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“Usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones”, respondió en agosto entonces primer ministro Guido Bellido a un periodista que le preguntaba por los nombramientos de personas allegadas a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en el gobierno. Y es que, desde que inició la gestión castillista, la designación de funcionarios relacionadas al partido del lápiz ha generado controversia, principalmente porque –en muchos casos– no cumplían con los requisitos que los cargos requieren.
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En noviembre del año pasado, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio reveló que 24 personas que militan en Perú Libre fueron contratadas por este gobierno en distintos sectores, ya sea como altos funcionarios o en cargos menores de la planilla del Ejecutivo. Según las últimas planillas disponibles en el portal de transparencia del Gobierno –las más recientes, de enero–, la cifra se ha más que duplicado en los últimos meses: son 52 los militantes del partido del lápiz que empezaron a laborar en el Ejecutivo desde que Pedro Castillo asumió la presidencia.
El sector que más miembros de Perú Libre ha incorporado en su planilla es Interior. De los 27 designados, seis son prefectos regionales y 21 son subprefectos. Como relatamos en este Diario, fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros han señalado que el partido del lápiz tiene un interés particular en la cartera del Interior, especialmente en relación a la Dirección General del Gobierno Interior (DGIN), entidad encargada de designar o remover a los más de 20 prefectos regionales y alrededor de 1700 subprefectos provinciales y distritales. Ello, debido a que los funcionarios podrían servir como una red clientelar en el interior del país con miras a la campaña por la asamblea constituyente y las elecciones subnacionales del 2022.
El siguiente ministerio que más contrató a afiliados de Perú Libre es el de Salud. Son 15 militantes en total, de los cuales la mayoría ostentan el cargo de técnico en enfermería o medicina.
Entre los funcionarios contratados hay, también, excandidatos al Congreso del partido del lápiz. Es el caso de Eibert Sotomayor, quien postuló sin éxito por Cusco en las últimas elecciones. Sotomayor fue designado director general de Gestión Territorial del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
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Pese a que no aparecen en las últimas planillas disponibles por haber sido nombrados luego, actualmente hay dos ministros de Estado afiliados al partido de gobierno. Se trata de Hernán Condori (Salud) y Carlos Palacios (Energía y Minas). Ambos son reconocidos como la cuota ‘cerronista’ del gabinete ministerial que preside Aníbal Torres. Vladimir Cerrón ha defendido sus designaciones pese a los cuestionamientos.
Por otro lado, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó las últimas planillas disponibles en los distintos ministerios y constató que 22 personas afiliadas a Juntos por el Perú, partido aliado del gobierno, fueron contratadas durante la gestión de Pedro Castillo. En octubre, la cifra era de 16. Uno de ellos, como ya se conoce, es Roberto Sánchez, congresista por dicha organización política, quien está a la cabeza del ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Al igual que en el caso de Perú Libre, los dos sectores con más trabajadores de Juntos por el Perú son Interior (8) y Salud (7).
Calidad y no cantidad
Para el politólogo Mauricio Zavaleta, la contratación de cuadros del partido de gobierno no es un problema, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que se necesitan para ejercer el cargo, algo que no se ha cumplido en muchas de las designaciones hechas en la actual gestión.
“En términos generales (la contratación de militantes) no sería problemática en sí misma. De hecho, cuando un partido gana las elecciones, es lógico que traiga a sus cuadros. El problema que se ha visto en muchos casos con Perú Libre es que sus cuadros no están capacitados. En muchos casos se trata de gente cuyo mérito más grande es la afiliación a Perú Libre y no una trayectoria profesional destacada y proba”, sostiene.
Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, coincdide. “En principio, que haya cuadros partidarios no es una mala noticia. El problema es si no son idóneos”, dice. Según Lanegra, en gestiones anteriores –como la del APRA y el primer gobierno de Acción Popular– existió un número similar de militantes en cargos del Ejecutivo. “Eran verdaderamente organizaciones partidarias, había una enorme presión porque personas de esos partidos accedan a esas posiciones”, asegura.
Zavaleta explica que la falta de cuadros idóneos responde, en parte, a la debilidad de los partidos políticos en el país.
Por otro lado, Lanegra precisa que pueden existir personas vinculadas a un partido que no necesariamente están afiliadas a este. “Hay un sector grande de personas que no están en este registro y pueden estar vinculadas”, señala. Es el caso, por ejemplo, de los exministros Luis Barranzuela (Interior) y Eduardo González Toro, ambos cercanos a Vladimir Cerrón que no militan formalmente en la organización.
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