Pedro Castillo observa ley que transparenta antecedentes de ministros y establece impedimentos a acusados por terrorismo

El presidente Pedro Castillo observó esta semana la autógrafa de una ley aprobada por el Congreso que obliga al Ejecutivo a informar sobre los antecedentes fiscales, judiciales y administrativos de las personas que sean nombradas como ministros.

Mediante modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la norma también prohíbe que sean nombradas como primer ministro, ministro de Defensa, ministro del Interior, o como viceministro en esos sectores, personas con una acusación fiscal o en medio de un juicio por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.

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La norma plantea que la resolución en la que se nombre a un ministro debe tener anexada su declaración jurada. Allí se debe detallar que cumple los requisitos para el puesto e informar sobre “las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice”. También sobre el estado de esos procesos y si han concluido, sus sentencias o resoluciones.

Esta fue fue la autógrafa de ley aprobada por el Congreso

Según la autógrafa, esta declaración debe ser informada al presidente y al primer ministro antes de su nombramiento, y este último es responsable de verificar su contenido e informar al Congreso en un plazo máximo de cinco días.

Además, se busca incluir en la Ley Orgánica del Ejecutivo la prohibición de que sentenciados en primera instancia sean ministros, la cual ya está en la Constitución desde el 2020 para todos los funcionarios designados en cargos de confianza.

Observaciones

La autógrafa fue aprobada en segunda votación por el pleno del Parlamento el pasado 13 de enero. El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, solicitó una reconsideración de esa segunda votación, la cual fue desestimada el 2 de febrero. El 8 de ese mes, la autógrafa se remitió al Gobierno.

Observación hecha por el Ejecutivo

La observación del Ejecutivo, también suscrita por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se remitió al Legislativo el 1 de marzo. Allí se alega que con la norma se busca establecer requisitos no previstos en la Constitución. Asimismo, el Ejecutivo se opone a la obligación de informar sobre los antecedentes.

El Gobierno argumenta que los únicos procedimientos en la Constitución posteriores al nombramiento de un ministro son la cuestión de confianza, la interpelación y la censura, y que los únicos actos de los que el Ejecutivo da cuenta al Legislativo son los tratados, el proyecto de ley de presupuesto, los nombramientos de embajadores y los decretos de urgencia.

Por eso, consideran que el punto sobre el deber de informar del primer ministro al Congreso desborda “los parámetros de constitucionalidad”. Del mismo modo, el Ejecutivo dice que la ley aprobada por el Parlamento afecta la presunción de inocencia.

Opiniones

Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia, opinó que la ley era razonable y que iba a impedir que el Ejecutivo alegue que desconocía los antecedentes de sus ministros. Además, consideró que la prohibición para acusados por terrorismo y narcotráfico en tres sectores claves puede entenderse desde la intención de evitar un conflicto de intereses.

Mayen Ugarte, especialista en gestión pública, coincidió con la razonabilidad de la propuesta, pero señaló que es cuestionable el establecer estas prohibiciones mediante una ley en lugar de a través de una reforma constitucional. Por otro lado, criticó la oposición del Ejecutivo a informar sobre los antecedentes de los ministros.

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, dijo a El Comercio que la ley debería ser aprobada por insistencia. Los parlamentarios Karol Paredes (Acción Popular) y Diego Bazán dieron opiniones similares en diálogo con RPP.

La norma fue aprobada en segunda votación con 75 votos a favor y 43. Los apoyos vinieron de las bancadas de Fuerza Popular (23), Acción Popular (14), Alianza Para el Progreso (13), Renovación Popular (9), Avanza País (8), Podemos Perú (3), Perú Libre (1) y de los tres legisladores no agrupados del Partido Morado. Se opusieron Perú Libre (29), Perú Democrático (5), Somos Perú (5) y Juntos por el Perú (4).

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