La ex primera dama Nadine Heredia afrontará el proceso por el Caso Gasoducto del Sur (GSP) bajo detención domiciliaria, pues la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial (PJ) desestimó el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses.
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Esta medida se extenderá por 24 meses y deberá ejecutarse en el inmueble ubicado en la urbanización Chama, distrito de Santiago de Surco, previa verificación que realice la PNP, según la resolución.
Asimismo, el documento indica que la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú (Divsepen) debe ser oficiada para la realización del procedimiento respectivo y para que emita correspondientemente informe en el término de 24 horas bajo responsabilidad funcional.
De otro lado, Nadine Heredia estará prohibida de comunicarse con los coimputados comprendidos en el proceso, no podrá realizar reuniones sociales en su inmueble y deberá pagar una caución económica de S/50 mil.
La esposa del expresidente Ollanta Humala Tasso es investigada por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado Peruano, por presuntamente haber intervenido en la licitación del proyecto Gasoducto del Sur Peruano (GSP) a la constructora Odebrecht y la devolución de una carta fianza por el proyecto Kuntur a la misma empresa brasileña por USD$66 millones.
Hace poco, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también abrió una investigación preliminar contra Humala Tasso por su presunta participación irregular en la licitación del GSP.
En esta investigación también están comprendidos el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, y el exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga.
Al respecto, el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castilla, y les impuso comparecencia con restricciones.
Las pesquisas contra Heredia
Durante varias sesiones el tribunal escuchó los alegatos del Ministerio Público a través del coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, quien sostuvo que existían elementos suficientes dentro de la investigación para dictar la medida de prisión preventiva.
Vela Barba había cuestionado la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien rechazó el requerimiento en primera instancia al considerar que las declaraciones de los colaboradores eficaces en el caso contra Heredia Alarcón no habían sido corroborados. Además, cuestionó que el magistrado haya considerado que los elementos de convicción aportados no eran suficientes para generar convicción de sospecha grave y fundada; descartando, además, el peligro de obstaculización y fuga.
Para Vela, el beneficio a la empresa brasileña con el proyecto GSP por parte de Heredia, era parte de una cuerdo a cambio del aporte económico que la expareja presidencial habría recibido durante su campaña electoral del 2011 de Odebrecht.
Como se conoce, Humala y Heredia también son investigados por el delito de lavado de activos debido a una presunta recepción de US$3 millones de la empresa brasileña para la campaña electoral cuando Humala fue electo presidente por el Partido Nacionalista Peruano.
Por ello, Vela explicó que Humala y Heredia habrían realizado los actos ilícitos enmarcados en una estructura criminal que buscó llegar al poder para favorecerse.
En las audiencias previas, la defensa de Castilla y Mayorga también negaron cualquier participación irregular por parte de sus patrocinados pues aseveraron que no habían elementos de sospecha grave y que tenían arraigo laboral y domiciliario.
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