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El Gobierno envió al Congreso este viernes 18 de mayo un proyecto de ley que, de ser aprobado, modificaría algunos aspectos de los procesos penales ante casos de terrorismo.
A continuación, analizamos en cinco claves la iniciativa del Ejecutivo, planteada en un momento en que hay cabecillas terroristas, como Osmán Morote y Margot Liendo, que están siendo sometidos a juicios bajo regímenes de arresto domiciliario.
1. Prolongar prisión preventiva
La iniciativa señala que, en casos de terrorismo, el plazo de prisión preventiva podrá ampliarse hasta por 36 meses adicionales si es que se cumplen tres circunstancias: si la pena posible es de más de 25 años de cárcel, si el procesado es líder o cabecilla de una organización terrorista, y si el daño del delito es de alcance nacional.
2. Cambios en el juicio
Una vez iniciado el juicio, se llevarán a cabo audiencias privadas y consecutivas hasta su conclusión. Si es que se cumplen las tres condiciones arriba mencionadas, no se podrá suspender audiencias por más de dos días en un proceso por terrorismo.
3. Impedimento de salida y reparación civil
El proyecto plantea un impedimento de salida del país para procesados por delitos de terrorismo que no caducará sino hasta que se cumpla la condena y pague toda su reparación civil. Es decir, no se podrá considerar "rehabilitado" a un terrorista hasta que cancele el íntegro de la suma.
4. Justificación del Ejecutivo
El Gobierno considera que este proyecto debe ser aprobado para fortalecer las facultades de la investigación fiscal y sanción penal, todo como parte de la política anti-terrorista que ha asumido el Ejecutivo. También destacan la necesidad de garantizar un rápido procesamiento penal ante delitos de terrorismo. Incluso señalan que es obligatorio garantizar la presencia del imputado y la trascendencia de una reparación civil de un condenado por este delito al considerara una "deuda social".
5. ¿Es viable?
El Comercio consultó al penalista Mario Amoretti, quien precisó que, de aprobarse un proyecto de ley de este tipo, podría aplicarse sobre personas que ya están siendo procesadas por delitos de terrorismo, así como ante juicios nuevos.
Sin embargo, consideró necesario que el Ejecutivo especifique cómo y por qué se debe diferenciar a cabecillas terroristas de otros líderes de organizaciones criminales. "Actualmente ya se consideran prisiones preventivas hasta por 36 meses en casos de crimen organizado", recordó Amoretti.
Donde fue más crítico fue ante la propuesta de no considerar rehabilitado a un procesado por terrorismo hasta que pague toda su reparación civil. "Es inconstitucional. No podemos distinguir así y violar la igualdad ante la ley. ¿Un corrupto, un homicida, un feminicida, un narcotraficante sí puede irse del país sin pagar su reparación civil? No podemos hacer distinciones así", comentó.
