de fuga”.
“¿Qué garantías ofrece Castillo que, si es que se lo libera, se someterá a las investigaciones? Hay que tener en cuenta que se dirigía a [la embajada de] México [luego de dar el golpe de Estado] y que su familia se encuentra en ese país. Incluso si demostrara arraigo laboral, existen algunos puntos sueltos que no justificarían que sea liberado. [...]
Recientemente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señaló que se mantiene el peligro de fuga en el caso de Castillo. Por ello decidió prolongar su prisión preventiva hasta diciembre del 2025.
Puntos de vista
Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), refirió que el proceso administrativo y el judicial podrían avanzar por separado, pero que respecto a la situación de Castillo entra a tallar también el factor político.
Por ello, indicó que el Poder Judicial debería de “acelerar” un pronunciamiento, lo cual también definiría la situación laboral de Castillo, pues recién una sentencia condenatoria significaría una destitución automática.
“El efecto de ese proceso judicial, o sea, esa sentencia o absolución va a tener su efecto en la vía administrativa. Por tanto, lo que debe suceder es avanzarse, acelerar diligencias y llegar a una situación de absolución o condena. [En caso de esta última] Ahí sí, de manera automática opera la destitución”, explicó.
En símil, el exministro de Educación Idel Vexler dijo a El Comercio que en tanto no haya sido sentenciado de manera firme, la situación de Castillo se mantiene suspendida, así el proceso judicial en su contra dure uno, dos o varios años.
Recién una vez que se haya emitido una condena —dijo— “la plaza automáticamente ya deja de estar reservada para este profesor” y debería ser “declarada desierta y cubierta por nombramiento”, mediante los concursos de la Carrera Pública Magisterial.
“Lo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer es apresurar la decisión correspondiente que a la vista es inexorable, que haga la sentencia judicial firme para proceder a adjudicar esa plaza a un profesor por nombramiento. Es una situación lamentable, pero así lo establece la Ley de Carrera Pública Magisterial”, puntualizó Vexler.
El prófugo Silva y el colaborador Pacheco
A diferencia de Castillo, distinta fue la suerte que corrió su hombre de confianza Juan Silva Villegas, exministro durante su gobierno y quien lleva más de dos años prófugo de la justicia. Antes de asumir como ministro, Silva tenía una plaza como director de un colegio en Puente Piedra.
En noviembre de 2023, la Autoridad Nacional del Servicio Civil rechazó un recurso —planteado por Silva desde la clandestinidad— y confirmó una decisión de la UGEL 04 que finalmente lo destituyó de la Carrera Pública Magisterial por abandono de cargo.
Previamente, en la vía administrativa ya se le había emitido dos sanciones por cese temporal en agosto y diciembre de 2022, respectivamente. Silva está prófugo desde el 7 de junio de 2022 y actualmente se presume que estaría refugiado en Venezuela.
“No se ha acreditado que el impugnante esté impedido de laborar debido a que esté cumpliendo, de manera efectiva, algún mandato de detención, se encuentre cumpliendo prisión preventiva o una condena penal. Así, de lo argumentando por el impugnante se aprecia que, si bien existe una disposición de prisión preventiva, también es cierto que esta no se está cumpliendo de manera efectiva, dado que el impugnante se encuentra en situación de clandestinidad”, se lee en la Resolución N°004062-2023, a la que accedió El Comercio.
Por su parte, el exsecretario general palaciego Bruno Pacheco, aún mantiene su plaza, luego que tras haber estado prófugo por casi cuatro meses se entregar a las autoridades en julio de 2022. Pacheco se desempeñaba como docente en un colegio de Chorrillo y, según confirmó El Comercio tiene una licencia sin goce de haber hasta el 31 de diciembre de 2024.
