El fiscal José Domingo Pérez recibe a El Comercio en su despacho, luego de participar en una audiencia virtual de varias horas de duración relacionada al caso de Keiko Fujimori. Entre los expedientes que ocupan buena parte de su despacho, el representante del Ministerio Público ratifica la postura de su institución y del equipo especial Lava Jato que integra: la de rechazo al proyecto en el Congreso que busca modificar la colaboración eficaz.
Entrevista Jose Domingo Perez
Pérez Gómez señala que las modificaciones a este mecanismo -que ha sido vital para investigaciones suyas como las de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Susana Villarán o el Metro de Lima- no solo afectarían el desarrollo de las indagaciones a Odebrecht y otras causas de corrupción, sino también a las de todo tipo de crimen organizado: narcotráfico, terrorismo, trata de personas, minería ilegal, extorsión y un largo etceterá.
¿Por qué ustedes, como fiscales del Equipo Lava Jato, se oponen a este proyecto de ley?
Este dictamen fue ya aprobado en el Congreso pasado y fue observado por el Ejecutivo. Fue proyecto de ley con el número 6623/2020, que fue aprobado por el Pleno, pasó al Ejecutivo y lo observó el 25 de julio del 2021. Cuando regresa, es archivado por este Congreso el 17 de agosto, es desarchivado el 18 de octubre, se le asigna el número 565/2021 y se lo acumula con otro proyecto. Estamos hablando de dos proyectos acumulados, pero que en buena cuenta es lo que ya el Ejecutivo había observado.
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Ese proyecto del Congreso anterior fue promovido por la bancada de Podemos Perú, cuyo líder [José Luna Gálvez] es justamente investigado por el Equipo Especial...
En efecto, es investigado y se habían solicitado algunas medidas restrictivas contra tal persona. Lo que se está viendo es una actualización de ese proyecto archivado. Ahora bien, ¿por qué señalamos que este proyecto afecta [la investigación] no solamente de corrupción sino en general toda actividad de organizaciones criminales? Porque establece plazos de corroboración de la información de la colaboración eficaz ciertamente muy cortos, que no son ni razonables ni proporcionales a investigaciones contra estructuras criminales complejas.
Se dice que los que estarían afectados serían las investigaciones del Equipo Especial. Pero no solamente va a afectar estas, sino toda investigación que se esté desarrollando bajo estructuras criminales. Las organizaciones criminales se deben entender como empresas de crimen que buscan tener un beneficio lucrativo y utilizan cualquier tipo de actividad: tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, extorsión, etc.
Toda investigación que tenga todo fiscal y que quiera utilizar la herramienta de la colaboración eficaz como instrumento para la averiguación de la verdad y desbaratar organizaciones criminales, se va a ver afectada.
¿Se puede entender entonces que si va afectar a ciertas investigaciones, va a beneficiar a quienes son investigados?
A quienes va a beneficiar es a quienes están siendo investigados, a quienes forman parte de estas estructuras criminales, a quienes tienen el crimen como herramienta para obtener lucro. Lo que se está generando es un espacio de impunidad.
Este es el dictamen aprobado para que pase al pleno del Congreso
Por lo que me dice, beneficiaría a mafias de corrupción, de narcotráfico...
Todo lo que sea actividad criminal organizada. Las organizaciones criminales van desde el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, la trata de personas, minería ilegal, corrupción de funcionarios, lavado de activos. Todas estas actividades, que son organizadas o llevadas a cabo por organizaciones criminales, se van a ver favorecidas. El debate público no tiene que estar centrado solo en que afecta las investigaciones del Equipo Especial, esto va a afectar toda la persecución penal contra organizaciones criminales.
¿Le sorprende que Gladys Echaíz, una ex fiscal de la Nación, sea una de las que impulse este proyecto como presidenta de la Comisión de Justicia?
No voy a emitir ningún juicio de valor respecto a la congresista Gladys Echaíz. Ella está desarrollando una labor política. Si bien es cierto, usted ha reconocido, que ella ha ejercido el máximo cargo en el Ministerio Público, lo cierto está en que este dictamen lo único que afecta es la investigación penal y, por ende, al Ministerio Público y sus fiscales.
El dictamen hace una mención al acuerdo con Odebrecht como un sustento para decir que las colaboraciones eficaces no funcionan como deberían. ¿Qué responde a eso?
Complemento lo que usted pregunta: es el único fundamento para modificar el proceso de colaboración eficaz. Lo que acá se está cuestionado es la información que las distintas fiscalías del equipo especial Lava Jato han obtenido a partir de la delación de la empresa Odebrecht y sus directivos. No se justifica con un informe técnico si ha habido alguna situación perjudicial para el sistema de justicia, no se señalan cifras respecto a una deficiencia en el procesamiento de casos de corrupción o lavado de activos, no hay datos respecto a que el proceso de colaboración no sea útil, lo único que hay es una consideración de que el proceso de colaboración con Odebrecht afecta a la administración de justicia porque la información fue entregada a cuentagotas. Esta es más una apreciación eminentemente política.
Además, las entidades del sistema de administración de justicia, hablamos del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Procuraduría ad hoc, se han opuesto a este dictamen de proyecto de ley. No solamente han ido a la comisión, sino que además lo han presentado por escrito. Y a pesar de que las entidades que tienen que trabajar con la colaboración eficaz han mostrado su rechazo a esta modificación, el Congreso, a través de esta comisión, decide aprobar este dictamen para que pase al pleno.
Menciona que se opone por el tema de los plazos, pero también hay una intención de sancionar a todo el que difunda el contenido de estas declaraciones, lo que podría a fiscales y a periodistas. ¿Qué opina de ese aspecto del proyecto?
Es una situación bastante peligrosa, porque se está tratando de criminalizar la libertad de expresión y de información que tienen los hombres de prensa. En ese supuesto, las personas y asociaciones ligadas a medios de prensa ya se han pronunciad. Lo que corresponde a la Fiscalía también es un peligro que se pueda aprobar. Lo digo porque se pretende establecer una responsabilidad en el fiscal si la prensa informa respecto a lo que se va conociendo en el proceso de colaboración eficaz (…) El antecedente de esta criminalización de la actuación del fiscal se encuentra en un proyecto de ley del excongresista [Héctor] Becerril, donde también señalaba, a manera de sanción disciplinaria, que la filtración de información o haber permitido que se filtre información a la prensa constituye una falta grave disciplinaria para el fiscal.
¿Le resulta llamativo que Perú Libre y Fuerza Popular, uno un partido investigado por lavado de activos y el otro ya acusado por este delito, se hayan unido para apoyar este proyecto?
No voy a entrar en consideraciones políticas. Pero yo siempre he señalado que no podemos ser ingenuos cuando se investiguen crímenes cometidos en organizaciones criminales. Es decir, las organizaciones criminales que se constituyen y se enquistan en aparatos institucionales, lo que van a buscar es el mantenimiento del negocio lucrativo criminal. Y a partir de ahí, lo que buscan es la impunidad de sus actos, que puede ser desde la interferencia en el sistema de administración de justicia, pero también en la modificación de las estructuras legales, de las reglas para procesar el delito. Y quien da esas normas es el Congreso.
El acuerdo con Odebrecht ya es una cosa juzgada, ¿pero le preocupa que la mención que se le hace en este proyecto pueda ser usado por los procesados por este caso?
Es que, si este proyecto se hace ley, el único fundamento es el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y sus directivos, que son colaboradores de la justicia peruana (…) La preocupación es que las reglas del proceso sean modificadas y, a puertas de un juzgamiento, probablemente nos veamos afectados respecto al caso que se está acusando.
¿La ciudadanía debe estar alerta ante estos intentos de cambios?
Lo importante es que los operadores de justicia informemos, que sean los medios los que den a conocer una problemática (…) Será la ciudadanía quien tomará conocimiento de lo que puede suceder en el Congreso en caso se apruebe este proyecto de ley y será la ciudadanía la que deba tener una apreciación sobre si se está afectando la lucha contra la criminalidad organizada a partir de la aprobación de este dictamen. La Fiscalía considera que sí.
El Gobierno ha acusado a la Fiscalía de ser parte de un supuesto plan en su contra. Incluso el abogado del presidente ha acusado al equipo especial de estar detrás. ¿Qué responden ante esto?
El equipo especial ha emitido un comunicado señalando que las investigaciones que se han dado a conocer respecto a aspectos actuales no corresponden al equipo especial (…) También se ha respaldado la labor del fiscal Rafael Vela, porque no solo es coordinador del equipo especial sino también del sistema de lavado de activos. Y podemos dar fe de su trabajo porque respeta la autonomía y la independencia de cada uno de los fiscales del equipo especial.
Comunicado al que hace referencia el fiscal
En este comunicado, ustedes llaman a la mesura de algunos representantes del mismo Ministerio Público. ¿A quiénes se refieren?
Públicamente lo he dicho en un medio de comunicación y esta va a ser la última oportunidad que lo haga. Estoy haciendo referencia al fiscal superior Omar Tello, coordinador del subsistema anticorrupción, quien no ha tenido la conducta adecuada para expresar sus descargos respecto a la información que aparentemente lo estaría involucrando.
Entendemos que todo fiscal está sometido al control, a la crítica, pero no puede ningún fiscal y menos con el cargo que él desempeña, salir a atacar y cuestionar la actuación que están realizando otros fiscales, me refiero expresamente a los fiscales de lavado de activos. Si ellos están realizando una actuación a partir de la herramienta de la colaboración eficaz, lo único que estaría demostrando estas manifestaciones del fiscal Omar Tello [es] que hay un problema en el proceso y estaría dando resonancia a quienes quieren modificar la colaboración eficaz.
¿Ratifican ustedes su respaldo al fiscal Rafael Vela?
No solo me ratifico, sino que es la posición de todos los fiscales del equipo especial. Él respeta la autonomía, la independencia de todos los fiscales provinciales. No nos manda directivas para que le estemos informando, no nos manda oficios para que estemos dando a conocer todas actuaciones, no nos manda memorandos para que le estemos dando cuenta de las diligencias. El fiscal Rafael Vela, desde que se ha constituido el equipo especial, ha respetado el criterio y las actuaciones que tienen cada fiscal.
En el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, han pedido adelantar las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, que iban a ser en el juicio, para la actual etapa de control de acusación. ¿Cuál es la justificación?
A mí lo que me preocupa es el fundamento de la página 23, el único del dictamen para modificar la colaboración eficaz. Responsabilizar al caso Odebrecht para modificar al proceso lo que me indica es que mañana modifican artículos del código procesal y con ello, probablemente, la presentación en juicio de los arrepentidos, de quienes se han sometido a colaboración eficaz, no va a ser viable. Entonces me tengo que adelantar y solicitar a un juez lo que establece la norma (…) No habría por qué negarse.
¿Cómo avanza el control de acusación (fase previa al juicio) del caso de Keiko Fujimori?
Son jornadas bastante largas. Hemos acabado con la presentación de la primera parte de la acusación, la semana siguiente (esta) vamos a escuchar a las defensas plantear sus cuestiones de forma y luego va a venir el debate respecto a aspectos de forma. Si vamos con este ritmo, espero que se concluya la etapa de control de acusación este primer semestre del año, a más tardar en el segundo, e iniciar el juzgamiento al finalizar este año. Esa es la expectativa.
Ya inició el juicio del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso de los aportes de Odebrecht. ¿El resultado de está será clave para otros procesos similares como el de Keiko Fujimori?
Va a marcar un antecedente, va a fijar los criterios de valoración respecto a la prueba. No necesariamente va a vincular al juicio oral próximo en el caso de Keiko Fujimori, pero puede ser un antecedente que se puede tomar en cuenta. Por eso es muy importante que en este retorno a la presencialidad las audiencias en estos casos emblemáticos ya sean presenciales, porque el juez va a poder valorar cuando el testigo declare (…) Ya la fiscalía coordinadora que jefatura el fiscal Rafael Vela lo ha solicitado.
Usted tiene dos investigaciones cuyos plazos de vencen este año: el de Susana Villarán y el del Pedro Pablo Kuczynski. En el caso del expresidente, ¿cuánto falta para cerrar la indagación?
Este caso, en el plazo ordinario, está por vencer. Estamos corriendo para que concluya la actividad pericial, que ha sido bastante compleja y difícil. Hemos tenido defensas que han ejercido sus recursos, en algunos casos, con el objeto de dilatar la actividad pericial (…) Pero como sucedió en el caso de Keiko Fujimori, estamos a la expectativa de que la actividad pericial concluya.
¿Son las pericias las que demoran que estas investigaciones concluyan y que se acuse?
Es que estamos hablando de aspectos financieros, contables, bancarias: el soborno, el pago ilícito, el ocultamiento del dinero. Entonces, tenemos que tener una respuesta de los especialistas, de los técnicos, que son los peritos, y si la Fiscalía no los tiene o si ha habido problemas en la oficina de peritajes del Ministerio Público, pues nos lleva a este resultado.
El resultado es que han pasado los meses, han pasado los años y no concluye la actividad pericial. Si usted me pregunta si soy el responsable, seguramente le voy a tener que asumir la responsabilidad. Pero si me pregunta si soy el único responsable, le tengo que decir que no soy el titular de la entidad, que corresponde a la figura de la Fiscalía de la Nación, pero también a una parte administrativa (…) Si el Congreso está con la intención de mejor la administración de justicia, en lugar de perjudicar el proceso penal a través de la modificatoria de la colaboración eficaz, lo que tendría que hacer es que se puedan otorgar los presupuestos adicionales para que la fiscalía pueda contar con los recursos que sean necesarios.
En el caso de la señora Villarán, obtuvieron una ampliación del plazo de investigación...
Mínima es la prórroga, porque ya estamos en la absolución de la pericia y entendemos que unos meses ya tiene que concluir. Este caso definitivamente se cierra en los próximos meses (…) Es el primer caso que se va a concluir y luego vendría el caso de Pedro Pablo Kuczynski y las demás investigaciones que tiene este despacho.
Usted ha sido una de las figuras afectadas por las actividades del grupo denominado ‘La Resistencia’. ¿Cree que ellos deben ser investigados como una organización criminal?
Hay que partir por una estructura de investigación: que estas estructuras están siendo financiadas. Son grupos que buscan generar terror, amedrentar, a quienes están desempañando cualquier cargo social, desde la función pública, la prensa y otra labor de importancia. Lo que buscan es, en el caso de la fiscalía, que no puedan cumplir su desempeño regularmente. No puedo salir yo a los exteriores sin acompañamiento policial, porque puedo ser víctima de alguna agresión, como ya ha sucedido. Es una situación cierta.
Parte de la investigación implica indagar quiénes están detrás, quienes están financiando estas actividades y así se podrá determinar cuáles son los objetivos que se han trazado estas organizaciones, que están utilizando distintos nombres (…) Tengo entendido de que ya se están iniciando las investigaciones. Yo he sido citado para este viernes a las 10 de la mañana, en el Cuarto Despacho de la Fiscalía de Crimen Organizado, para dar mi testimonio. Esperamos que la fiscalía pueda identificar no solo quienes están en los actos materiales, sino quienes están detrás.
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